La Otra Voz Digital Directora Marta César
Un equipo de 43 mujeres de las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Formosa se puso a observar cómo es la aplicación de políticas públicas de salud sexual y reproductiva. Un proyecto que colabora en la mejora de la atención a las mujeres, favorece el acceso a los derechos y promueve otras formas de investigación y de participación política y social.
El año pasado, grupos de mujeres de tres provincias diferentes se sumaron a un desafío: observar cómo es la aplicación de políticas públicas de salud sexual y reproductiva. ¿Cómo es la calidad de la atención y la infraestructura de los servicios? ¿Se accede a métodos anticonceptivos? ¿Y a los abortos no punibles? ¿Las mujeres que consultan en estos lugares conocen sus derechos? ¿Y lxs profesionales que las atienden? ¿Y quiénes diseñan e implementan las políticas públicas?
Estas preguntas y otras buscaron responder un equipo de 43 mujeres, de las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Formosa, quienes, convocadas por las organizaciones FUSA y Católicas por el Derecho a Decidir, llevaron adelante el monitoreo social, en el marco del proyecto “Ampliando el ejercicio de Derechos: acceso a la interrupción legal del embarazo en Argentina”. Este proyecto, que retoma la tradición de monitoreos del antiguo CONDERS, es parte de una iniciativa regional latinoamericana, que tiene entre sus objetivos promover la evaluación activa por parte de grupos de mujeres, sobre el acceso a los abortos no punibles y las políticas de salud sexual y reproductiva.
Para llevarlo a cabo, en primer lugar, los equipos de FUSA y CDD elaboraron una línea de base para construir el estado de situación del aborto no punible en las tres provincias. Luego, invitaron a mujeres de diferentes organizaciones y grupos de cada provincia a participar, y las capacitaron para que puedan realizar las 98 entrevistas a mujeres usuarias de servicios de salud, y 45 observaciones no participantes, en 31 servicios de salud. Además, se hicieron 12 entrevistas a tomadores de decisiones de niveles ministeriales, municipales y de servicios de salud y 4 grupos focales con las monitoras; esto último se utilizó para evaluar las herramientas utilizadas y mejorarlas, en un proceso de investigación-acción participativo. El proceso finalizó con un encuentro entre todas las participantes del proyecto en diciembre pasado.
Tras este arduo trabajo en 2015, los resultados del monitoreo se empezaron a divulgar, con diferentes repercusiones. El 26 de mayo, en la Universidad Nacional del Sur, en la ciudad de Bahía Blanca (uno de los puntos elegidos para la realización del proyecto), se compartieron con efectoras y coordinadoras de servicios de atención primaria de la salud, y luego con representantes de organizaciones sociales, estudiantiles, feministas y personas interesadas en la temática. En ambas instancias, se produjeron interesantes y valiosos intercambios que generaron nuevas propuestas. Además, los materiales del monitoreo se entregaron a las autoridades de la Secretaría de Salud del Municipio y a concejales de la Comisión de Salud, quienes se comprometieron a leer e informarse sobre este trabajo con el que se busca no sólo dar a conocer cómo se atienden a las mujeres en los servicios de salud, sino también tener una incidencia en las políticas públicas.
Ese mismo día, en Córdoba, se presentaron los resultados a organizaciones sociales, lo que tuvo un fuerte impacto debido al contexto restrictivo legalmente desde que una organización antiderechos, el Portal de Belén, presentó un amparo en la justicia para suspender la aplicación del protocolo de ANP. Dos días después, estos mismos informes fueron escuchados por concejales y diputados/as provinciales para que también los representantes del pueblo cordobés estén al tanto de lo que sucede cotidianamente en los servicios de salud y generen nuevas políticas públicas de acceso a los derechos sexuales y reproductivos. En Córdoba, el mayor obstáculo para la aplicación de los ANP son los llamados “objetores de conciencia”, quienes niegan la atención a las mujeres sin derivar a otros efectores e imponiendo su propia “moral”.
Gran Buenos Aires y Formosa
El próximo jueves 9 de junio, a las 17, en El Transformador (Caseros 200, Haedo, provincia de Buenos Aires), se hará la presentación de los resultados del monitoreo del partido de Morón. Hasta el año pasado, este municipio se caracterizó por ser uno de los pocos en el país con una clara política para garantizar el acceso a las interrupciones legales del embarazo. Iniciada como una práctica de las trabajadoras de la salud que comenzaron haciendo consejerías pre y post aborto, esta política fue afianzándose poco a poco y logró llevar a este municipio a reducir a cero la morbimortalidad por causas de aborto. La calidad y calidez de la atención de las/os profesionales, la decisión política municipal (hasta 2015) de comprar la medicación para los abortos legales y la difusión y folletería sobre salud sexual y reproductiva, se vieron reflejados entre los resultados del monitoreo, así como también la necesidad de contar con más profesionales en los CAPS, mayor capacitación a personal del hospital y sanciones a quienes obstaculizan los ANP y maltratan a las mujeres.
Sin embargo, de estos resultados no quiere darse por enterada la nueva gestión municipal del PRO-Cambiemos, que aún no ha dado respuesta al pedido de reunión de FUSA y el equipo de monitoreantes de la zona, así como tampoco a los pedidos de otras organizaciones feministas, que están preocupadas por el desmantelamiento de las políticas de salud sexual y reproductiva por parte del intendente Ramiro Tagliaferro y su gabinete.
Diferente es el panorama en la provincia de Formosa. Habitualmente olvidada por el centralismo porteño, las mujeres formoseñas encuentran en la atención de la salud tan poco presupuesto y políticas públicas como en muchas otras áreas estatales. Sin embargo, su entusiasmo se multiplica a montones en cuanto al interés y la participación en el proyecto. Esta ha sido la provincia con más monitoreantes, porque la posibilidad de realizar esta tarea convocó a más mujeres de las que se esperaban.
Aquí el monitoreo se realizó tanto en Formosa capital, como en pequeños pueblos alejados, con poco acceso debido a los caminos de tierra y barro por los que se debía atravesar. Se halló que hay poquísimo conocimiento y acceso a métodos anticonceptivos y que la mayoría de los profesionales y decisores tienen poca capacitación, así como tampoco existe un protocolo provincial de atención de abortos no punibles. Además, la discriminación a las mujeres wichis y de otras comunidades originarias es, lamentablemente, muy común. A fin de mes, se hará la presentación de estos resultados a las organizaciones sociales, efectorxs de salud y autoridades provinciales que se han mostrado abiertas al diálogo para poder mejorar la situación actual en el acceso a los derechos sexuales y reproductivos.
En la segunda parte del año, se realizarán capacitaciones a profesionales de la salud y nuevas monitoreantes en las tres provincias, con el fin de que efectivamente este proyecto colabore en la mejora de la atención en servicios de salud sexual y reproductiva para favorecer el acceso a los derechos de las mujeres y promover otras formas de investigación colectiva y de participación política y social.
Imagen : taringa.net
