La Otra Voz Digital Directora Marta César
La Corte Suprema de Justicia acaba de restablecer los límites a la compra de tierras por parte de los extranjeros. Tan sólo 10 días después de que el máximo tribunal decidiera poner en vigencia el artículo 154 del DNU 70/23, que derogaba la ley del kirchnerismo, en una reunión de urgencia convocada a primera hora de este viernes, dictó una medida cautelar “interina” que vuelve a dejarla operativa.
Es una decisión que dividió votos al interior del órgano de Justicia, y llega luego de una enorme presión social desatada por la decisión de la semana pasada. Ante la sesión convocada en Diputados y la inminente posibilidad de que todo el DNU 70/23 cayera en el Congreso, la Corte Suprema respalda al gobierno y evita el mal mayor.
A partir de ahora, y hasta tanto se expida un juzgado de Bariloche, la Ley de Tierras vuelve a estar vigente.
El pasado 29 de septiembre, con el voto unánime de sus miembros, el máximo tribunal había decidido revocar el fallo de la Cámara Federal de La Plata que había declarado la inconstitucionalidad del artículo que derogaba la Ley de Tierras. Sin resolver de fondo sobre ese tema, rechazó la demanda del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) por falta de legitimación -ya que citaba la defensa de la “soberanía nacional”- y por ausencia de un “caso o controversia”.
Con un claro nerviosismo de Casa Rosada, ante la posibilidad de que caiga un decreto que actúa como paraguas para varias normas, el tribunal se reunió de emergencia a primera hora de este viernes y, echando mano a otra presentación judicial, optó por reponer la derogada Ley de Tierras.
Según explicaron en su fallo, que contó con el aval de Rosatti, Lorenzetti y dos conjueces, y el voto en disidencia de Rosenkrantz, la Corte dictó una cautelar “interina” que repone la suspensión del artículo 154 del DNU y, por ende, frena una vez más la derogación de la ley sancionada por el kirchnerismo en 2011.
En realidad, es una respuesta al planteo conjunto de la asociación ambientalista Árbol de Pie, dos comunidades indígenas y la legisladora rionegrina Magdalena Odarda, que solicitaron al máximo tribunal pronunciarse sobre amparo colectivo presentado por ellos.
