Estatales y organizaciones sociales marchan a la Corte Suprema contra el fallo que reactivó la derogación de la Ley de Tierras.
Los magistrados desestimaron el reclamo que el CECIM había presentado contra el artículo 154 del llamado “Mega DNU” (70/2023), que en diciembre de 2023 derogó la Ley 26.737, vigente desde 2011, y eliminó los límites para la adquisición de tierras rurales por parte de personas y empresas extranjeras.
El conflicto judicial comenzó con un amparo presentado por los excombatientes platenses ante la Justicia Federal, en el que cuestionaron la eliminación del régimen mediante el decreto presidencial. A partir de ese planteo, la Cámara Federal de La Plata declaró inconstitucional el artículo 154 y mantuvo sin efecto la derogación de la Ley de Tierras, una decisión que finalmente llegó hasta la Corte Suprema.
En los últimos días, la Corte Suprema terminó por revertir ese pronunciamiento al considerar que el CECIM no tenía legitimación para impulsar la acción colectiva en esos términos, por lo que volvió a quedar vigente el artículo del DNU que eliminó las restricciones. Sin embargo, el máximo tribunal no resolvió si la derogación de la Ley de Tierras resulta constitucional, sino que limitó su fallo a una cuestión procesal vinculada con quién estaba habilitado para promover el reclamo.
Diputados bonaerenses de distintos espacios políticos salieron en bloque a repudiar el fallo de la Corte Suprema de Justicia por la Ley de Tierras.
Diputados bonaerenses de distintos espacios políticos salieron en bloque a repudiar el fallo de la Corte Suprema de Justicia por la Ley de Tierras.
Tras las repercusiones políticas y sociales que generó la resolución, Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti difundieron una aclaración pública para precisar el alcance del fallo. “La Corte se expedirá sobre las normas jurídicas conocidas como ley de tierras cuando lleguen esos reclamos, lo que no ha ocurrido hasta el momento”, señalaron los integrantes del máximo tribunal.
En esa línea, los supremos remarcaron que la sentencia no impide que otras personas u organizaciones recurran a la Justicia para cuestionar la derogación dispuesta por el decreto de Javier Milei, por lo que nuevos planteos podrían llegar a la Corte y abrir una discusión sobre la cuestión de fondo.
La Otra Voz Digital Directora Marta César