La memoria no entiende de olvido

“Ricardito”, el hijo del genocida Antonio Domingo Bussi, propuso un monumento para la reconciliación nacional. El proyecto representa la negación de delitos sexuales, torturas, secuestros, desapariciones y asesinatos cometidos durante los años negros de Tucumán. Justo en el momento en el que son juzgados 20 represores en la causa de Operativo Independencia.

“En Tucumán, los desaparecidos fueron muertos de guerra. Muertos por las armas de la patria o por las mismas gavillas y bandas que fusilaban a sus desertores y cobardes. (…) Sabe que los salvé de estar bajo el dominio de la hoz y el martillo. Gracias a mí, usted puede estar interrogándome sin que una bandera roja flamee sobre su cabeza”.
Declaraciones de Antonio Bussi a la Revista “Gente”, 22 de Diciembre de 1994.

Antonio Domingo Bussi fue un represor con una activa participación en Tucumán. Reemplazo a Acdel Vilas en diciembre de 1975 al frente del Operativo Independencia, considerado el ensayo del Terrorismo de Estado que luego se extendería a todo el país. Siguió, después del golpe militar del 24 de marzo de 1976, como interventor militar al frente de la provincia hasta diciembre de 1977. Más tarde, con la vuelta de la institucionalidad democrática, sería beneficiado por la ley de Punto Final promulgada por Raúl Alfonsín. Allí comenzó su carrera política, que lo llevó a ser electo 8 veces a través del sufragio. Sin embargo, su destino fue morir en cárcel domiciliaria, con sentencia firme de la Corte Suprema de Justicia por delitos de lesa humanidad, dado de baja por el Ejército por represor y habiendo sufrido  una grave amonestación de las Fuerzas Armadas en 1998 por corrupto.

Pasó a la historia como genocida pero también como el hombre que lloró al confesar que había mentido al omitir en su declaración de 1993 –al asumir como diputado nacional- que tenía una cuenta en Suiza. “Se trató de una omisión sin intencionalidad”, aseguró en aquél momento y dijo que el dinero era producto de “becas otorgadas por el Ejército y el gobierno de los Estados Unidos”. Repitió sus lágrimas al defender sus crímenes contra el pueblo argentino en el juicio por el asesinato del ex senador provincial, Guillermo Vargas Aignasse.

Bajo sus años de interventor militar, se calcula que fueron más de 1500 los asesinados y desaparecidos. Entre ellos, el ex vicegobernador, Dardo Molina, el abogado de presos políticos y defensor de Derechos Humanos, Ángel Pisarello, el dirigente de ATEP, Isauro Arancibia, más de 100 delegados de la FOTIA, dos periodistas, estudiantes, gremialistas, jóvenes.

Cuando murió en noviembre del 2011, Página/12 recordó  que Bussi “cada quince días, llegaba por la noche al Arsenal Miguel de Azcuénaga. Los detenidos estaban atados con cables, los ojos vendados y de rodillas frente a un pozo recién excavado. Se hacía presente con su uniforme de campaña y con el casco debajo del brazo. Daba la orden de disparar al mismo tiempo que apretaba él mismo el gatillo a pocos centímetros de la nuca de la primera víctima. Así murió Ana Cristina Corral, de 16 años, que había sido secuestrada en su casa de San Miguel de Tucumán”.

Este breve recorrido por el prontuario del genocida Bussi sirve de disparador para analizar la propuesta de su hijo, el pichón de represor, Ricardo Bussi. “Ricardito”, diminutivo popularizado para marcarle su lugar de inferioridad permanente, nació en Estados Unidos en abril del ’64. Desde 1997, cuando fue electo Diputado Nacional, no dejó de ocupar nunca un cargo público. No tuvo vergüenza en reclamar ‘institucionalidad’ mientras era candidato ya siendo funcionario público. Fue reiteradas veces doble candidato: a gobernador y legislador en 2007 y 2011 y a gobernador y concejal en 2015. En su última elección, alcanzó apenas poco más de 23 mil votos. Un 3% del total de votos.

Se desconoce algún proyecto que haya apuntado a mejorar la calidad de vida de los tucumanos. En cambio, siempre ha demostrado un oportunismo escandaloso –por ejemplo, cuando empapeló este año la ciudad reclamando ‘boleto estudiantil’ a pesar de que su partido Fuerza Republicana siempre votó a favor del aumento del boleto urbano en el Concejo Deliberante que solo benefició a empresarios-.

Su principal misión como funcionario público fue justificar el accionar de su padre durante los años del Terrorismo de Estado. Eso no le ha impedido abrazarse con el actual gobernador del Frente para la Victoria Juan Manzur o compartir espacios con Gerónimo Vargas Aignasse, hijo del ex senador provincial desaparecido.

Ricardito presentó en el Concejo Deliberante un proyecto para la creación de un monumento para la Reconciliación Nacional justo en el momento en el que se está desarrollando el juicio por los delitos de lesa humanidad cometidos durante el Operativo Independencia. Una causa por 270 víctimas, donde hay 20 imputados y otros 20 a la espera de que la Justicia confirme su procesamiento. Hijos Tucumán consideró el proyecto como una ‘apología de delitos’ y planteó que “mientras los desaparecidos no sean todos identificados, mientras los bebés robados no recuperen su identidad, mientras no se juzgue y condene al último de los responsables y beneficiados, no hay posibilidad de reconciliación ni de perdón”.

El pichón de genocida propone reconciliar, unir a la sociedad negando los delitos aberrantes cometidos durante el Operativo Independencia y la dictadura cívico-militar. Propone que la memoria olvide, que la justicia no juzgue y que los desaparecidos sean nuevamente desaparecidos. Propone reivindicar como gesta histórica delitos sexuales, torturas, secuestros, asesinatos. Propone que esos cuerpos enterrados en el Pozo de Vargas y en otras incontables fosas comunes sean simbólicamente enterrados otra vez. Pero más al fondo, para que no se suceda otra vez el error de su desentierro.

Imagen : apaprensa