La representante del MPF impulsó la acción penal y requirió una serie de medidas de pruebas para una investigación que también incluye al ministro de Seguridad porteño y a miembros del Grupo Clarín, entre otros. El dictamen completo a continuación, con las medidas testadas.|
La fiscal federal de Bariloche solicitó que se investigue a quienes participaron del polémico viaje al campo de Joe Lewis.
La polémica por el viaje a Lago Escondido que hizo un grupo de jueces, funcionarios porteños y empresarios de medios de comunicación suma otro capítulo con el pedido de investigación que realizó la fiscal federal de Bariloche, María Cándida Etchepare, para que se analice si se incurrió en el delito de “aceptación de dádivas”.
Los investigados en esta causa son Julián Ercolini, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional número 10; Juan Bautista Mahiques, fiscal general de la ciudad de Buenos Aires; Marcelo Silvio D´Alessandro, ministro de Seguridad y Justicia porteño; Carlos Alberto Mahiques, juez de la Cámara Federal de Casación Penal; Pablo Yadarola, a cargo del Juzgado Nacional en lo Penal Económico número 2; Pablo Gabriel Cayssials, titular del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal número 9; Leonardo Bergroth; Tomás Reinke, presidente de Mediabit S.A.; Pablo César Casey, directivo del Grupo Clarín S.A., y Jorge Rendo, CEO del mismo medio de comunicación.
A pocos días del viaje, el diario Página 12 publicó con la lista de las personas que abordaron un avión privado de la empresa Servicios y Emprendimientos Aeronáuticos S.A, para llegar hasta Bariloche desde donde se trasladaron hacia el campo que el magnate inglés, tiene en cercanías a El Bolsón.
Etchepare indicó que inició las actuaciones partir de una denuncia presentada por el abogado Marcelo Hertzriken Velasco, quien puso en conocimiento de la fiscal que el 13 de octubre pasado viajaron desde Buenos Aires a Bariloche los involucrados mencionados.
«Todos ellos retornaron al aeropuerto de San Fernando el día 15 del mismo mes y año, tal como surge de la Declaración Jurada acompañada por la Policía de Seguridad Aeroportuaria ante el requerimiento de esta Fiscalía», remarca la funcionaria judicial.
En la presentación, la fiscal afirma además que el avión pertenece a una empresa que posee un nombre de «fantasía», conocido como “Flyzar”, que pertenece al empresario aeronáutico Gustavo Fernando Carmona.
Los pedidos de prueba de la fiscal
Etchepare indica que «en cuanto a los pasajeros arribados» a Bariloche ese día «no figura en ninguno de los vuelos el ex presidente Macri, pero de ellos sí surgió la presencia de dos altos directivos del Grupo Clarín S.A, Pablo Casey y de Jorge Carlos Rendo».
Además, Etchepare detalló haber requerido a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) «la remisión de las filmaciones captadas por las cámaras del Aeropuerto Internacional Teniente Candelaria, en las que se puede ver el arribo del grupo en el vuelo privado antes indicado».
Las cámaras del aeropuerto captaron al grupo siendo recibidos por Nicolás Van Ditmar, presidente de Hidden Lake.
Etchepare comprobó además que los pasajeros fueron abordados directamente en la pista de aterrizaje por dos camionetas de alta gama que los llevaron a la estancia, y en función de ellos pidió explicaciones a las autoridades aeroportuarias por la supuestamente falta de controles.
Por eso para la fiscal, «si bien los hechos denunciados inicialmente por Hertzriken Velasco no eran del todo exactos, sí tenían una base cierta de ocurrencia que podría implicar un ilícito penal, en particular, la existencia de un viaje de lujo en un avión privado y con destino a una magnánima estancia en el que participaron jueces, un ministro de la Ciudad de Buenos Aires y dos empresarios».
Los participantes de ese encuentro «se reunieron en esta ciudad con otros dos empresarios con altos cargos en un
«A esto se suma, como hipótesis delictiva a corroborar por la investigación que habrá de llevarse a cabo, que todas las facturas emitidas por los servicios fueron abonadas ‘al contado’ e, incluso, en el caso del alojamiento, formalizadas con posterioridad, de modo tal que adquiere sustentación (con el grado que requiere esta incipiente instancia) la denuncia del letrado en cuanto a que el viaje en su totalidad pudo haber sido un ilícito regalo a los funcionarios, extremo que habrá de corroborarse o descartarse a lo largo de la pesquisa», afirmó Etchepare.
En ese sentido, consideró que los hechos podrían encuadrarse ante la posible comisión de delitos de acción pública y solicitó que el denunciante sea aceptado como querellante.
Además, solicitó que disponga el levantamiento del secreto fiscal y bancario de todos los nombrados junto con el de las compañías “Hidden Lake S.A.” y “Servicios y Emprendimientos Aeronáuticos S.A.” a fin de que se recaben los datos bancarios necesarios para determinar la veracidad de las facturas y pagos descriptos precedentemente».