La Otra Voz Digital Directora Marta César
La joven tucumana que en 2008, a los 16 años, fue rescatada en una terminal de ómnibus en Córdoba mientras era trasladada bajo engaño a Santa Cruz para su explotación sexual, dará testimonio hoy.
Será en el marco del primer juicio por trata de personas se realizará en Tucumán, en el ámbito de la Justicia federal, con dos mujeres imputadas por ese delito.
La testigo esencial del juicio, por su condición de víctima, se hará oír este miércoles en la audiencia y la acompañará Susana Trimarco, madre de Marita Verón, cuya causa -anterior a la sanción de la Ley de Trata- no pudo juzgar ese delito complejo, pero puso al descubierto todos sus mecanismos.
La víctima, entonces una adolescente que llevaban bajo engaño a trabajar a la Patagonia, supo durante el viaje que en realidad su destino era la explotación sexual y logró alertar mediante mensaje de texto a un familiar, que dio aviso a la policía e interceptaron el ómnibus en la parada que tenía programada en la terminal de la capital cordobesa.
«Hoy la sociedad tucumana tendrá por primera vez la oportunidad de juzgar la trata en el marco de la justicia federal con el testimonio de una joven que por su condición de víctima será la testigo esencial del juicio», dijo a Télam Valentina García Salemi, representante local de la Procuraduría de Trata y Explotación De Personas (Protex), que asitirá al fiscal de juicio.
Según la fiscal ‘ad hoc’, el juicio que se inicia mañana será «vital para la sociedad tucumana, que sabrá que también en esta provincia se juzgará la trata de personas, un delito propio de la criminalidad organizada».
Las acusadas son Verónica del Jesús Olivera, una tucumana que se encargaba de captar y trasladar a las víctimas, y Ana Alicia Tavianski, propietaria de prostíbulos en Puerto San Julián, ciudad costera ubicada 350 kilómetros al norte de la capital santacruceña, donde explotaban sexualmente a las adolescentes.
García Salemi estimó que pedirán para las imputadas la pena máxima, de 10 años de prisión, y explicó que en un delito de estas características contar con un testigo esencial es muy importante y por eso hay expectativas de que «se haga justicia».
«La testigo esencial, al ser también víctima, aporta datos valiosísimos porque fue objeto de ese delito y pudo salirse de la estructura que la sometió», señaló la integrante del Ministerio Público Fiscal.
Agustín Aráoz, del equipo de asistencia a las víctimas, dijo a Télam que «la joven busca justicia y su testimonio será un aporte valioso para comprender los mecanismos de un delito complejo que sigue marcando la vida de miles de jóvenes en todo el país».
La víctima, que fue asistida por psicólogos y abogados de la Fundación todos estos años, «está entera y busca cerrar este doloroso capítulo aportando su testimonio», sostuvo el letrado.
«El delito de trata no siempre utiliza la fuerza. No es común que se secuestre a la víctima en forma violenta; por el contrario, se actúa en el entorno: amigos, allegados y familiares; y para convencer se recurre al engaño», explicó Araoz, que desde la fundación María de los Angeles trabaja en forma interdisciplinaria para acompañar a las víctimas.
Araoz contó que esta joven, que en 2008 tenía 16 años, se revinculizó con su familia, tiene pareja y tres niños que asisten al jardín de infantes de la fundación.
«Está entera porque padeció sólo la captación y traslado y no llegó a ser sometida por la organización que tenía un local en Santa Cruz con fines de explotación sexual», dijo el abogado.
Sin embargo, «la joven sabe que su recuperación también depende de cerrar este capítulo, lo que busca hacer con ayuda de la Justicia», dijo Aráoz.
Una de las imputadas, Verónica Olivera, que fue la encargada de trasladar a la entonces adolescente a Puerto San Julián, «tenía en su poder el DNI de una hermana de la víctima, que iba a ser usado para hacerla pasar por mayor edad», informó Aráoz, al revelar una de las acciones propias de la compleja trama que se teje en torno a la trata de personas.
Para el abogado, «el testimonio es valioso para comprender ésto que se llama ‘delito por etapas’ y por qué no hace falta consumar la explotación sexual para que los imputados sean condenados».
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal que juzgará el caso está integrado por Gabriel Casas, María Alicia Noli y Carlos Jimenez Montilla y la acusación la encabezará el fiscal federal subrogante Leopoldo Peralta Palma, en tanto la representación de las dos imputadas será ejercida por Ciro Lo Pinto, del Ministerio Público de la Defensa.
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