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El PAMI, la obra social de los jubilados, quedó envuelto en un grave escándalo de corrupción tras la denuncia pública de Viviana Aguirre, exfuncionaria en La Plata y diputada suplente de La Libertad Avanza (LLA). Aguirre acusó a altos dirigentes libertarios, entre ellos Sebastián Pareja, armador bonaerense del partido y mano derecha de Karina Milei, y a su colaborador Juan Osaba, de cesantearla por negarse a encubrir hechos ilícitos.

Empleados de la sede central del organismo no pudieron ingresar a sus puestos de trabajo y alertaron sobre una nueva ola de despedidos.

Las dos CTA realizaron una presentación ante la justicia para que el PAMI restituya las prestaciones de medicamentos a jubiladas y jubilados. Piden que se declare la inconstitucionalidad de la normativa que cercena el libre acceso a la medicación y los tratamientos de jubilados y pensionados.

El recorte en la provisión de medicamentos gratuitos por parte de la obra social de los jubilados alcanza a los excombatientes del Atlántico Sur, que se enteraron al ir a buscar sus remedios. El CECIM La Plata intimó a restituir la prestación.

Los condenados exigían a jefes de menor rango el pago del 20 por ciento del sueldo para ser destinado a la organización política La Cámpora, en compensación por la designación de sus cargos. En mayo pasado, los exfuncionarios habían sido declarado inocentes por el Tribunal Oral Federal N°2, sentencia que ahora fue revertida por la Cámara Federal de Casación Penal, a instancias de la fiscalía.

Los recortes en la cobertura de medicamentos esenciales obligan a miles de jubilados a enfrentar mayores costos, generando una creciente preocupación en el sector farmacéutico. Las nuevas políticas del PAMI dejan a muchos sin acceso total a tratamientos básicos.

Enfrentan una acusación por los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública e incumplimiento de deberes de funcionario público. La fiscalía los considera responsables de maniobras que perjudicaron al Estado Nacional por más de 3 millones de pesos.

Se trata del exjefe del Departamento de Prestaciones Sociales y del exdirector ejecutivo de la Unidad de Gestión Local (UGL), quienes fueron condenados a 2 años de prisión en suspenso y al pago de una multa del 20 por ciento del valor sustraído, respectivamente. Ambos deberán realizar además una reparación económica a la institución afectada.

Vecinos de la ciudad pueden realizar trámites del PAMI en espacios municipales

Será hasta el 31 de octubre. El convenio beneficia a las personas afiliadas al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados y al PAMI.