La Otra Voz Digital Directora Marta César
«Reconocer los derechos de las comunidades es un acto de estricta justicia”, dijo Nora Giménez, autora del proyecto.
Media sanción a la extensión de la ley 26.160. El Senado aprobó este jueves y giró a la Cámara de Diputados el proyecto de ley que prorroga por cuatro años la emergencia territorial indígena y evita los desalojos.
La iniciativa es de autoría de la senadora nacional por Salta, Nora Giménez, quien celebró el acompañamiento de sus pares al proyecto. “Debemos hacer el mayor de los esfuerzos porque las políticas públicas no se resuelven con voluntarismo, sino con estrategia y con recursos y acá hay una gran voluntad política y una decisión importante de los propios dirigentes de los pueblos originarios”, apuntó.
La ley 26.160 tendrá vigencia hasta finales de 2025 y se prevé que se otorgue un presupuesto de 290 millones de pesos para poder completar el relevamiento territorial para avanzar en la regularización del territorio en el que habitan comunidades indígenas de todo el país.
Nora Giménez (FdT) informó que, a sugerencia de senadores de la oposición accedió a introducir modificaciones en el proyecto original, involucrando a las provincias y los municipios en la realización de los relevamientos territoriales de las comunidades y obligando al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) a rendir cuenta anualmente del avance de esa tarea.
La legisladora indicó que en los últimos años el INAI y los mismos pueblos originarios relevaron 998 comunidades indígenas en todo el país; mientras que otros 253 relevamientos están en trámite. «Sin embargo, se han identificado 762 Comunidades Originarias que tienen pendiente el Relevamiento Territorial previsto por la ley. De las comunidades identificadas, un 51% se encuentran en el NOA, un 16% en el Sur, 8% en el centro, 2% en Cuyo, y 22,3% en el NEA», detalló.
«Reconocer los derechos de las comunidades es un acto de estricta justicia”, exclamó Giménez y añadió: “Tenemos que hablar de una profunda desigualdad económica y social y una presencia muy importante de los pueblos originarios organizados que en la provincia de Salta reconoce más de 80 mil descendientes de pueblos originarios”.
Finalmente, y sobre la nefasta exposición del senador Juan Carlos Romero, la senadora dijo: “Sin duda esta ley toca intereses y acá están quienes defienden los intereses de las corporaciones y los terratenientes y quienes defendemos las políticas públicas para evitar la profundización de esa desigualdad vergonzosa en lo económico, social, cultural y educativo”.
“Sorprende que alguien que ejerció durante décadas la administración provincial opine como si no tuviera ninguna responsabilidad, como si nunca hubiera habido problemas con las comunidades o como si él hubiera garantizado políticas públicas de contención…esta posición de liviandad si sorprende”, sentenció la senadora.
