El autogobierno de la corporación militar como política de Estado

Desde el MPP observamos con preocupación que el decreto del Ejecutivo Nacional No. 721/2016 echa por tierra los intentos realizados por diferentes gobiernos, en las distintas etapas democráticas transitadas desde 1984, de sujetar la conducción de las fuerzas armadas al gobierno político de la administración central, elegida mediante comicios libres.

La autonomía de las fuerzas armadas es un tópico que genera intranquilidad en las democracias del mundo y constituye un eje de muy delicado tratamiento al momento de implementar su desarticulación, por el evidente entramado fáctico que la sustenta. En nuestro país, sólo logró instalarse como necesidad y objetivo de políticas públicas luego de la sangrienta experiencia de la última dictadura cívico-militar; y aun así las resistencias que han debido superar los distintos gobiernos para la materialización de los decretos que intentaron instaurar el gobierno de las fuerzas armadas (Decreto No. 438/84 y sus modificatorios), impidieron durante años su efectiva aplicación o la tornaron muy dificultosa.

Hoy asistimos a una acción política llevada adelante desde el gobierno macrista, que de un plumazo normativo borra todos esos esfuerzos. La corporación militar vuelve a disponer –autónomamente y sin control–, su sistema de «premios y castigos», de formación académica con mayor o menor contenido en materia de derechos humanos, de traslados compulsivos a los «disidentes», de asignación de ascensos a los «leales», de cobertura a los agentes pasados a retiro por violar la Constitución Nacional mediante la asignación de un rol «docente», de asignación discrecional de presupuesto, de otorgamiento discrecional de roles estratégicos respecto de la función política que tienen que cumplir las fuerzas armadas en la sociedad, entre otras facultades . En definitiva, la decisión desde el Ejecutivo nacional es que las fuerzas armas no cuenten con ningún tipo de control civil y político.

Nos preocupa sobre todo porque no es una medida aislada y porque se ajusta naturalmente a las distintas piezas que desde el cambio de administración nacional se han inclinado a garantizar la impunidad de aquellos genocidas, sin preocuparse por impedir la generación o el fortalecimiento de nuevos partidarios de la restauración de aquel sistema. . El carácter subrepticio y silencioso de su implementación es un rasgo más de la falta de transparencia que requiere un sistema democrático.

Desde el Movimiento de Profesionales para los Pueblos repudiamos este decreto y las acciones que de él se desprenden, por constituir un enorme retroceso en la institucionalidad republicana y sumarse –en ese mismo sentido– tanto desde los discursivo como desde lo político a las distintas acciones que se están llevando adelante desde el gobierno como desde otros sectores de poder, para garantizan la impunidad a los responsables del genocidio sufrido en nuestro país durante los años 1976-1983. Y también por sus implicancias en la salud de la democracia presente, en cumplimiento de la promesa que hicimos hace más de treinta años: NUNCA MÁS.

Imagen :Misiones para Todos