La Otra Voz Digital Directora Marta César
En el marco del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, que se recuerda en todo el mundo el día 28 de Mayo, la Multisectorial de Mujeres de Salta, la Comisión de la Mujer UNSa y CLADEM exigen políticas públicas que garanticen el derecho de las mujeres a alcanzar el nivel más alto de salud, entendida ésta como la ha definido la Organización Mundial de la Salud, esto es, como el estado de bienestar físico, psíquico y social. En especial, medidas estatales tendientes a asegurar los derechos sexuales y reproductivos, incluido el derecho a interrumpir un embarazo en los supuestos legalmente contemplados.
Por estos días, el caso de la niña wichi de 12 años que cursa un embarazo de seis meses como consecuencia de haber sido violada, nos alerta una vez más que el Protocolo para la Asistencia Integral de Toda Víctima Sexual y la Concreta Atención de los Abortos no Punibles aprobado por Decreto Provincial Nº 1170/12, resulta no solo dilatorio sino obstructivo del efectivo acceso a una práctica legal en Argentina desde hace más de un siglo según nuestra legislación penal.
Como lo hemos señalado en relación con casos similares a este, urge que la Provincia instrumente las medidas necesarias para asegurar la privacidad e integridad de las niñas y las mujeres que se encuentran internadas en condiciones de ejercitar su derecho a someterse a un aborto no punible, así como la de aquellas mujeres o niñas y sus familias que atraviesan por el proceso de toma de decisión, para que ésta sea adoptada en un marco de libertad, sin condicionamientos ni miradas sesgadas, ajenas a los intereses, deseos y proyecciones vitales de las protagonistas, que entre otros sentimientos imparten temores científicamente infundados. Sin duda, el protocolo vigente legitima esos atropellos a la libertad y a la igualdad al instituir a los/as magistrados/as del Ministerio Público así como a los/as operadores/as de la salud en guardianes/as de esa moral antipluralista y antidemocrática que choca con nuestro orden convencional y constitucional.
Por eso, este nuevo caso, interpela también a la Legislatura de la Provincia que se rehúsa a tratar el Proyecto de Ley de adhesión a la Guía Técnica para la Atención Integral de los Abortos no Punibles del Ministerio de Salud de la Nación, como lo han hecho trece jurisdicciones del país. Y a los ministerios a los cuales les compete “el abordaje integral” (Justicia y Derechos Humanos, Salud, Primera Infancia) que siempre se declama, desplieguen acciones afirmativas para combatir la situación histórica y estructural de marginalidad que viven las más pobres entre los pobres, las más vulnerables entre los vulnerabilizados por este mundo expulsivo, como lo son las niñas indígenas de nuestra provincia.
Este 28 de mayo además renovamos el pedido que desde el año 2014 venimos haciendo a las autoridades de la cartera provincial de salud para conocer información pública relativa a:
- La cantidad de abortos no punibles realizados en nuestra provincia, en virtud de los incisos 1º y 2º del artículo 86 del Código Penal Argentino;
- En tanto la guía provincial no contempla el procedimiento para el denominado aborto terapéutico, ¿cómo se actúa?
- Dificultades para la aplicación del protocolo;
- Cantidad de casos que fueron judicializados durante la tramitación del procedimiento previsto en el Decreto Nº 1170/12 y las resoluciones dictadas en consecuencia;
- Respecto a la objeción de conciencia ¿si existe un registro?, ¿si se expresa al ingresar al servicio médico o ante el caso particular?, ¿si se establece un mecanismo de reemplazo del objetor/a?
- Cantidad de procedimientos solicitados, que fueron desistidos por parte de las víctimas una vez iniciado el procedimiento;
- Qué otros procedimientos se encuentran actualmente vigentes en la provincia para asegurar los derechos consagrados en las leyes nacionales Nº 25.673 -de creación del Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable-, Nº 26.130 -de anticoncepción quirúrgica- y Nº 25.929 -de humanización del proceso de nacimiento que culmina con el parto y la recuperación del protagonismo de la mujer en ese momento de su vida-; dado que, el incumpliendo de las mismas por parte del sector de la salud genera, respectivamente, violencia institucional contra la libertad reproductiva y obstétrica contra las mujeres, en los términos de la Ley Nacional Nº 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales.
- En particular, si existen protocolos de atención socio-sanitaria de las mujeres víctimas de la violencia física y psicológica intrafamiliar y de la violencia sexual.
- Cuál es el estado del proyecto de reglamentación de la Ley provincial Nº 7311 de Sexualidad Responsable. Cabe recordar que, entre otras, una comisión integrada por Resolución Nº 3462/06 de ese Ministerio, produjo un anteproyecto de reglamentación tramitado por Expte. Nº 67-7386 de fecha 3/1/2007, comisión que integramos como otros organismos y entidades representativas en la provincia.
- Si existe algún organismo u oficina del Ministerio de Salud encargado de recepcionar y tramitar denuncias por violencia institucional obstétrica y contra la libertad reproductiva.
Por último, la Multisectorial de Mujeres de Salta , La Comisión de la Mujer UNSa y CLADEM se suman, a la lucha sostenida por compañeras de todo el país y en especial por las tucumanas, por la inmediata liberación de Belén y exhortamos a nuestros representantes provinciales ante el Congreso de la Nación a que impulsen el postergado debate por la despenalización del aborto, para que NUNCA MÁS una mujer ni una niña de nuestro país ponga en riesgo su vida o su integridad ni se vea sometida a tortura, obligada o impulsada a continuar con un embarazo que no desea, que es fruto de un acto de violencia sexual, ni sea privada de su libertad como consecuencia de reafirmar su autonomía o a raíz de abortos espontáneos que se prejuzgan inducidos.
Imagen : Logo Multisectorial de Mujeres de Salta
