La falta de transparencia en el proceso y la posibilidad de que el dictamen haya sido alterado después de su votación ha desatado críticas y preocupaciones sobre la integridad del proceso legislativo. Se plantea incluso la posibilidad de presentar una denuncia penal por parte de la Coalición Cívica, liderada por Lilita Carrió.

El escándalo del dictamen de la Ley Ómnibus ha tomado un giro preocupante, ya que se sospecha que el documento fue reescrito horas después de haber sido votado en el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados, y en un lugar fuera del ámbito institucional. Según reveló LPO, el dictamen, aprobado con el voto de 55 diputados en la madrugada de este miércoles, habría sido objeto de modificaciones continuas durante el día, llevadas a cabo en el departamento del ex legislador Cristian Caram, ahora asociado a la corriente libertaria.
«Es la Banelco de Milei», revelaron a LPO.
Las regulaciones cruciales sobre diversas áreas como zonas frías, biocombustibles y retenciones a productos regionales, entre otras, continuaron cambiando a lo largo del día, influenciadas por diversos grupos de presión operando desde el departamento de Recoleta.
Esta situación pone en tela de juicio la seriedad y la legitimidad del tratamiento de la ley, así como la capacidad del gobierno para gestionar eficazmente los intereses en juego. La incertidumbre persiste, ya que aún no se ha cerrado el dictamen definitivo, lo que refleja la caótica situación que rodea al gobierno de Milei y su susceptibilidad a las influencias externas en la elaboración de políticas.