La Otra Voz Digital Directora Marta César
En febrero se iniciará el juicio por el crimen de la ex oficial de la Policía Bonaerense, muerta de un balazo en la cabeza, causa que se buscó cerrar como suicidio. Su ex novio y una amiga y compañera son los imputados.
Sin dudas, la investigación de la muerte de la oficial Valeria Alejandra González, cuyo cuerpo con un balazo en la cabeza apareció tirado en una calle de la localidad platense de Ringuelet, tiene sus tiempos particulares. En principio, se pretendió cerrar la causa como un suicidio, pero la tenaz lucha de sus padres y el oportuno cambio del fiscal a cargo del expediente derivaron en un giro que permitió, una década más tarde, detener y procesar por el homicidio a dos ex compañeros de la Policía bonaerense de la víctima. Y ahora, a casi 14 años y medio de ocurrido, en el próximo mes de febrero se sustanciará el juicio oral y público, con los imputados en libertad, pues fueron beneficiados con arresto domiciliario y sin haber sido exonerados de la fuerza.
«Esperamos terminar con todo esto y poder cerrar una herida, aunque el dolor nos acompañará durante toda la vida. No tenemos dudas sobre quienes asesinaron a mi hija y hay elementos suficientes para sostener la acusación. Por lo tanto, solo queremos que se haga justicia, después de tanto tiempo y haber pasado por muchas situaciones adversas, pero que nunca nos doblegaron», expresó Orlando González, padre de Valeria, en diálogo con DIARIO POPULAR.
El 25 de septiembre de 2001, a las 7, el cuerpo sin vida de la oficial, quien cumplía funciones en la comisaría 8va. de La Plata, apareció tirado con un impacto de bala en la sien derecha, en la calle 1, entre 518 y 519, de Ringuelet, aunque se presume que la ejecutaron a las 3 de la madrugada de ese mismo día. Entre pericias y testimonios poco claros, hubo un intento «de hacerlo pasar como un suicidio», pero luego ciertas contradicciones en los relatos de los efectivos que participaron de la instrucción del hecho y otras evidencias, entre ellas el dermotest negativo en las manos de la víctima y la aparición del casquillo del proyectil del lado izquierdo del cadáver,generaron las primeras sospechas.
De todas maneras, durante diez años, la afirmación del padre de la chica de «mi hija no se quitó la vida, esto fue un asesinato», no había encontrado mayor correlato entre los investigadores, quienes incurrieron en una serie de irregularidades. La familia González siempre apuntó a la participación del novio y una amiga de la chica en el crimen, hasta que en 2010, el fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta se hizo cargo del caso y en poco tiempo, elevó la solicitud de detención de los dos sospechos, Juan Carlos Veck y Débora, al juez de Garantías Guillermo Atencio, a partir de la modificación de la carátula de expediente (que hoy ya tiene 27 cuerpos) de «averiguación de causales de muerte» a «homicidio agravado».
Entonces, de quedar a un paso de la prescripción por el paso del tiempo, el caso dio un vuelco, hasta casi inesperado. A los dos policías acusados se les dictó la prisión preventiva y quedaron detenidos, aunque la mujer accedió al arresto domiciliario por ser madre de una niña pequeña a los pocos meses y el hombre también fue beneficiado con la libertad, supuestamente asistida. «Mientras aguardamos la fecha de juicio, los imputados estaban en sus casas y además, de acuerdo a lo que pudimos averiguar en la auditoria general de Asuntos Internos, ambos siguen en disponibilidad preventiva, cobrando un porcentaje de su sueldo y recién serían exonerados cuando los condenen», sostuvo Orlando González.
Cabe señalar que en la elevación a juicio, el fiscal Condomí Alcorta puntualizó que «un hombre, con la participación de una mujer, efectuó en el interior de un Chevrolet Corsa un disparo de arma de fuego que impactó en el cráneo de González, provocándole la muerte». Además, agregó que «los homicidas dejaron el cuerpo de la mujer policía en la vía pública, colocando un arma de fuego entre sus piernas, para simular que se había suicidado, le cambiaron la chaqueta y llevaron ese auto al Comando de Patrullas donde fue lavado y reparado».
«El tiempo que pasa, es la verdad que huye», reza un viejo refrán, al que podría anexarle que, en general, garantiza la impunidad. No obstante y al margen de sus los siempre críticos «tiempos» de la justicia, el caso de la muerte de Valeria Alejandra González, finalmente, llega a la instancia, en la que se espera esclarecer lo ocurrido.
