Denuncian a un empresario por eludir la cuota alimentaria

Hace más de diez años, una mujer tramitó en el fuero comercial una denuncia por la cuota alimentaria de su hija. En ese momento, el padre de la chica –al que llamaremos M.V.- se presentó en concurso de acreedores y no pagó lo que correspondía. Semanas atrás, una nueva denuncia de la exmujer llegó a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), que a su vez dio intervención al Programa de Políticas de Género de la Procuración. Es por una serie de maniobras fraudulentas del hombre -que es empresario- que le permitieron pagar menos de un cuarto de la deuda real a su exmujer. La presentación enumera y describe distintas formas de ocultación de activos. “Cuando vimos el trasfondo le dimos actuación al área de Género. Es una forma de violencia contra las mujeres y los niños”, dijo a Infojus Noticias el titular de la Procelac, Carlos Gonella.

La denuncia se radicó en el fuero criminal de la Capital Federal y tiene intervención del fiscal Augusto Troncoso.  Según la investigación, M.V. actuó en connivencia con un escribano y cuatro abogados, una persona que figuró como su apoderado, un empresario uruguayo y otros dos abogados que lo representaban. Todos pergeñaron una trama, que le permitió a M.V. sortear en el marco de un concurso preventivo el cumplimiento de las obligaciones alimentarias respecto de su hija y el convenio de la disolución del matrimonio con su ex esposa por una suma superior a los 2,7 millones de pesos más los intereses y las costas del proceso.

Las acusaciones son insolvencia alimentaria fraudulenta, concurso civil fraudulento, estafa procesal y falsificación ideológica de documento público. Todas esas conductas fueron imputadas a M.V., mientras que las últimas dos alcanzaron a los abogados, al escribano, al empresario uruguayo y al apoderado.

“Es importante empezar a visibilizar casos que no tienen que ver con violencia física, como este caso donde hay violencia psicológica y económica”, le dijo Romina Pzellinsky del Programa de Políticas de Género a esta agencia.

El escrito, publicado por la página de Fiscales, tiene un enfoque particular sobre violencia y discriminación contra la mujer y violación de los derechos de niños y niñas. «Las mujeres resultan por lo general, y no azarosamente, perjudicadas en términos económicos por los efectos patrimoniales del divorcio y el cuidado de los hijos e hijas. Cuando a ello se le agregan maniobras dolosas tendientes a evitar la liquidación de los bienes que integraron la sociedad conyugal y el pago de la cuota alimentaria de la hija, el accionar no puede entenderse sino como un acto de discriminación contra la mujer», señalaron Gonella y Pzellinsky.

Cuando la procuradora Alejandra Gils Carbó era fiscal general del fuero civil y comercial, se pronunció sobre este caso y también lo planteó como  “una cuestión de género”.

Cómo fue la maniobra financiera

La denuncia dice que M.V. «ocultó activos consistentes en fondos obtenidos en virtud de la enajenación de tenencias accionarias de las sociedades Maliva S.A., AMSA S.A., DIACOM S.A., SIVISAR S.A. y Policrínica Privada de Medicina S.A.» de, cuanto menos, más de cuatro millones de pesos, y «ocultó sumas de dinero en efectivo por, al menos, un total de .829.623» en el marco de un concurso preventivo que comenzó en 2004.

La web Fiscales.gob.ar detalló que para llegar a esa situación, el imputado celebró un falso contrato con la sociedad uruguaya Fimelux. Así justificó una deuda de más de dos millones de pesos. «El acreedor ficticio Fimelux conformó con su voto la mayoría exigida por la ley 24.522 [de concursos y quiebras]», señalaron los denunciantes.

De esa forma, la empresa uruguaya dio «la conformidad necesaria para la aprobación de un acuerdo preventivo», que consistió en el pago de todos los créditos quirografarios [es decir, sin garantías] verificados o declarados admisibles con una quita del 22% de los importes». Fue en dos cuotas: una a 90 días de quedar firme el acuerdo y otra a 360 días, sin intereses.

Esa propuesta de acuerdo fue homologada por la justicia en lo Comercial y es la que actualmente rige el pago a los acreedores, denunciaron Pzellinsky y Gonella. Remarcaron que «al mismo tiempo, en virtud de esta propuesta el propio Fimelux va a percibir ilegítimamente fondos de la masa concursal».

La denuncia es consecuencia de una presentación realizada ante la Procelac en noviembre pasado por la exesposa de M.V., a partir de la cual se abrió una investigación preliminar.

En el marco de esa pesquisa, dirigida por Gonella a través del Área de Concursos y Quiebras de la Procelac, se agregaron constancias de la denuncia efectuada en el fuero federal de San Isidro por la misma Procuraduría el año pasado contra M.V. y otras personas por la realización de operaciones millonarias que no encuentran correlato en sus situaciones patrimoniales declaradas.

Aquella causa fue impulsada inicialmente por una presentación la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Gonella y Pzellinzky recordaron que entonces «llamó especialmente la atención de la AFIP la existencia de un mutuo [contrato]» mediante el cual el principal acusado habría otorgado el 12 de junio de 2009 a la empresa Hope Funds casi 17,5 millones de pesos, en efectivo y mediante un único pago, «pese a no contar -de acuerdo con sus declaraciones impositivas- con un perfil patrimonial suficiente para efectuarlo».

La agencia recaudadora también detectó que el principal imputado habría realizado en agosto de 2007 un préstamo de 1,5 millones de pesos al principal accionista de Hope Funds. «Es inexplicable cómo, a escasos años de haber solicitado acogerse a los institutos de la ley falencial [en 2004] y encontrándose aún en pleno proceso concursal -y sin haber satisfecho totalmente los créditos de sus acreedores-, aquél pudo haber realizado préstamos en efectivo seis veces superiores al pasivo oportunamente denunciado», destacaron.