La presentación, realizada por el titular de la IGJ, Ricardo Nissen, recae sobre magsitrados del fuero Comercial por haber obstaculizado investigaciones a firmas vinculadas al expresidente y a directivos del Grupo Clarín, entre otras.
El titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), Ricardo Nissen, denunció ante la Justicia nacional a nueve jueces del fuero Comercial a los que acusó de haber obstaculizado investigaciones a empresas vinculadas al expresidente Mauricio Macri y a directivos del Grupo Clarín, entre otras.
Los jueces fueron acusados de defender y, en ocasiones, asesorar a ciertos integrantes de grupos de poder y/o económicos, entre los que se encontrarían José Antonio Aranda (Grupo Clarín), Alejandro Jaime Braun Peña (pariente del exjefe de Gabinete de Macri, Marcos Peña Braun), Juliana Awada (esposa del expresidente), Pablo Clusellas (exsecretario Legal Técnico de Macri) y el propio Mauricio Macri.
La denuncia penal es contra nueve magistrados de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial a los que les imputó los delitos de “abuso de autoridad; incumplimiento de los deberes de funcionario público; prevaricato; usurpación de funciones y retardo de justicia”, indicaron a Télam fuentes judiciales.
En la denuncia se indicó que los jueces denunciados utilizaron el poder jurisdiccional que les fuera conferido en forma contraria al mandato que los alcanza, al boicotear investigaciones promovidas por la IGJ que tiene entre sus funciones la de fiscalizamos a las sociedades comerciales con domicilio en la Ciudad de Buenos Aires.
En la denuncia se señalan una serie de maniobras tendientes a lograr que siempre intervengan los mismos jueces de alzada quienes, a la postre, adoptan resoluciones siempre favorables a las empresas y grupos económicos fiscalizados por la IGJ.
Los jueces denunciados buscaron siempre limitar la actuación de IGJ como organismo de control, neutralizar el poder de policía de ese organismo, revocar cada una de sus resoluciones y permitir la actuación de empresas off shore, señalaron las fuentes consultadas por esta agencia.
“Lejos de actuar como garantes de la legalidad -y de la vigencia de la Constitución Nacional-, la han avasallado, usurpando funciones que no les fueron asignadas, para terminar dictando decisiones que se basan exclusivamente en su mera voluntad, voluntad que está movida por una determinada ideología política y tal vez otros motivos, igual de mezquinos y todo tipo de subterfugios”, señalaron.