La Otra Voz Digital Directora Marta César
Los proyectos de leyes presentados el lunes 8 de abril por la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, representan una oportunidad histórica para democratizar el Poder Judicial. En ese sentido, saludo y celebro la iniciativa. Esta imperiosa revisión y actualización de las estructuras, estatutos y prácticas del Poder Judicial nos alientan y obligan, hoy más que nunca, a contribuir y enriquecer el debate y las propuestas que se discutirán en el Congreso Nacional.
Quienes trabajamos por los derechos humanos, que también son de las humanas, venimos hace tiempo denunciando que el Poder Judicial se herrumbra, excepción hecha de un grupo de valiosas magistradas y magistrados . Numerosas vidas, personas y diversos colectivos sociales se ven afectados a diario por el accionar prejuicioso y sexista de quienes, en abierta contradicción con la misión que sus cargos conllevan, se resisten a reconocer los derechos que garantizarían la efectiva igualdad de género. En lo que hace a la modalidad diseñada para las y los aspirantes a ingresar al Poder Judicial de la Nación y al Ministerio Público mediante concurso y asignación por sorteo de la vacante inicial, no se puede menos que destacar que garantizará la transparencia en las designaciones y la igualdad para todas las personas. Respecto de la propuesta del Ejecutivo de reformar el procedimiento para integrar el Consejo de la Magistratura, como así también para los ascensos y los concursos para ser titulares de juzgados u otros cargos de responsabilidad jurisdiccional, propiciamos desde la CONSAVIG que el Poder Judicial ajuste sus prácticas a los correspondientes estándares internacionales de derechos humanos referidos a la igualdad entre varones y mujeres. Cabe resaltar que es muy pequeño el porcentaje de mujeres que se desempeñan como Magistradas, lo que da cuenta de una discriminación inherente a estructuras patriarcales, que opera en la designación y promoción de sus integrantes en estas funciones.
Esta adecuación del Poder Judicial a los estándares mencionados, no sólo postula igualdad de oportunidades en el acceso a cargos, sino también exige la incorporación de perspectivas que permitan reconocer las desigualdades existentes para poder construir una sociedad igualitaria. La vida de Carla Figueroa quizá no se hubiese truncado y las penurias de Romina Tejerina, María Ovando y las herma-nas Jara se hubiesen evitado (por nombrar sólo cuatro casos muy conocidos), de no haber mediado prejuicios de género en los funcionarios judiciales actuantes. En este escenario, la capacitación en la temática de modo que garantice la perspectiva de género adquiere tanta relevancia como el conocimiento del Derecho y debe ser una tarea esencial para quie-nes ya integran el Poder Judicial, así como un requisito insoslayable de admisión de las y los futuros ingresantes.
Significaría además la posibilidad de saldar deudas históricas con aquellas mujeres que no han encontrado justicia en este Poder del estado, sino negaciones sistemáticas a sus derechos.
