La Otra Voz Digital Directora Marta César
El decreto dispone que la Jefatura de Gabinete use información personal y privada de los ciudadanos. Una abogada denunció penalmente a Marcos Peña.
La Justicia se metió en la polémica por el decreto que posibilita al Gobierno el acceso a la información personal de todos los ciudadanos a través de la base de datos de la ANSES.
Una jueza le dio un plazo máximo de tres días a la administración de Mauricio Macri para que explique por qué tomó esa decisión.
La resolución fue firmada por la magistrada en lo Contencioso Administrativo Federal María José Sarmiento, quien se declaró competente para entender en una acción de amparo presentada por un particular .
«Atento la medida cautelar solicitada ofíciese al Poder Ejecutivo Nacional (Jefatura de Gabinete de Ministros) para que -dentro del plazo de tres días- produzca el informe» contemplado en la ley de Amparo, indicó la magistrada.
De acuerdo al convenio, que tiene una duración de 2 años, la ANSES remitirá periódicamente su base de datos relacionada con «Nombre y Apellido, DNI, domicilio, teléfonos, correo electrónico, fecha de nacimiento, estado civil y estudios» de los ciudadanos para «contar con herramientas que permitan instrumentar las políticas de comunicación pública».
La oposición cuestionó la medida al advertir que se trataba de una intromisión en la vida personal de los ciudadanos para hacer «propaganda» política y un «avance contra las libertades democráticas», al tiempo que atribuyó esa iniciativa a una «inteligencia oscura».
El amparo fue presentado por la abogada Viviana Carreras, quien denunció penalmente al Jefe de Gabinete, Marcos Peña, en una causa que recayó ante el juez federal Ariel Lijo.
El planteo de la abogada contra la decisión de facilitar los datos en los que consta información privada de todos los ciudadanos al Poder Ejecutivo fue presentado durante la feria judicial de invierno, pero no tuvo tratamiento durante ese período.
Imagen :Infobae
