Luego de seis meses y tras 15 horas de debate en Diputados, el Gobierno logró esta madrugada la aprobación definitiva de la Ley Bases y del paquete fiscal. Éstos son los principales efectos sobre la ciudadanía.

Tras seis meses de negociaciones, idas y vueltas, papelones y acuerdos, finalmente el gobierno libertario-macrista tuvo su primera victoria legislativa y gracias a los bloques “dialoguistas” obtuvo la aprobación de la Ley Bases (antes Ómnibus) y el Paquete Fiscal.
La primera versión, modificada en varias oportunidades, fue escrita por los estudios jurídicos vinculados al funcionario sin ministerio Federico Sturzenegger, y sólo contenía beneficios para los grandes empresarios y para eventuales inversores extranjeros, sin ningún artículo a favor de los argentinos de a pie.
Menos aportes y estabilidad a la hora de trabajar
Con la excusa de “reducir costos laborales” no sólo se registrará un importante aumento de la desocupación, sino que además habrá más empleo precarizado.
Con el objetivo de crear más fuentes de trabajo en el sector privado, el Gobierno habilitará cambios en el sistema de contrataciones para, según su perspectiva, hacer crecer la masa de trabajadores registrados. Esta virtual reforma laboral, que habilita el marco legal para la flexibilización de las relaciones de trabajo, ya había sido introducida en el DNU 70/2023 y fue inhabilitada por la Cámara de Apelaciones del Trabajo, que declaró inconstitucional el capítulo tras la intermediación de un recurso de amparo presentado por la CGT.
Según el Centro, habrá menos trabajo registrado («en blanco»), ya que la ley favorece a los empleadores en detrimento de los empleados. Esto implica, a la vez, menos acceso a la salud y más dificultades a la hora de jubilarse.
Además, el período de prueba en un empleo podrá estirarse a un año, y si el trabajador es despedido, la indemnización saldrá de su propio bolsillo a través de los descuentos que le hará la patronal.
Eliminación de Sanciones por no registro de empleados: se propone eliminar las indemnizaciones para los empleadores que no registran una relación laboral o lo hacen con un salario menor o fecha posterior a la real.
Tercerización laboral: se elimina la prohibición a los empleadores de contratar a través de empresas de servicios temporarios o agencias de colocación en el caso del trabajo agrario. En todos los casos, los empleados se considerarán parte de las empresas intermediarias y no para las que presten servicios.
Limitación del derecho a la acción colectiva: se incorporan como motivo de despido de los trabajadores las diferentes acciones que pueda llevar a cabo en medio de En el marco de un conflicto colectivo en la empresa.
Funcionamiento de sindicatos: el artículo 84 excluye a las asociaciones sindicales como posibles denunciantes de la falta de registración de las relaciones laborales, dejando esto solo en manos del trabajador. De esta manera, podrá denunciar la falta de registración ante la autoridad de aplicación, que deberá establecer un medio electrónico ante AFIP.
Privilegios para empresas a costa del daño ambiental
La implementación del polémico RIGI, Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, dará múltiples beneficios a las grandes empresas y capitales el Gobierno apunta a incorporar atractivos fiscales para todos aquellos proyectos de inversión en materia de industria gasífera, minera, petrolera y agropecuaria que superen los USD 200 millones.
No se establecerán controles para cuidar el medio ambiente ni respetar a los pueblos que viven en sus territorios.
Libertad para desalojar
Ya no se requerirá una orden judicial para llevar adelante el desalojo de personas de tierras fiscales, sino que bastará con una decisión administrativa, lo que deja a miles de familias en condiciones más vulnerables aún, sin acceso a la vivienda ni a la tierra.
Milei podrá legislar, sin tener que enviar los proyectos al Congreso
Esto es gracias a las facultades que le delegaron los propios diputados y senadores, algo que es inherente al Poder Legislativo.
Con dichas facultades, Milei podrá realizar una reforma administrativa que le permitirá disponer, modificar, o eliminar organismos del Estado de acuerdo a su criterio y sin control alguno.
Si bien el CONICET; la ANMAT; el INCAA; el ENACOM; el INCUCAI; el SENASA, entre otras instituciones fueron eliminadas de la lista de intervenciones luego de los acuerdos que los libertarios hicieron con los legisladores “dialoguistas” para que aprueben la ley, Milei tendrá la facultad para enviar menos presupuesto y achicar sus estructuras, una habilitación que, en manos de quien desea destruir “el Estado desde adentro”, puede llegar a ser peligroso.
Por otro lado, el mandatario quedaría habilitado a modificar, transformar, unificar, disolver o liquidar los fondos fiduciarios públicos, recursos fundamentales para el funcionamiento de las arcas provinciales.
Privatizaciones
La ley habilita al presidente a privatizar las empresas y sociedades de propiedad total o mayoritaria del Estado nacional. La iniciativa dictamina un listado de entidades entre las que se encuentran Energía Argentina S.A, Intercargo, Agua y Saneamientos Argentinos S.A (AYSA), Belgrano Cargas y Logística S.A, Sociedad Operadora Ferroviaria S.E. y Corredores Viales S.A.
Cabe señalar que quedaron fuera del listado a privatizar Aerolíneas Argentinas S.A, Radio y Televisión Argentina S.E. y el Correo Oficial de la República Argentina S.A
Más inequidad y desigualdad social
Al reincorporar el impuesto a las Ganancias, se estima que entre 800 mil y un millón de personas volverán a pagar el impuesto en alícuotas que van del 5 al 35%, cuando hasta ahora estaban exceptuados gracias a una ley aprobada a instancias del ex ministro de Economía Sergio Massa, votada a favor por el propio Milei.
Como contracara, se reducirán alícuotas y se permitiría anticipar tributos hasta el 2027 en Bienes Personales. Entre 2024 y 2026 quedarían vigente solo dos alícuotas, entre 1,25% y 1,50% y desde 2027, una única tasa de 0,25%, lo que favorece a los que más tienen.
Monotributo
Además, la aprobación del proyecto Bases traerá aparejado actualizaciones en los máximos de facturación que asciende a $68 millones anuales (actualmente el máximo son $16 millones anuales) y nuevas alícuotas que ascenderían de acuerdo a las categorías (la más alta será de $ 375 mil mensuales).
Bienes Personales
El apartado que buscaba la reforma de Bienes Personales fue descartado en el Senado pero reincorporado en el debate de comisiones en la Cámara de Diputados.
Tras su aprobación, el nuevo piso pasará de$27 millones a $100 millones y la deducción por la vivienda familiar alcanzará los $350 millones.
Blanqueo de capitales
El paquete fiscal incluye, además, un apartado que busca el blanqueo de capitales para activos en la Argentina y el extranjero. El capítulo es denominada como Régimen de Regularización de Activos e incluye dinero, propiedades, acciones y criptoactivos.
El régimen está establecido para sujetos residentes y no residentes con un plazo hasta el 30 de abril del 2025, con la posibilidad de prórroga hasta el 31 de julio del 2025.
Industria del tabaco
La votación favorable del proyecto oficialista implica también sanciones para la industria del tabaco a través de una reforma impositiva con el objetivo de igualar los impuestos para todas las empresas del sector tabacalero.
Esta medida busca corregir desigualdades existentes y garantizar una competencia equitativa. El proyecto original, presentado en enero y posteriormente retirado en febrero, fue reincorporado y aprobado por el Senado tras la aprobación de la Ley Bases y previo al tratamiento del capítulo fiscal.