La Otra Voz Digital Directora Marta César
Este 7 de junio se celebra el primer día del periodista bajo el gobierno de Mauricio Macri. Despidos en todo el país, un proyecto de ley que censura la libertad de prensa y la persecución a periodistas y medios populares marcan el escenario donde la organización de las y los trabajadores de prensa aparece como un rayo de sol en medio de la tormenta.
Un “blanqueo” que oscurece y amordaza
“El pueblo tiene derecho a saber la conducta de sus representantes”. Con esa frase la Primera Junta de Gobierno aprobó el 2 de junio de 1810 la creación del primer diario nacional, La Gazeta de Buenos Ayres, que saldría a la calle el 7 de junio dando origen al “Día del periodista”.
Este postulado del primer gobierno patrio parece estar muy lejos de la mirada de Cambiemos y el presidente Mauricio Macri. Es que en su proyecto de ley de blanqueo de capitales, el macrismo incluyó una normativa que afecta directamente el derecho a la información y limita (en realidad, censura) el ejercicio de la práctica periodística.
Tal como denunció el investigador especializado Martín Becerra, “el texto repone el estilo de las leyes mordaza que han sido sistemáticamente criticadas en la Argentina por todo el arco político e incluso por funcionarios del actual elenco gubernamental”. Becerra explica que “tal y como está redactado” el texto “toda divulgación de datos de los sujetos beneficiados con el blanqueo es penalizada” con penas de uno a dos años de prisión.
En su columna del último domingo, Horacio Verbitsky señaló este mismo problema que se manifiesta en el artículo 85 del proyecto. El mismo garantiza “el más absoluto secreto” de toda la información obtenida sobre el blanqueo y lo hace mediante la amenaza de aplicar “la pena prevista por el artículo 157del Código Penal” a quién viole esta disposición.
Pero su aplicación no sólo abarca a funcionarios de la Administración Pública y el Poder Judicial sino también a “terceros que divulguen o reproduzcan documentación o información de cualquier modo relacionada con las declaraciones voluntarias y excepcionales reguladas por esta ley”. Es decir que si un periodista o medio de comunicación descubre que el dinero blanqueado por alguna empresa o persona está relacionado con algún ilícito no podrá difundirlo a riesgo de ser condenado y tener que pagar “una multa igual a una vez el valor de los bienes exteriorizados”.
Por ejemplo, si alguien pudiera demostrar que los 18 millones de dólares que Macri prometió traer de las Bahamas fueron obtenidos mediante alguna acción ilegal, en caso de darlo a conocer públicamente se someterá a una multa de 18 millones de dólares. ¿Qué periodista o medio se atrevería a pagar ese costo? Así el derecho a la información se ve cercenado por lo que Becerra denomina “efecto censor e inhibitorio”.
De la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual a la ley del más fuerte
Entre las primeras medidas del macrismo tras asumir el 10 de diciembre estuvo la devolución de gentilezas a Clarín con la modificación de los artículos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que más lo afectaban y la disolución del AFSCA. Estas acciones fueron anunciadas por el jefe de Gabinete, Marcos Peña, como el fin de la “guerra contra el periodismo”.
Sin embargo las nuevas disposiciones no hicieron más que profundizar el carácter antidemocrático del mapa de medios. Se volvió a habilitar la compra y venta de licencias (que son públicas) entre privados; se creó un organismo como el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) con mayoría absoluta del Ejecutivo a diferencia de la antigua AFSCA; al mismo tiempo se planteó que no es responsabilidad del Estado impulsar la desconcentración mediática sino dejarlo librado al “mercado”.
Tal como señaló Alejandra Soifer en Notas, “si existió esa guerra no la ganó el periodismo, ni la democracia, ni la pluralidad, sino fundamentalmente los intereses del Grupo Clarín, de Telefónica y otras empresas de medios”.
La situación que atraviesa hoy Antena Negra TV es una muestra de ello. Al decomiso de sus equipos (dos veces) ahora se suma una causa judicial en los tribunales federales por interferencia de las comunicaciones de la empresa de seguridad privada Prosegur con la Policía Federal. Dos de sus integrantes están procesados por esto a pesar de que el canal ocupa la señal 20 del sistema de Televisión Digital Abierta (TDA) asignado por el decreto presidencial 2456/14 exclusivamente a la TDAresultando ilegal su utilización para otros fines. Es decir que quien infringe la ley es Prosegur. El Estado, ausente.
Aunque en una situación más “ventajosa” el canal comunitario Barricada TV también está sufriendo los embates del “mercado” ante un Enacom que decidió ignorar su obligación de actuar como autoridad de aplicación de las leyes vigentes.
Este canal de televisión ganó un concurso en 2015 para transmitir en la señal 33 de la TDA. Los artículos de la Ley de Medios modificados por el macrismo no afectaron este aspecto de la normativa por lo que no debería haber inconvenientes. Sin embargo Canal 13 (grupo Clarín) se mantiene ocupando ilegalmente ese espacio en el espectro.
Las diferencias de potencia entre ambos hacen imposible que Barricada TV pueda transmitir sin ser interferido. El Enacom sostuvo que es un problema que deben resolver ambas partes sin la intromisión del Estado.
Trabajadores despedidos y perseguidos
Para completar el panorama, la situación general de las y los trabajadores de prensa no resulta más alentadora. Los primeros problemas se vieron en el Grupo 23 que se desarmó como un castillo de naipes al dejar de ser rentable para sus dueños. De un día para el otro se borraron sin pagar salarios adeudados ni el aguinaldo de diciembre. La solución la dieron los propios trabajadores: en Tiempo Argentinoformaron una cooperativa y en Radio América siguen ocupando las instalaciones y transmitiendo a pesar del abandono empresarial.
Pero la ofensiva sobre los trabajadores no se da de forma aislada. Los despidos masivos en el Estado abrieron las puertas a los despidos en el sector privado. Medios de comunicación de todo el país comenzaron a reducir personal, mientras que la persecución sindical avanzó. Así sucedió en la imprenta de Clarín o con las amenazas que sufrió la periodista de Canal 13, Silvia Martínez Cassina.
Finalmente, en Buenos Aires la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (UTPBA), gremio minoritario pero que cuenta con la personería, firmó una de las paritarias más bajas por un 24% de aumento. Ignorando así el reclamo de la mayoría de las y los trabajadores nucleados en el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba).
Por todo esto, el miércoles 8 de junio la Mesa Nacional de Trabajadores de Prensa, integrada por sindicatos y federaciones de todo el país, convocó a una Jornada Nacional de Protesta bajo la consigna “el día del periodista no queremos saludos, queremos trabajo”.
Porque a la censura, los despidos y la persecución las y los trabajadores responden con organización. Porque este día del periodista y todos los días somos quienes hacemos periodismo las y los que defendemos el derecho a la información y expresión del pueblo.
Imagen :Notas
