CEDAW + 30: El camino hacia la verdadera igualdad

Buenos Aires, diciembre.- Mirar todo lo que se hizo y lo que queda por realizar fue la idea central en las reflexiones de las personalidades que protagonizaron la apertura de la celebración de los 30 años de la Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) en América Latina y el Caribe que se realizó en la ciudad de Buenos Aires.

La cita tuvo lugar en el emblemático Palacio San Martín, el 11 de diciembre, y contó con la presencia de las integrantes y ex miembras del Comité. Lo importante es que ,no sólo estaban las expertas y expertos invitados sino también un nutrido puñado de mujeres del movimiento feminista argentino que, desde diferentes ONGs y desde el Concejo Consultivo de la Sociedad Civil, hicieron posible la aprobación en Argentina del Protocolo Facultativo de CEDAW en 2006.

En las palabras iniciales, Magdalena Faillace, Representante Especial para temas de mujer en el ámbito internacional de la Cancillería Argentina, remarcó la importancia de estos 30 años de la Convención y recalcó que se trata de una herramienta importante para el diseño de las políticas de estado.

Luego reflexionó acerca de que «las mujeres necesitamos que se nos reconozcan como diferentes», ya que será la única forma «de obtener la verdadera igualdad».

Posteriormente, el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Jorge Enrique Taiana, dijo que, a pesar de todos los esfuerzos y progresos que han surgido luego de la aprobación de la Cedaw, «la tarea está muy lejos de ser cumplida, respecto a la igualdad ente los géneros.

Es que las mujeres siguen en estado de subordinación, lo que es más visible en los sectores populares, y esa subordinación también es palpable «en la discriminación salarial y en el ejercicio de la violencia», que padecen expresó el canciller.

Por eso, «no debe pensarse en todo lo que se ha avanzado, sino que se debe reconocer todo lo que debe recorrer para conseguir un sociedad libre. Y una sociedad libre, debe tener mujeres libres», concluyó Taiana.
En tanto, Gladys Acosta Vargas, directora del Fondo de Naciones para la Mujer (UNIFEM) en América Latina y el Caribe, se refirió a la importancia de la Cedaw como instrumento que garantiza la igualdad entre hombres y mujeres.

La funcionaria manifestó que esa igualdad debe cristalizarse en hechos. Porque la «igualdad es un concepto real y concreto, es un derecho. Y las mujeres del mundo no pueden esperar más».

«Ese derecho (a la igualdad) es una deuda pendiente, que ya no tiene moratoria», concluyó Acosta Vargas.

CEDAW + 30: Recomendaciones para seguir construyendo

Varias recomendaciones para lograr el genuino -y muchas veces postergado- cumplimiento de Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) resultaron del debate que tuvo lugar en Buenos Aires, el 11 de diciembre, durante el festejo por los 30 años de esa instancia internacional. Las sugerencias fueron producto de debates grupales entre las expertas.

Algunas de las recomendaciones giraron en torno al concepto de igualdad. En este sentido, se manifestó la necesidad de re significarlo y «propiciar el diálogo y la interlocuciones sobre el concepto de igualdad».

Es imperioso que este diálogo lo protagonice «el Comité de la CEDAW junto a los organismos de Derechos Humanos», dijo una de las relatoras.

Además, se mencionó la importancia de crear una task force -de carácter autónomo y comprometido con los objetivos de la CEDAW- que ayude a reforzar el debate y resignificación del concepto de igualdad. A la vez, se propuso fortalecer el mecanismo de seguimiento de los fallos y ampliar los recursos del Comité.

Referido a la participación política, derechos sexuales y derechos reproductivos, el debate se inició con una interrogante: ¿la participación política de las mujeres ha redundado en beneficio de los derechos sexuales y reproductivos? «No, necesariamente», fue la respuesta de ese grupo de trabajo.

Entonces es necesario saber «cuál es la calidad de la participación política de las mujeres», sostuvo la relatora. En este sentido, se recomendó «promover estudios de impacto sobre la calidad de participación política de las mujeres y su impacto sobre los derechos sexuales y derechos reproductivos».

Las expertas de este grupo concluyeron en la necesidad de promover estudios sobre mujeres víctimas por la falta de cumplimientos de las recomendaciones de la CEDAW y abogaron por la creación de mecanismos de seguimiento para que los Estados cumplan con las recomendaciones y observaciones que propone la Convención.

Precisamente ese punto fue el eje de la última relatoría, que reflexionó acerca de cómo los Estados dan cumplimiento a los compromisos de la CEDAW.

Si bien en la región se percibe un interés creciente por la creación de leyes que respeten la Convención, muchas veces sucede que «las leyes que reflejan la CEDAW lo hacen en sus fundamentos y no en sus mandatos. Hay leyes que no se trasforman en políticas concretas que garanticen los derechos humanos de las mujeres», subrayó la relatoría.

En este sentido, se expresó la necesidad de obtener datos empíricos para un diagnóstico sustantivo que permita mirar las desigualdades y el monitoreo del cumplimiento de la CEDAW. Igualmente, se valoró la importancia de dotar de recursos económicos, técnicos y de personal a todos los espacios creados para trabajar por los derechos de las mujeres.

Sin embargo, uno de los principales aportes de esta relatoría consistió en la importancia de difundir las sentencias, ya esta sería una forma de trasmitir cómo la Justicia interpreta y aplica los conceptos que establece la Convención.

CEDAW + 30: El Estado omite sus responsabilidades

Los festejos por las tres décadas de la Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) culminó con las reflexiones y análisis de Gladys Acosta, Jefa de UNIFEM para la sección América Latina y El Caribe, y de Amerigo Incalcaterra, integrante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH).

La titular de UNIFEM en la región hizo referencia al ritmo en que avanza la participación política de las mujeres y dijo que, haciendo una proyección de los datos actuales, se necesitaría cerca de 47 años para llegar a la zona de la paridad.

«El objetivo es producir una aceleración del proceso que evidentemente no está en las manos de UNIFEM, sino en manos de la sociedad, de los movimientos y de los estados», manifestó Acosta.

Respecto a los Estados y sus responsabilidades, en cuanto a los derechos humanos de las mujeres, Acosta sostuvo que los Estados aun no comprenden sus responsabilidades.

En el ámbito estatal «hay cierta omisión de responsabilidades de los derechos de las mujeres. Los Estados muchas veces llegan tarde; cuando el daño ya se ha producido. Por eso pretendemos que los Estados no actúen con dejadez», señaló.

La Jefa de UNIFEM advirtió que la causa de esa incapacidad, por parte de los Estados, reside en la «falta de dirigencia adecuada, focalizada a nivel estatal, porque no está lo suficientemente difundido lo que la CEDAW acuerda y lo que ha producido la Comisión».

Posteriormente, Amerigo Incalcaterra, integrante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, también se refirió a las falencias de los Estados.

«Estamos viviendo un avance de la violencia en la región, los crímenes organizados están en aumento y la mujer es uno de los objetivos de esos grupos criminales, y en esto se nota la ausencia de los Estados», dijo.

Incalcaterra también aludió a la pobreza como uno de los signos de la desigualdad, realidad en al cual las mujeres son las más perjudicadas. En este sentido, el miembro de ACNUDH habló sobre la necesidad de que la CEDAW se refleje en planes y acciones específicas.

Porque de esa manera se podrá establecer «un medidor de tiempos, un medidor del cumplimiento y una posibilidad de comprensión real acerca de algunos derechos que han sido acordados en la convención», afirmó Incalcaterra.

CEDAW + 30:No hay adecuada supervisión para que las leyes se cumplan

Gladys Acosta, Jefa de UNIFEM para la sección América Latina y El Caribe, asegura que los derechos de la mujeres es una deuda pendiente que los Estados poseen, y subraya que esa deuda «ya no tiene moratoria».

En sus discursos por la celebración de los 30 años de la Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), Acosta puso énfasis en la omisión y la falta de conociemiento del ámbito estatal respecto a la Convención.

Gladys Acosta conversó con SEMlac acerca de qué tan importante es la CEDAW para los derechos de las humanas. Pero también se refirió a las tareas pendientes de las Naciones Unidas.

¿Cuáles son los mayores logros de la CEDAW en estas tres décadas?
Creo que uno de los mayores logros es que la Convención ha acompañado a un movimiento social. El movimiento de mujeres ha hecho posible la CEDAW y el proceso ya se ha desencadenado con la modificación de las leyes, por ejemplo.

Pero este avance también sirve para hacer visible la poca respuesta de los Estados, ya que si bien existen nuevas leyes, no hay una adecuada supervisión ni instrumentos necesarios para que se cumplan.

Sin embargo, de acuerdo con un informe de Unifem, América Latina y el Caribe están en una buena posición respecto al acceso de las mujeres a sus derechos sociales y económicos.

Los Estados más avanzados han tratado de mover la barrera discriminataria, pero, por ejemplo, la incorporación masiva de las mujeres a la educación y al trabajo hace más visibles las condiciones de desventajas entre los géneros.

Porque, pese a que una mujer sea una buena estudiante, en el mercado laboral no gana igual salario que el hombre.

El Protocolo Facultativo de la CEDAW es un instrumento jurídico que, aunque opcional, permite la presentación de casos individuales de violación de los derechos de las humanas. Entonces, a qué se debe que existan países (Chile, Cuba, El Salvador, Honduras y Nicaragua) que no han ratificado este instrumento? Considero que una de las causas es que los Estados tienen un poco de temor cuando actúa la jurisdicción internacional. Es importante que las mujeres utilicen esta herramienta, pero también es importante que la justicia reaccione. De todos modos, las mujeres no están lo suficientemente empoderadas para saber que pueden recurrir a esta vía.

Usted se refirió a que los derechos de las mujeres no deben ser sólo un tema de Unifem, sino de todas Naciones Unidas. ¿Podría explicarlo?
Creo que Naciones Unidas debe reconocer que aún le falta recorrer un largo camino, porque en los temas de mujeres siempre están las mujeres. Este debe ser un tema de todas las agencias y también de todos los hombres de Naciones Unidas.

Los derechos de las mujeres es uno de los mandatos del Secretario General; entonces, cada vez que alguien asuma su mandato en Naciones Unidas, debiera responder por la igualdad de género dentro de sus planes de trabajo y también rendir cuentas acerca de qué se hizo en ese sentido.

CEDAW + 30: Logros y barreras, 30 años después

La igualdad como un derecho humano y la represión de la discriminación son las dos columnas de la Convención sobre la Eliminación de Todas las formas de Discriminación contra la mujer (CEDAW).

Esto significa, para cada Estado que ha ratificado la CEDAW, que no basta con declarar la igualdad entre mujeres y hombres en las constituciones, políticas o en las leyes, sino que el derecho a la igualdad requiere que se ejecuten acciones específicas y concretas.

La CEDAW «establece de manera objetiva la obligación de luchar contra la discriminación y de promover la igualdad de las mujeres, mediante medidas legislativas, administrativas y judiciales. O sea, que los tres poderes, el legislativo, el ejecutivo y el judicial son responsables, jurídicamente, ante las Naciones Unidas por sus acciones en relación con la no discriminación y la igualdad de las mujeres», explicó Silva Pimentel, vice-presidenta del Comité de la CEDAW de Naciones Unidas.

«Estas obligaciones se aplican a todas las esferas de la vida pública y privada, incluyendo las personas físicas y jurídicas», continuó Pimentel.
Por ello, luego de tres décadas, es necesario interrogar ¿qué ha funcionado, cuáles han sido los desafíos y qué es necesario consolidar? A pesar de algunos avances y esfuerzos de los países de la región, en el plano de la igualdad, todo parece indicar que el desafío pendiente sigue siendo ese: la igualdad.

De acuerdo con analistas, los Estados no han tomado conciencia de su responsabilidad con respecto a los derechos de las mujeres. Esto se refleja en las políticas implementadas, que no siempre son del todo eficientes.

En este sentido, la directora de UNIFEM para América Latina y el Caribe, Gladys Acosta, dijo a SEMlac que las modificaciones a las leyes y las reformas legislativas en la región también hacen visible «las pocas respuestas de los Estados, pues al mismo tiempo que hay leyes, no hay la adecuada supervisión ni los instrumentos para que estas se cumplan».

Otra de las aristas para tener en cuenta, desde lo simbólico, es la alianza histórica y aún perdurable de la iglesia católica con los Estados. «La mayoría de los Estados le dan mucha participación política a la iglesia católica. Esta institución tiene decisión sobre muchas leyes y políticas estatales. Por eso, la jerarquía de la iglesia católica será siempre un obstáculo para el desarrollo de los derechos humanos de las mujeres, porque sin derechos reproductivos, nosotras no podemos gozar de otros derechos», sostiene a SEMlac la jurista costarricense Alda Facio.

Violencia contra las mujeres

Silva Pimentel dijo, en la conferencia inaugural de las tres décadas de la CEDAW, que las Recomendaciones Generales son instrumentos que sirven para interpretar, actualizar y contextualizar los derechos y deberes establecidos en esta Convención, con el fin de facilitar su cumplimiento por los Estados Partes.

«La problemática de la violencia contra las mujeres no está presente explícitamente en la CEDAW, pues no existían condiciones políticas para esto en el momento de su origen».

La experta relató que, en este sentido, el Comité realizó dos Recomendaciones Generales, que incorporan esa realidad: la Recomendación General N°19 (1992), que afirma que la violencia contra la mujer es una forma de discriminación que impide gravemente que goce de derechos y libertades en pie de igualdad con el hombre, y la definición de discriminación del artículo 1 de la CEDAW, que incluye la violencia basada en el sexo; es decir, la dirigida contra la mujer porque es mujer o que la afecta en forma desproporcionada.

Derechos sexuales y derechos reproductivos

Los derechos sexuales y los reproductivos no están así expresados en la CEDAW. Sólo el artículo 12 de la Convención se refiere a los servicios de atención médica de planificación familiar, parto y post parto.

En este sentido, Pimentel manifestó que luego se incorporaron esos derechos a la Recomendación General Nº 24, que versa sobre el acceso a la salud, incluida la reproductiva. Además, contempla la incorporación de los conceptos de salud reproductiva y derechos reproductivos, fruto de las Conferencias de Cairo, 1994 y de Beijing, 1995.

«Vale señalar que muchas de las dificultades y los duros embates ideológicos que ocurrieron en Cairo y Beijing siguen produciéndose, ya sea impidiendo revisiones legales necesarias o la implementación de nuevas leyes no discriminatorias y que afirman los derechos humanos de las mujeres, en especial los derechos sexuales y los reproductivos», sostuvo Pimentel.

Algunas barreras del pasado y del presente

La vicepresidenta de la CEDAW, Silvia Pimentel, se refirió a las barreras que, en su práctica de monitoreo en el área, han sido encontradas por el Comité CEDAW respecto a la no violencia y la salud. En ese sentido, la experta señaló la necesidad de lograr cambios en algunas leyes y la revisión de medidas inadecuadas.

Por ejemplo, «leyes que sancionan el aborto con consecuencias perversas para las mujeres: morbilidad y mortalidad maternas; falta de información, educación y de toma de conciencia sobre la violencia de género y sobre salud reproductiva, en especial por parte de los adolescentes, como abusos sexuales, embarazos prematuros, embarazos forzados y matrimonios prematuros», dijo Pimentel
También enfatizó sobre la creciente problemática de la trata y el tráfico de mujeres y de niñas, a la vez que «existe una marcada insuficiencia y dificultad en el acceso a los servicios de asistencia jurídica y de salud gratuitos (?) impunidad y la carencia de formación sobre género, por parte de los trabajadores de la justicia y de la salud», precisó.

FOTO: unitedfamiliesinternational.wordpress.com