La Otra Voz Digital Directora Marta César
La Cámara Federal de Salta confirmó hoy el procesamiento de Carlos Pedro Blaquier, dueño del ingenio Ledesma en Jujuy, por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura.
El Tribunal confirmó el procesamiento de Blaquier y de Alberto Enrique Lemos, gerente administrativo del Ledesma, por el delito de privación ilegitima de la libertad agravada en tres hechos en concurso real, en calidad de cómplices primario y secundario, respectivamente.
Una de las víctimas del delito imputado fue el médico Luis Ramón Aredez, el luego detenido-desaparecido ex intendente de Libertador General San Martín, la localidad donde se halla el ingenio Ledesma.
Las otras dos víctimas son Omar Claudio Gainza y Carlos Alberto Melián, señaló la resolución del Tribunal de apelaciones que confirmó el procesamiento de Blaquier y Lemos.
La Cámara confirmó además la resolución del juez instructor que fijó embargos por un millón de pesos a Blaquier y 500 mil pesos a Lemos.
El fallo reconoció la colaboración de los imputados para llevar adelante las detenciones, al señalar que las fuerzas de represión que «operaron aquella madrugada (del 24 de marzo de 1976) y días posteriores, contaron con la autorización dada, prima facie, para el uso de vehículos de la empresa».
«En suma, dado por sentado (con el grado de probabilidad exigido para esta etapa procesal) que existió tal colaboración consentida de parte de la empresa, nada desmiente la imputación que se formula en cuanto que los vehículos fueron entregados voluntariamente y más aún, al no existir registros de dicha circunstancia y al haberse efectuado los operativos en horas de la madrugada del día en que se produjo el golpe de Estado, cabe deducir que había conocimiento de la ilegalidad del operativo», añadió la Cámara.
El fallo confirmó también el aporte de la Empresa Ledesma no sólo la noche en que se verificaron las detenciones ilegales, el 24 de marzo de 1976 y la privación de la libertad en días subsiguientes, como en el caso de Melián.
La Cámara consideró acreditada la actividad política y sindical de las víctimas, y en particular la de Aredez, quien como intendente había obligado a la empresa Ledesma a pagar impuestos al municipio, de lo que hasta entonces se encontraba eximida.
La Cámara sostuvo que la actividad política de las victimas generó enfrentamientos con la empresa, los que quedaron acreditados por publicaciones de la época.
Imagen : seniales.blogspot.com
