Amnistía Internacional Argentina expresó su profunda preocupación frente a la decisión del juez Alejandro Maraniello, y consideró que impedir la circulación de información constituye censura previa.

El caso se refiere a la difusión de audios grabados en la Casa de Gobierno de la Nación y atribuidos a la Secretaría General de la Presidencia que en una medida de censura previa, fueron prohibido por la resolución de un juez del fuero Civil y Comercial de la Nación.
Un aspecto especialmente criticable de la decisión es que ignora la especial protección que merece la expresión cuando se trata de asuntos de interés público . Contrariamente a lo establecido por el juez es justamente cuando se prohíbe la difusión de información que se afecta el derecho de la sociedad a ser informado sobre un asunto de relevancia pública.
Amnistía Internacional considera que denunciar penalmente a periodistas por presunto espionaje ilegal constituye una amenaza grave a la libertad de expresión y genera un efecto amedrentador incompatible con los estándares internacionales de derechos humanos.