La Otra Voz Digital Directora Marta César
En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, Amnistía Internacional advierte sobre un preocupante retroceso en las políticas públicas destinadas a prevenir y erradicar la violencia de género. El desmantelamiento de programas clave para la prevención y protección de mujeres y diversidades profundiza un escenario crítico en el país, donde, según datos de la Defensoría del Pueblo de la Nación, se registró un femicidio cada 29 horas durante el primer semestre de 2024.
En este contexto la administración actual transformó la Línea 144, históricamente dedicada atender llamadas de emergencia de mujeres en situación de violencia de género, en un servicio genérico para atender a cualquier persona en situación de violencia, conforme información suministrada por el Ministerio de Justicia de la Nación.
Retrocesos en las políticas públicas para garantizar a las mujeres una vida libre de violencias
Desde diciembre de 2023, el gobierno argentino ha desmantelado sistemáticamente las políticas públicas que tienen por objeto garantizar y proteger los derechos de las mujeres, niñas, adolescentes y personas LGBTI+. A pesar de los datos que reflejan la magnitud de la problemática, el gobierno nacional niega la existencia de la violencia de género, lo que obstruye la implementación de políticas públicas eficaces para su prevención y erradicación, perpetuando así la desigualdad y poniendo en riesgo sus vidas.
Es la primera vez en treinta y siete años, que la Argentina carece de un organismo con competencias específicas para la atención y prevención de la violencia de género, a lo que se suma que el gobierno nacional ha eliminado la asignación presupuestaria de numerosas políticas públicas destinadas a atender esta problemática. Tal es así que el proyecto de ley del Presupuesto Nacional para 2025 enviado por el poder ejecutivo, no contempla erogación alguna para la implementación de la Educación Sexual Integral y del programa Acompañar y no contiene una partida específica para la línea 144.
La falta de acceso a los derechos sexuales y reproductivos también es violencia
La compra y distribución de insumos ha estado en cabeza del Estado Nacional desde la creación del Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva en el año 2002, y por mandato constitucional el Ministerio de Salud de la Nación tiene la rectoría de la política pública para fijar un piso mínimo de derechos en todo el territorio nacional. Sin embargo, repentinamente y por primera vez desde entonces, el Estado ha dejado librada a la capacidad de las provincias la provisión de insumos, sin ningún tipo de traspaso o transición a efectos de evitar poner en riesgo la vida y la salud de las mujeres, lo que deviene en un contexto de absoluta desigualdad.
Asimismo, Amnistía Internacional reitera su preocupación respecto al desmantelamiento del Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (Plan ENIA) que ha logrado reducir en tan solo 4 años la tasa de fecundidad adolescente en un 49%.
Está demostrado que la maternidad a edades tempranas representa un riesgo para la salud de niñas y adolescentes y es uno de los determinantes más importantes de la reproducción intergeneracional de la pobreza, con impactos negativos en las trayectorias de vida de las infancia. Sin embargo, la actual administración ha decidido no atender esta urgencia, mediante la reducción de la asignación presupuestaria de este Plan en un 68%.
Argentina y su aislamiento en la lucha internacional contra la violencia de género
