La Otra Voz Digital Directora Marta César
Juana es de etnia wichi, tiene 12 años y una discapacidad intelectual. Fue violentada sexualmente por ocho varones criollos y hoy cursa un embarazo de seis meses. Una historia de machismo racista, exclusión económica, abandono político e incapacidad del funcionariado salteño. 
Otra historia en la que ejecutores del patriarcado, el capitalismo y el racismo se alían para destrozar el cuerpo, la subjetividad y la libertad de una niña. Juana* es de etnia wichi, tiene 12 años y una discapacidad intelectual, vive en Alto La Sierra, Salta, un poblado aislado y de difícil acceso al extremo nordeste de la provincia, cerca de la frontera con Bolivia y Paraguay. En noviembre pasado fue violentada sexualmente por ocho varones criollos que fueron identificados pero se encuentran en libertad desde febrero. Hoy cursa un embarazo de seis meses que pone en riesgo su vida y que debe sobrellevar en la pobreza estructural.
En su historia, un sistema heteropatriarcal que en manos de varones violenta sexualmente a niñas y mujeres que cree de su propiedad y niega el acceso a las virtuales reparaciones y derechos para las víctimas; un sistema capitalista que destierra y condena al hambre y la miseria a las y los originarios dueños de las tierras para dar paso a los negocios de las multinacionales y de la explotación petrolera y agroindustrial; y una dominación cultural racista de hegemonía blanca y genocida que determina que algunas personas valen más que otras por el color de su piel, el lugar de su nacimiento o la lengua materna con la que se comunican.
A días de una nueva movilización social y política que gritará en las calles de nuestro país “ni una menos, vivas nos queremos”, urge como sociedad problematizar sobre las opresiones que violentan a las más vulnerables para exigir, con nombre y apellido de los responsables la sanción ante el incumplimiento de sus funciones, la modificación de las institucionalidades y leyes y la toma de medidas políticas que acompañen el cambio social tendiente a garantizar la vida plena de elecciones para las niñas y las mujeres.
El heteropatriarcado, el capitalismo y el racismo que violentan cada día
Melina Sola es periodista de Radio Nacional en Salta e integrante de la Red PAR –periodistas por una comunicación no sexista-. En diálogo con Marcha relató los hechos, “esta niña fue violada a plena luz del día, en una canchita de futbol, lo pudieron ver otras dos chicas que se animaron a denunciar el hecho, y es por eso que el fiscal penal de Tartagal, Armando Cazón, pudo detener a los individuos, porque fueron identificados todos y cada uno de ellos por este hecho”.
“Las chicas también contaron que había un hombre del otro lado de la canchita observando como sucedían los hechos y que no hizo nada”, relató Sola, “esto ocurrió en noviembre y esta semana nos damos con la noticia, gracias a un diputado provincial, Ramón Villa, representante de ese departamento, Rivadavia, que esta chiquita está embarazada de seis meses”, “no se hizo nada, nadie la fue a asistir, nadie le ofreció la pastilla del día después, siguió cursando el embarazo”.
Juana “habla solamente lengua materna, habla en dialecto wichi, ella y su familia”, contó Sola, “no hay traductores en el hospital, según la policía ella y su familia se negaron al aborto no punible, pero difícilmente podamos dar fe de esto porque no hubo traducción de por medio”, afirmó, “no sabemos si la situación fue del todo comprendida”.
“Además quien dio fe del acto de violencia sexual es un médico boliviano que por su condición de precariedad laboral y por no tener reconocido su título en Argentina, no pudo firmar el certificado por la violación, que fue firmado por un bioquímico”, informó la periodista.
Es válido aclarar que además de las violencias machistas que se ejercieron sobre Juana: física, psicológica, sexual y simbólica, institucional y contra su libertad reproductiva; los incumplimientos a leyes vigentes de parte de funcionarios y funcionarias que hicieron brillar su incompetencia son notorios: no sólo no se aplicó el protocolo para casos de violencia sexual, se liberó a los detenidos que fueron reconocidos por dos niñas que pasaron por el proceso de interrogatorio judicial, sino que además a la joven no le fue reconocida su identidad en el incumplimiento de la ley provincial que obliga que en todos los hospitales públicos haya un traductor/a.
Denunciar un protocolo que obstruye un derecho adquirido
El fallo “F.A.L.” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), en marzo de 2012, ratificó la vigencia de la aplicación y el cumplimiento de los abortos no punibles, remarcando que las mujeres no deben solicitar una autorización judicial para acceder a la atención médica y que aquellas que fueron víctimas de violencia sexual no tienen la obligación de realizar la denuncia penal sino que basta con que completen una declaración jurada.
Si bien con este fallo, la CSJN exhortó al Estado nacional y a las jurisdicciones provinciales a que sancionen protocolos hospitalarios que garanticen el acceso de las mujeres a estos abortos no punibles y a los poderes judiciales a que no obstruyan el acceso a los servicios de salud, las reacciones fueron dispares, y según el monitoreo realizado por ADC Derechos en 2015, el protocolo de Salta “es el que más se aleja de los estándares sentados por la Corte”.
“El ANP no se realizó, acá en Salta existe un protocolo restrictivo ya que judicializa la denuncia para el acceso al aborto legal entonces si o si tiene que haber una denuncia policial, o una denuncia ante autoridades judiciales para poder activar el procedimiento”, sostuvo Melina Sola sobre el caso de Juana.
“En Santa Victoria Este no solo no hay médicos, ni traductores en los hospitales siendo que es una localidad con población mayormente indígena, sino que ni siquiera hay remedios para bajar la fiebre, es una zona completamente olvidada por el Estado, cuya población está sufriendo maltrato, los niños y las niñas están padeciendo desnutrición y ahora tienen que padecer esta vulnerabilidad a una niña que tiene que llevar adelante un embarazo con 12 años”, dijo la periodista.
La Multisectorial de Mujeres de Salta, la Comisión de la Mujer de la Universidad Nacional de Salta y el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM) exigieron, mediante un comunicado, “políticas públicas que garanticen el derecho de las mujeres a alcanzar el nivel más alto de salud” física, psíquica y social, “en especial, medidas estatales tendientes a asegurar los derechos sexuales y reproductivos, incluido el derecho a interrumpir un embarazo en los supuestos legalmente contemplados”.
La revictimización y el ejercicio de violencia institucional apunta directamente al gobierno salteño, “desde organizaciones sociales y políticas están exigiendo la renuncia de la ministra de la cartera de Derechos Humanos y Justicia de la provincia, Pamela Caletti, porque al parecer nadie fue hasta el lugar a ver como estaba esta niña”, sostuvo Sola. También cuentan con injerencia y responsabilidad los ministros de Salud, Oscar Villa Nougues, de Primera Infancia, Carlos Abeleira y de Asuntos Indígenas y Desarrollo Comunitario, Luis Gómez Almaras.
“Este nuevo caso, interpela también a la Legislatura de la Provincia que se rehúsa a tratar el Proyecto de Ley de adhesión a la Guía Técnica para la Atención Integral de los Abortos no Punibles del Ministerio de Salud de la Nación, como lo han hecho trece jurisdicciones del país”, sostiene la Multisectorial de Mujeres, que además instó a los ministerios competentes “el abordaje integral” y “acciones para combatir la situación histórica y estructural de marginalidad que viven las más pobres entre los pobres, las más vulnerables entre los vulnerabilizados por este mundo expulsivo, como lo son las niñas indígenas de nuestra provincia”.
Por su parte, el Foro de Mujeres por la Igualdad de Oportunidades denunció la inacción y el incumplimiento de funcionarios/as públicas del gobierno provincial y el Ministerio Público de Salta ante la situación de vulneración de derechos y advirtió sobre la práctica sistemática de médicos, ministros, jueces y asesores “que tienen obligación de conocer los derechos de las ciudadanas y promocionarlos”, y afirmaron que en este caso “han actuado a favor de la desidia, del aislamiento, de la falta de compromiso con un Estado democrático e incluyente”, poniendo “por sobre los derechos de las mujeres y de las niñas la mirada tapada, los oídos sordos, la boca callada para que nadie se entere que en Salta violaron a una niña de 12 años”.
*Juana es un seudónimo que utilizamos para preservar su identidad.
Imagen : Marcha
