La Otra Voz Digital Directora Marta César
Según los datos aportados por fuentes del organismo, al menos una denuncia por violencia laboral ingresa diariamente al organismo gubernamental de la provincia de Salta. Si bien los datos precisados corresponderían al sector privado, es de esperarse que las denuncias provenientes desde el sector público se efectivicen directamente desde el ámbito judicial.
Los números destacan que pese a la falta de legislación estos hechos, frecuentes y arraigados en la relación ?patrón-empleado?, vuelven a instalar en escena la urgente necesidad de que se sancione la ley que por estas horas duerme en el Congreso de la Nación.
El aporte brindado por el Ministerio de Trabajo pone de relieve además, que en un alto porcentaje, esta violencia se produce tal como se conoce el mobbing o acoso moral (forma de violencia psicológica que se da en el lugar de trabajo, lo que promueve un ambiente hostil, con un desgaste permanente del trabajador que vuelve imposible la continuidad en sus funciones) y que en un 90% de los casos es un correlato del acoso sexual frustrado.
Capitalistas y Estado, la estructura que evita el tratamiento de la ley
Pese a que la iniciativa goza de media sanción obtenida hace más de medio año en Diputados, el Senado de la Nación sigue sin tratar la ley de prevención y sanción de la violencia laboral y el acoso sexual laboral. El proyecto ingresó el 3 de diciembre de 2007 en la Comisión de Trabajo y Previsión Social y fue girado posteriormente a pedido del senador radical Gerardo Morales a la Comisión de Justicia y Asuntos Penales el 18 de marzo de 2008, donde permanece aún sin dictamen.
La necesidad de una legislación clara en torno a estas cuestiones es un reclamo que si bien parte desde el sector asalariado, también necesita una regulación que asegure derechos y deberes tanto de empleados como de empleadores, ya que muchos de los fallos que sentaron jurisprudencia al respecto, en un número significativo han ido en detrimento de la patronal.
En torno a esto y a la relevancia de una pronta regulación, el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado de la Provincia de Salta (ATE), Vicente Martí, destaca que la violencia laboral existe desde siempre y se perpetúa en estos espacios debido a la falta de legislación y al escaso conocimiento que tienen los trabajadores sobre sus derechos. Martí, puntualiza además la relevancia de que los gobiernos y legisladores provinciales junto a los gremios y sindicatos ingresen a la discusión y acuerden la pronta elaboración de una normativa clara hasta tanto se concrete una ley a nivel nacional. Asimismo, considera que el poco trabajo existente sobre el tema no ha permitido contar en nuestros días con datos estadísticos que den cuenta de esta problemática y de las consecuencias que a nivel psíquico se gestan en la persona que es objeto de violencia laboral. ?El mobbing es un aislamiento físico del trabajador, es el hostigamiento y la falta de comunicación, la propagación de conceptos peyorativos, asignaciones de tareas que son humillantes, vergonzosas, con distintas presiones de los diferentes estamentos del Estado que generan un trato discriminatorio. Al trabajador lo agravian, lo menoscaban, los cambian constantemente de forma arbitraria de la modalidad de su trabajo?, añade, esclareciendo que otras formas de violencia están dadas por la inestabilidad laboral y la propagación de planes sociales que no crean fuentes genuinas de trabajo. Del mismo modo, el gremialista asegura que el Estado desatiende las necesidades del trabajador y que dentro de la conformación de paritarias a nivel nacional se esta trabajando en la prevención y el reconocimiento de las distintas formas de violencia que se dan en el ámbito laboral, debido a la importancia que tiene descubrir las maneras en que se gesta este flagelo y en participar para erradicarlo, ya que se utilizan diversas ?técnicas para sabotear a los trabajadores?.
Por su parte, José Herrera, delegado de ATE, destaca que muchos de los casos que son consultados dentro de la asociación, manifiestan una persecución psicológica que sobreviene del personal de mayor jerarquía, de pares o de inferiores (descendente, lateral, ascendente) a causa de una enfermedad como la diabetes o el VIH y que en definitiva este tipo de prácticas constituyen el lento camino al despido. También considera que además de las desvalorizaciones, el cambio de funciones y el acecho permanente, una de las formas más humillantes de trato que recibe el trabajador es el ser excluido de tareas, al tiempo que remarca que se conoce con precisión los altos índices de suicidio que a raíz de esto se dan en Europa y Estados Unidos, por lo cual el problema se extiende a todos los niveles de la vida.
La iniciativa congelada
El proyecto sancionado en la Cámara Baja entiende por violencia laboral a ?la acción psicológica que de forma sistemática y recurrente ejerce una persona o grupo de personas sobre un trabajador en el lugar de trabajo, con la finalidad de destruir su reputación, perturbar el ejercicio de sus labores y/o lograr que el trabajador abandone el lugar de trabajo?, incluyendo de este modo ?a toda acción que tenga por objeto intimidar, apocar, reducir, menospreciar, amedrentar, y/o perturbar emocional e intelectualmente a la víctima con vistas a eliminarla del puesto de trabajo?. También el proyecto incluye la definición de acoso sexual como ?todo acto, comentario reiterado o conducta con connotación sexual, no consentida por quien la recibe, cuando se formula con anuncio expreso o tácito de causar un perjuicio a la víctima si no accede a los requerimientos del acosador?.
Además de poder darse por despedido ante la alteración de las condiciones de trabajo y de las indemnizaciones propias de la Ley de Contrato de Trabajo, el proyecto precisa que la víctima podrá reclamar indemnizaciones extratarifarias al habilitarlo a ?obtener una reparación por los daños y perjuicios padecidos, de conformidad con las reglas del Código Civil?.
Beneficios y perjuicios de la posible ley
Si bien la necesidad de una regulación en este sentido es inminente, el sector empresario y la administración pública temen una oleada de denuncias que terminen perjudicando a la patronal y al Estado. Sin embargo, muchos coinciden en que de existir una legislación coherente se evitarían perjuicios económicos para ambas parte.
Entre los rasgos positivos de la posible norma se encuentra la imposibilidad de cese del contrato de trabajo durante un año, desde la fecha en que se presenta la denuncia y con una indemnización reagravada si el empleador dispone el despido en ese lapso de tiempo. Este planteamiento genera una situación de incertidumbre, tanto para el Estado como para el sector privado, ya que de alguna manera podría conducir a su abuso, puesto que el denunciante, puede colocarse en situación de despido indirecto aún antes de dar al empleador la posibilidad de adoptar acciones en el caso, y por ende, tornarlo obligado al pago de indemnizaciones.
