La Otra Voz Digital Directora Marta César
Se había establecido, hace dos semanas, por resolución del ministerio de Salud bonaerense, pero ahora el Gobierno confirmó que no entrará en vigencia. Presiones eclesiásticas y convicciones de funcionarios frenaron una medida que había sido aplaudida por organismos de derechos humanos.
Hace menos de dos semanas sorprendió la noticia de que el ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires había resuelto adherir al protocolo de abortos no punibles. Sin embargo, ahora se sabe que la medida no se pondrá en marcha.
El 12 de octubre pasado, la ministra de Salud, Zulma Ortiz, firmó el acto administrativo 2095, que adhería a una normativa de Nación de 2015, donde se establecían los pasos a seguir en hospitales y clínicas privadas, para asistir a mujeres que podían abortar amparadas por el Código Penal y el nuevo Código Civil. Esa disposición de alcance nacional habilita a interrumpir embarazos a mujeres violadas y en los casos en que esté en serio riesgo la vida de la madre.
Pero este martes, según publica el diario Clarín, el Gobierno de María Eugenia Vidal admitió que «la Provincia tiene un protocolo vigente» y que «dada la complejidad del tema, se requiere la intervención de otras áreas con competencia y por eso se trabaja en una nueva resolución que dejará sin efecto la anterior, para la elaboración de un nuevo documento».
La realidad, admitida por los voceros, es que la reglamentación se «congeló» cuando llegó al despacho de Julio Conte Grand, el secretario Legal y Técnico provincial, de reconocidos vínculos con el Opus Dei. Se requiere su firma para que una disposición se publique en el Boletín Oficial y comience a tener vigencia. Antes, otro integrante del gabinete, Joaquín de La Torre, con raíces peronistas, se había pronunciado en contra de la disposición. La postura del actual ministro de Producción provincial es histórica: su padre, Ricardo de La Torre, actuó como abogado para impedir que una joven con síndrome de Down accediera a un aborto, en un caso que llegó hasta la Suprema Corte bonaerense.
Hasta anoche, en el Ministerio de Salud no hubo pronunciamientos públicos.
