La Otra Voz Digital Directora Marta César
Leonor Saire Marcavillaca viuda de Rojas, presidenta de la Coordinadora Nacional de Víctimas de la Violencia Política del Perú- CONAVIP, habló sobre la situación que atraviesa gran parte de la población quechua-hablante, víctimas del terrorismo y olvidados por el Estado.
La Coordinadora funciona desde la presentación del informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación- CVR- en agosto del 2003. En el mismo, se da cuenta de la violencia interna en el Perú desde 1980 al 2000. “Constituye el episodio más violento de nuestra historia republicana”, señaló Marcavillaca y afirmó que “dicha violencia afectó en gran medida a un sector importante de la población históricamente ignorado”. Y es que, “de los testimonios que recibieron, el 75% de las víctimas hablaban lenguas nativas como idioma materno”.
Ante esta situación, la titular de la Coordinadora indicó que lo que se demanda al gobierno del Perú es “mejorar y ampliar, a través de mayor presupuesto, los programas de reparación para las víctimas”, el cual fue aprobado en julio de 2005. “A la actualidad, 40 años que han pasado, y el hecho de que uno sea quechua-hablante en las 16 regiones, dentro de ellos, de 4 hermanos peruanos eran 3 quechua-hablantes que han sido secuestrados y asesinados. Desde 1983 hay más de 20 mil desaparecidos. El Estado tiene toda la potestad de resarcir ese daño”, enfatizó.
Según sostuvo la mujer, “esta reparación ha sido ínfima” y precisó que en materia de viviendas el avance apenas llega al 4%, mientras que en educación alcanza solo el 2%. Al respecto, cuestionó: “Nunca se va a poder llegar a todas las víctimas con unas becas que nos dan tanta lucha. Esto nos cuesta a todas las organizaciones marcha, luchas. Nosotros hemos pedido una reparación digna con nombre propio. Estamos con camino al Bicentenario y exigimos al Presidente que nos dé una mirada en salud, vivienda, educación”.
Por otra parte, advirtió: “En esta pandemia, los bonos no han llegado a esta gente que lo necesita, son dela tercera edad, de la extrema pobreza. Son postergados porque cuando uno adolece de algo cómo van a poderse sanar cuando están tan delicados de salud. Cuánta gente hoy producto de la tortura necesita rehabilitaciones e intervenciones quirúrgicas y no se dan porque ha colapsado. En el Perú, hoy en día, está desnudado el sector salud. Falta equipamiento, medicamentos. Gracias a esta pandemia tuvo que visibilizarse y la enfermedad no espera. Poco a poco se están muriendo. Los hermanos víctimas con el Covid 19 no pueden llegar ni para el hisopado ni para hacer la prueba rápida”.
“Debieran darnos prioridad y resarcir a nuestros hermanos de la comunidad quechua-hablante. Se tiene que modificar este decreto y en esa lucha estamos- subrayó en referencia al escaso resarcimiento económico que reciben-. Se tiene que dar una reparación digna. En ese sentido han errado y aquí se tiene que cumplir, además de la inserción laboral para los hijos de víctimas, que es otro reclamo”.
“Nosotros decimos que se juzgue y se sancione a los responsables. Nunca más terrorismo, nunca más violencia, nunca más desapariciones forzadas, nunca más violaciones”, concluyó Marcavillaca.
Yngrid Cabrera Valentín, Comisionada de la Defensoría del Pueblo de Perú, habló también al respecto y recordó que el plan de reparaciones fue creado por medio de la ley 28592, que creó simultáneamente siete programas de reparación que debían ser ejecutados en un plazo de seis años. No obstante, lamentó que “han pasado más de 15 años y no se han podido ejecutar plenamente”. Se trata de reparaciones económicas y simbólicas en las áreas de educación, salud y vivienda.
“Lamentablemente el gobierno no tiene una política clara de reparación para poder ejecutar. El gobierno sí creó un sistema de reparación. Hay una comisión de alto nivel que está a cargo de hacer el seguimiento y verificar que la reparación sea ejecutada. Esta comisión se creó antes de la ley. Sin embargo, no ha hecho plenamente su trabajo”, expuso.
Además, recordó que por medio de la misma ley fue creado el Consejo de Reparaciones de Perú, junto al Registro Único de Víctimas, ambos pertenecientes al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. “Si bien tenemos ese sistema no se ha ejecutado lo principal”, insistió cuestionando que para el Estado “el tema de la reparación no está en agenda, prácticamente de los gobiernos que han pasado en 15 años”.
“Dentro de todo lo malo, lo bueno es que las víctimas se han podido organizar”, continuó Cabrera, aunque reiteró que pese a las reuniones que vienen manteniendo desde 2017, y pese a las promesas, la situación no ha cambiado.
“Tenemos que crear una vía de reparación para que el Estado pueda ejecutar el presupuesto”, remarcó haciendo hincapié en el hecho de que “el gobierno ha puesto en programas sociales la reparación, junto con otras personas que aspiran a acceder a esos programas”. “Entonces, no hay reparación”, cerró.
AUDIOS COMPLETOS
1.- Leonor Saire Marcavillaca,viuda de Rojas
2.- Yngrid Cabrera Valentín
