La Otra Voz Digital Directora Marta César
El déficit habitacional es la vulneración de derechos infantiles «más grave» en la Ciudad de Buenos Aires porque «impide el ejercicio de cualquier otro derecho», señala un informe que aborda la situación de los cientos de niños y adolescentes que están en la toma de terrenos de Villa Lugano.
En la ciudad, uno de cada cuatro menores de 4 años vive en situación de déficit habitacional y uno de cada cinco en condiciones sumamente precarias, niños que, en un 60 por ciento residen en villas de emergencia, según el informe «Infantilización del déficit habitacional: una temática invisible».
El documento fue elaborado, el año pasado, por la Asesoría General Tutelar porteña y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
Estos datos «nos muestran que no hay planes de viviendas sociales, que se trata a los niños y niñas sin vivienda como intrusos, usando el Código Penal, cuando el Instituto de la Vivienda de la Ciudad tendría que preocuparse en construir casas, no en desalojar», enfatizó ante Télam la abogada Laura Musa.
La ex titular de la Asesoría y directora de la Fundación Sur Argentina, consideró que «penalizar el déficit habitacional no le sirve a nadie, deja sin derechos a los niños, que al no tener una casa, no tienen escuela, salud, espacio de juego. Sus derechos se caen como una torre de naipes».
La situación se da en un contexto con historia de vulneraciones de derechos, donde el llamado `cementerio de autos`, terreno hoy ocupado por personas sin vivienda, ha sido centro de disputas gubernamentales y judiciales.
Según el documento de trabajo N°19 `Procesos de urbanización de villas de CABA` de la Asesoría, publicado este mes, el terreno «es un foco de contaminación por haber sido utilizado por décadas como depósito de vehículos por la Policía Federal» y al mismo tiempo «aparece como el lugar «ideal» para la construcción de viviendas que permitan la urbanización del barrio tal como enuncia la ley de urbanización Nº 1770 de Villa 20″.
El asesor tutelar Gustavo Moreno, en declaraciones a Télam, recordó que el proceso comenzó «con el expediente 12.975/5, caratulado `Asesoría Tutelar contra GCBA sobre otros procesos`, donde pedimos que se desocupe el predio, se realice el saneamiento para luego construir las viviendas».
Al pedido se sumó la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, en ese momento a cargo de Alicia Oliveira, y «en 2006 el juez Andrés Gallardo falló a favor de nuestra solicitud», explicó Moreno.
En ese momento «un informe del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (Inti) determinó que el terreno estaba contaminado, y otro de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires detectó una serie de enfermedades en niños debido a esa contaminación».
En el documento 19 de la Asesoría puede verse que el primer estudio epidemiológico es del año 2004 el cual detectó «elevados niveles de plomo en sangre de los niños asentados en la Manzana 28, contigua al `cementerio de autos` así también como altos niveles de desnutrición, anemia y parasitosis».
Dos años después se realizó un segundo estudio que indicó que los valores de plomo en sangre de los niños se mantuvieron o aumentaron.
El tercer estudio, de 2007, habla de desnutrición infantil, bajo peso al nacer de bebés, infecciones respiratorias, anorexia, niños con retrasos madurativos, entre otras
afecciones.
«En estos años de idas y vueltas logramos que se desocupara casi el 80% del predio, pero nunca se hizo nada por sanear el lugar», resaltó el asesor tutelar, quien confirmó además que su colega Norma Sas «pidió en septiembre último que se hiciera un vallado de contención, pedido que fue rechazado por la jueza Elena Liberatore».
Para Moreno «ni la jueza ni el gobierno de la Ciudad hicieron nada. Si lo hubieran hecho, hoy no estaríamos lamentando una muerte y esta situación que sigue violando los derechos de todas las personas, sobre todo de niñas y niños».
En tanto, para Musa «la verdadera solución es una política de viviendas sociales que priorice los derechos de la niñez y adolescencia».
Imagen : Telam
