La Otra Voz Digital Directora Marta César
Las diputadas nacionales de la Coalición Cívica Elisa Carrió y Fernanda Gil Lozano presentaron tres proyectos de ley para combatir la violencia de género. Sobre los mismos, Gil Lozano expresó que el principal objetivo de las tres iniciativas parlamentarias «es garantizar un acceso a la justicia más eficaz para las víctimas de delitos de violencia de género».
La búsqueda de ambas legisladoras por efectivizar los mecanismos en contra de la violencia de género, tienen su fundamento según se explica en el sitio oficial de la Coalición Cívica, en la consideración de que la violencia extrema contra las mujeres «ha aumentado de manera alarmante en nuestro país tal como lo revela el informe del Observatorio de Femicidios de la Sociedad Civil ?Adriana Marisel Zambrano?, durante el 2010 se registraron 126 femicidios de mujeres y niñas y otros seis denominados ?vinculados? de hombres y niños».
Tanto Carrió como Gil Lozano, tuvieron en cuenta también, los datos obtenidos a través de la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) que depende de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, según la cual «las denuncias vinculadas con la violencia de género crecieron un 75% en dos años -pasando de 375 casos en el mes de enero de 2009 a 657 en el mes de enero de 2010-, y en un 78% de los casos las víctimas son mujeres. En el periodo comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2010, se registró un aumento del 12,5% con respecto al informe del año 2009: 260 femicidios (mujeres y niñas) y 15 femicidios vinculados de hombres y niños».
En ese marco brindado previamente, el primer proyecto apunta a modificar la Ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia de Género, buscando fortalecer de este modo «los principios y medidas de acción obligatoria para los jueces que intervengan en los casos de violencia contra las mujeres, limitando los márgenes de interpretación, entre otras cuestiones».
Sobre esto último, Gil Lozano apuntó que además debe promoverse en el ámbito educativo la formación y el dálogo en cuestiones inherentes a la violencia de género.
El segundo proyecto apunta a la modificación de la Ley 24.417 de Violencia Familiar, que busca «reforzar las medidas de prevención de situaciones de violencia extrema contra la víctima denunciante», intentando de este modo «ampliar el concepto de violencia y los vínculos que hacen a la definición de violencia familiar al incluir dentro de tales a novios, amigos, compañeros y concubinos», con el correlato en aumentar la nómina de personas «que pueden efectuar la denuncia en representación de la víctima menor o incapaz incorporando a cualquier tercero que haya tomado conocimiento directo o indirecto del hecho?.
El tercer y último proyecto de las legisladoras apunta a la modificación de varios artículos del Código Procesal Penal, a modo de que se incorporen a la normativa procesal «aquellas pautas necesarias para que los derechos de las víctimas en el proceso penal sean realmente efectivos». En este sentido, Gil Lozano explicó que muchas mujeres ni siquiera pueden acceder al patrocinio de un letrado, por lo cual se pone énfasis en «la obligación del Estado de proveer patrocinio jurídico gratuito a aquellas víctimas carentes de recursos a la par que dota a la víctima de facultades autónomas, independientes de las del Ministerio Público Fiscal, para que pueda satisfacer su legítimo derecho a obtener de parte de las autoridades judiciales una sentencia que establezca o no la violación a sus derechos».
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