La Otra Voz Digital Directora Marta César
Mirta Pache de Juárez relató sus vivencias en la búsqueda de su esposo y de su hermano desaparecidos durante la dictadura, y remarcó las «complicidades» de la Iglesia, la Justicia y el sector empresarial, al declarar en el marco de la 144ta. audiencia.
La testigo Mirta Pache de Juárez relató sus vivencias en la búsqueda de su esposo y de su hermano desaparecidos durante la dictadura, y remarcó las «complicidades» de la Iglesia, la Justicia y el sector empresarial, al declarar en el marco de la 144ta. audiencia del juicio en la megacausa La Perla, que se desarrolla en la ciudad de Córdoba.
Pache de Juárez tiene desaparecidos a su hermano, Humberto Pache, y a su esposo Pedro Juárez, y recordó a ambos como “trabajadores y militantes preocupados por los derechos laborales y sociales”.
Su esposo era dirigente gremial lechero en la empresa Sancor, quien ya había advertido sobre la complicidad de la compañía con los militares de la dictadura aportando los domicilios de los sindicalistas que “molestaban” al régimen, tal como ocurría en otras empresas.
La mujer recordó que su madre acudió al obisbo Enrique Angelelli para pedir ayuda, pero indicó que el prelado le dijo que lamentablemente «no podía hacer nada porque él mismo estaba en la mira de los militares», aunque la estimuló a mantener las esperanzas en encontrar a sus familiares.
La testigo relató que junto a su suegra fue a ver al ya fallecido cardenal Raúl Francisco Primatesta, pero sólo recibió de su parte palabras de reivindicación sobre el accionar de la dictadura.
También dijo que fueron a pedir información y ayuda en la Vicaría de la Marina y que los recibió el cura condenado por delitos de Lesa Humanidad, Christian Von Wernich, y que este les respondió que el que podía ayudar era el mismo Primatesta “por lo mucho que sabía” sobre los secuestrados y desaparecidos.
En el marco de esas complicidades, Pache de Juárez también recordó que el entonces secretario judicial, Luis Rueda, hoy miembro de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, se apersonó en su vivienda “de una manera canallesca a cobrarme las costas de un juicio que ni siquiera se había realizado».
«Nos pareció -afirmó-, una cachetada que a las familias que teníamos desaparecidos y que ni siquiera teníamos justicia, nos caigan estos embargos sobre cosas que ni siquiera teníamos”.
“Voy a morirme como se han muerto mis compañeros y mis familiares, y no voy a entender en qué lugar de estas personas y sus cómplices está la parte humana. Secuestrar, torturar, matar a niños, estudiantes secundarios, madres embarazadas, tener atadas en una cama y picanearlas hasta que les salga humo. Me voy a morir sin saber dónde estaba la condición humana de estos genocidas y represores”, se preguntó la testigo.
“Estoy convencida de que para que se haya logrado semejante genocidio tuvo que haber complicidades, por eso hoy nosotros, los familiares, los organismos, decimos que no fue un golpe sólo militar, sino cívico militar, empresarial, eclesiástico y judicial”, concluyó. 
Antes de pasar a cuarto intermedio hasta mañana a las 10, el Tribunal Oral Federal 1 (TOF1) escuchó los testimonios de Alcides Alfredo Aphalo, víctima de secuestro y tortura durante su paso por varios Centros Clandestinos de Detención (CCD).
También declaró María del Carmen Boll de Vanella, quien tiene a sus hijas desaparecidas, María del Carmen (23) y Adriana Vera Vanella Boll (19).
Otro de los testimonios fue el de Oscar Osvaldo Neyra, un soldado conscripto que cumplía con el Servicio Militar en Campo de la Ribera, de Córdoba, en el año 1975.
En este juicio se debaten hechos ocurridos entre 1975 y 1976 en los ex Centros Clandestinos de Detención (CCD) de La Perla, La Ribera y el Departamento de Informaciones Policiales (D2).
Desde que comenzó el proceso de enjuiciamiento, el 4 de diciembre de 2012, ya declararon 286 testigos, y acumula 25 causas con 52 imputados, entre ellos el ex titular de Tercer Cuerpo del Ejército, Luciano Benjamín Menéndez.
Los hechos que se juzgan son privación ilegítima de la libertad, imposición de tormentos agravados, aplicación de tormentos seguido de muerte, homicidio calificado, tentativa de homicidio calificado, sustracción de menor de 10 años, abuso deshonesto y violación.
