La Otra Voz Digital Directora Marta César
La fiscalía solicitó que se eleve a juicio oral la causa en la que se investigó a una red de trata de personas de la localidad bonaerense de San Miguel, con tres policías imputados y una meretriz.
Los efectivos están acusados de brindar protección y asesoramiento a los miembros de la red, mientras que la otra imputada es la secretaria general de la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina (AMMAR), seccional Capital.
La banda está responsabilizada de explotar sexualmente al menos a 20 mujeres en situación de vulnerabilidad, a quienes rotaban entre varios prostíbulos de la zona y que eran sometidas a extensas jornadas de trabajo, maltratos físicos y psicológicos.
Así las 16 personas acusadas de integrar una red de trata de personas con fines de explotación sexual que funcionaba en cinco prostíbulos ubicados en la localidad bonaerense de San Miguel irían a juicio oral.
Los policías habrían brindado protección en los locales a cambio de una suma de dinero, y la secretaria general de AMMAR habría obligado a las víctimas, argentinas y extranjeras, a afiliarse al gremio a cambio de una «cuota» mensual para darle una fachada de «legalidad» al funcionamiento y dinámica de la banda.
Así lo informó hoy el sitio fiscales.gob.ar, que destacó que interviene la Fiscalía de Tres de Febrero y el Protex, la «Procuraduría de Trata y Explotación de Personas» que depende de la Procuración General de la Nación.
Los imputados habrían explotado a las víctimas al menos desde el 29 de abril de 2013 hasta el 10 de septiembre de ese mismo año con la retención del 50 por ciento del valor de los «pases» para ejercer la prostitución.
Entre las exigencias estaba la no utilización de preservativos a fin de «promocionar el lugar» y también, las exponían a jornadas de hasta 36 horas sin descanso y les descontaban por llegar tarde o ausentarse.
La mayoría de ellas habrían sido rotadas entre los distintos prostíbulos y esos traslados habrían sido gestionados por personal de seguridad que contrataría remises con tales fines.
El 11 de octubre de 2013, el juez federal de Comodoro Py Ariel Lijo dictó el procesamiento de casi todos los imputados y en diciembre de 2013 fueron confirmados por la Cámara Federal de Capital.
Después, en diciembre de ese mismo año, se ordenó el último procesamiento que en septiembre de 2014 fue confirmado por la Cámara de San Martín.
La solicitud de requerimiento a juicio lleva la firma de la Fiscalía federal de Tres de febrero, a cargo de Paulo Starc, con la colaboración de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas, de la que es responsable Marcelo Colombo.
En septiembre de 2013, fueron allanados los cinco prostíbulos privados, ubicados en la localidad bonaerense de San Miguel y en esa oportunidad, 20 mujeres en situación de vulnerabilidad fueron rescatadas.
Los cinco domicilios estaban ubicados en Alem 1616, Malnatti 1540, Balbín (ex Mitre) 1878, Paunero 1868, Roca 1269, todos ubicados en la misma localidad de San Miguel.
A su vez, tres policías, dos en funciones en ese momento, de la comisaría 1° de San Miguel, y un tercero retirado, también están seriamente involucrados en la causa.
Están imputados de ser el enlace entre los dueños de los locales y el personal de policial ya que se habrían encargado de asesorarlos y resguardarlos a cambio de una suma de dinero que se repartía entre ellos.
Imagen : www.laopinión austral.com.ar
