Sobre la necesidad de la despenalización del aborto en Argentina

Los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos fundamentales, dentro de ellos se considera la práctica del aborto. Surgen en el marco del derecho internacional, del juego armónico de una serie de derechos humanos separados: el derecho a la salud, a la salud reproductiva, a la planificación familiar, el derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad, el derecho a no ser sometido a tortura ni a ningún otro tipo de castigo, sobre tratamientos crueles inhumanos y degradantes, el derecho a no ser discriminado por cuestiones de género, el derecho a no ser agredido o explotado sexualmente, el derecho a la privacidad, el derecho a decidir el número de hijos y el espaciamiento de los nacimientos, el derecho a disfrutar del progreso científico, el derecho a modificar las costumbres discriminatorias contra la mujer, el derecho a casarse y a constituir una familia.

Numerosos Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos consagran los derechos antes mencionados. Asimismo, deben tenerse en cuenta las recomendaciones efectuadas a la Argentina por el Comité de Derechos Humanos en el año 2002, el que en aquella oportunidad afirmo: ?preocupa al Comité que la criminalización del aborto, disuada a las médicos de aplicar este procedimiento sin mandato judicial incluso cuando la ley se lo permite. El Comité también expresa su inquietud ante los aspectos discriminatorios de las leyes y políticas vigentes, que da como resultado un recurso desproporcionado de las mujeres pobres y de las que habitan en zonas rurales a un aborto ilegal y arriesgado. Además recomienda que se reexaminen periódicamente las leyes y las políticas en materia de planificación familiar; las mujeres deben poder recurrir a los métodos de planificación familiar y al procedimiento de esterilización y, en los casos en los que se pueda practicar legalmente el aborto se debe suprimir todos los obstáculos de su obtención?.

En cuanto al primer factor de desequilibrio es sabido que las mujeres de nivel socioeconómico medio y alto acceden en forma privada y sin mayores problemas a la atención sanitaria adecuada en los casos en que se requiere la realización de un aborto, mientras que aquellas de más bajos recursos ponen en riesgo su vida y su salud al verse obligadas a practicarse dichas intervenciones en la clandestinidad y en condiciones sanitarias deplorables. En Argentina, como en la mayoría de los países donde el aborto constituye un delito, la tendencia tradicional es desconocer o negar su incidencia, sus causas y consecuencias para la mujer y para el conjunto de la sociedad; la ilegalidad de estas prácticas provoca una deficiencia en los registros, por ello la morbilidad materna es solo estimable de manera indirecta.

Cada día se realizan más de 55 mil abortos inseguros en el mundo y el 95 por ciento se da en países como el nuestro. Se estima que el aborto inducido en forma clandestina y en condiciones inseguras es la causa de una de cada tres muertes en la región latinoamericana. Según la OMS, América Latina es la región del mundo donde se realiza la mayor cantidad de abortos; la relación entre embarazos interrumpidos y adolescencia no deja de ser alarmante, en todo el mundo más del 10 por ciento de todos los nacimientos que ocurren anualmente suceden entre los 15 a 19 años, con consecuencia y riesgo de muerte materna que es de dos a cuatro veces mayor que en mujeres mayores de 20 años.

En nuestro país el aborto ocupa el primer lugar como causa de muerte materna, se estima que cada año mueren en la argentina más de 500 mujeres y otras 15 mil quedan afectadas en su estado de salud por causas relacionadas con el embarazo, parto y puerperio. Se calcula que se realizan en el país 500 mil abortos por año; las complicaciones del aborto son la primera causa de internación ?excluyendo el parto- de mujeres en hospitales públicos.

El pacto de silencio que se ha construido en torno a la interrupción del embarazo se quiebra a partir de las estadísticas. A pesar de la dificultad de cuantificar la magnitud del problema, las cifras que se obtienen nos demuestran la existencia de un hecho social que se niega y se invisibiliza, pero la realidad nos ratifica una contradicción innegable entre las necesidades reales de la sociedad y los intereses materiales, económicos e ideológicos, de sectores sociales religiosos y políticos conservadores y dogmáticos.

La generalidad de este procedimiento clandestino es considerando una verdadera y mortal endemia, por lo tanto estamos en presencia de un problema de salud pública que los gobiernos deben enfrentar. Los decisores políticos continúan soslayando el problema del aborto en nuestro país, negando la posibilidad de formular políticas integrales de salud. El aborto es un problema de salud pública y como tal debe ser incorporado en la agenda de los gobiernos.

La Conferencia Internacional de Población y Desarrollo de 1994 establece en su capítulo de salud de la Mujer y Maternidad sin Riesgo, lo siguiente: ?los objetivos son promover la salud de las mujeres y la maternidad sin riesgo, lograr una reducción rápida y sustancial en la morbilidad y mortalidad maternas y reducir las diferencias observadas entre los países desarrollados y los países en desarrollo y dentro de cada país, y sobre la base de un esfuerzo decidido por mejorar la salud y el bienestar de la mujer, reducir considerablemente el número de muertes por morbilidad causadas por aborto realizados en malas condiciones?.

A nivel mundial se realizan 20 millones de abortos por año, en los países desarrollados sólo 500 mil y en los países en desarrollo 19 millones 500 mil. En Europa se producen 500 mil abortos por año, en América Latina 4 millones. En nuestro país el 60 por ciento de los argentinos, está comprendido dentro del grupo materno infantil, mujeres en edad fértil, niños, niñas, y jóvenes hasta 20 años; un gasto en salud pública de aproximadamente 720 $ anuales por persona, no evita que cada año mueran 500 mujeres y 13 mil niños y niñas menores de un año, 36 por día, 1 cada 40 minutos.

Esta realidad nacional no es ajena a nuestra provincia, sino todo lo contrario, y afecta principalmente a las más pobres. La despenalización del aborto y su legalización tiene que ver con cuestiones sanitarias y de derecho, y ayudaría a salvar miles de vidas de mujeres pobres. En este sentido es fundamental que el ejecutivo de nuestra provincia reglamente la totalidad de la Ley 7311 de Sexualidad Responsable y el gran desafío que nos espera será implementar esta norma.

Es necesario que en Salta iniciemos y abordemos el debate acerca de la despenalización y legalización del aborto en nuestro país puesto que miles de mujeres exigen día a día: Anticonceptivos para no abortar y aborto legal para decidir.

IMAGEN: infanciahoy.com