La Otra Voz Digital Directora Marta César
Orán (Enviados Especia-les). El ex diputado Ernesto José Aparicio declaró finalmente ayer en el juicio oral y público por el homicidio de la pequeña productora rural Liliana Ledesma, pero lo hizo sin la obligación de decir la verdad, ante la posibilidad de que en el futuro resulte imputado como autor intelectual del crimen.
Dijo que solo conocía de vista a Liliana Ledesma, que es «amigo» de Delfín Reynaldo Castedo, uno de los hermanos acusados de haber mandado a concretar el homicidio, y que de haber sabido que había «cocinas» de elaboración de cocaína en la finca El Pajeal, lo habría denunciado.
La decisión de que el ex legislador declarara sin tomarle el juramento de ley la tomaron los jueces Irene Acosta y Carlos Linares, con la oposición del juez Antonio Omar Silisque, luego de que la querella, representada en esta jornada por el abogado David Leiva, se opusiera al testimonio de Aparicio. Leiva argumentó en primer lugar que el ex diputado es hermano de una de las acusadas, María Gabriela Aparicio, y por lo tanto puede negarse a declarar en su contra.
En segundo lugar, manifestó su oposición a que declare con el juramento de decir verdad debido a que persiste sobre él la sospecha de ser autor intelectual de este homicidio. La querella recordó que su parte ya pidió, durante la instrucción de este proceso, que Aparicio sea investigado por este crimen, cometido el 21 de septiembre de 2006, y anunció que su intención es volver a insistir con este pedido.
El fiscal Mario Maldonado estuvo de acuerdo en que no se le debía tomar el juramento de ley, pero sostuvo que Aparicio debía declarar. El abogado Lucas Lencinas, defensor de María Gabriela Aparicio y de su concubino Aníbal Tárraga, afirmó que el ex diputado debía declarar como se había previsto, jurando decir la verdad.
Lo mismo sostuvo el abogado Ramón Santos Saldaño, defensor de Casimiro «Nene» Torres y Juan Moreno. Tras una deliberación, el tribunal hizo suyos los argumentos del fiscal y decidió que Aparicio declarara, si así lo deseaba, pero sin estar obligado a decir la verdad. Aparicio declaró, y, como era de preverse, fue para defenderse de las sospechas que pesan sobre él.
Dijo que el 21 de septiembre de 2006, día en que mataron a Ledesma en Salvador Mazza, estuvo en una reunión con el gobernador, entonces Juan Carlos Romero, en Piquirenda. Desde allí cruzó a Bolivia para adquirir «unas camisetas» y realizar «otros trámites», que regresó a las 18 a su casa de Salvador Mazza y durmió hasta las 22. Es decir que a la hora en que se cometió el crimen, a las 20 aproximadamente, estaba descansando.
El ex diputado aseguró que se enteró de este hecho por un llamado del dirigente peronista Antonio Na-varro, que lo llamó para hablar otras cosas vinculadas a la política y le pasó la novedad. Navarro fue diputado provincial pero abandonó su banca para huir a Bolivia, cuando la Justicia Federal lo investigaba por narcotráfico. Aparicio dijo que por esa época utilizaba como único móvil el teléfono provisto por la Cámara de Diputados, 154022007, y dijo no recordar si a las 23,31 del 21 de septiembre de 2006 recibió un llamado de Delfín Castedo. «Si tienen la grabación, la escuchamos y veamos si es así o no», insistió. Gendarmería Nacional sostiene que ni bien recibió la noticia del homicidio de Ledesma, Delfín Castedo llamó al número de Aparicio, registrado a nombre de la Cámara de Diputados, y habló con él por 361 segundos. Aparicio pidió aclarar que su teléfono de diputado era público, y se lo difundía por los medios de comunicación inclusive.
Y dijo que con Delfín se hablaba habitualmente, unas dos o tres veces por mes. Número que se queda muy corto respecto de la información recabada por Gendarmería, que solo en septiembre de 2006 registró 36 comunicaciones entre los teléfonos de Castedo y Aparicio. En cuanto a su relación con la familia Ledesma, el ex diputado dijo que tenía un problema «de abigeato» con ellos, porque «me habían robado ganado vacuno».
Sostuvo que realizó las denuncias penales correspondientes. También los Ledesma realizaron denuncias por abigeato. Asimismo, Aparicio negó que los caminos cerrados, que motivaron el enfrentamiento con Liliana Ledesma y otros pequeños productores de la zona, no son vecinales, sino privados. Esta afirmación choca con una disposición del Concejo Deliberante de Salvador Mazza, que declaró vecinales estos caminos, a pesar de que están en una propiedad privada.
El ex legislador trató de dejar en claro que no compartía la explotación de la finca El Pajeal con los Castedo, sino que tienen fincas vecinas. Sin embargo, esta finca, que en teoría sería de Aparicio, estaba siendo explotada por los Castedo cuando se cometió el crimen. «No tengo idea», dijo Aparicio cuando el fiscal le preguntó si sabía que había inconvenientes entre Ledesma y los Castedo. E insistió en los Ledesma y otros integrantes de la Asociación de Pequeños Productores y Ganaderos de Madrejones no son ni campesinos ni puede existir esta organización, «porque son intrusos ahí».
Aparicio aseguró también que no supo que Liliana Ledesma dijera que él la había amenazado, se quejó de que cuando la productora fue a la ciudad de Salta a denunciar el cierre de caminos y desmontes no haya hablado con él, que entonces presidía la Comisión de Hacienda, y, en cambio, solo hubiera hablado con la entonces diputada provincial Adriana Pérez.
Dijo que él aceptó sacar una declaración reclamando la apertura de todos los caminos vecinales. Respecto de los hermanos Castedo, Aparicio insistió en que solo es amigo de Delfín, dijo que a Raúl Amadeo «Ula» Castedo lo conocía apenas y que este joven nunca trabajó para él.
E insistió en que no hablaban mucho por teléfono con Delfín y que luego del crimen solo lo vio dos veces: una vez en su casa de la ciudad de Salta y otra en Mosconi. Dijo que Delfín le dijo que querían involucrarlo en el homicidio de Ledesma y que habían amenazado de muerte a su hermano, y que él le recomendó ir a la Justicia.
