La Otra Voz Digital Directora Marta César
Por unanimidad, la Cámara de Diputados tuvo que votar la prórroga a la ley que suspendería desalojos mientras se realiza el relevamiento de las comunidades indígenas.
El próximo 13 de noviembre vencía la última prórroga a la Ley 21.160. La ley declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de tierras que ocupan las comunidades indígenas. En realidad, aquellas comunidades registradas ante el Registro Nacional de Comunidades Indígenas del Estado argentino.
Aunque el proceso se inició en 2006, durante la gestión de Néstor Kirchner, de las 1.532 comunidades identificadas por el Programa Nacional de Relevamiento Territorial Indígena (Reteci), sólo se concluyó el relevamiento de 459 comunidades. Esta situación deja expuestas a las mismas a una tensión importante, ni hablemos de aquellas que se encuentran en conflictos por tierras como ocurre en Neuquén o el Noroeste de Chubut.
En los últimos meses había crecido la preocupación entre muchas de esas comunidades. La ley tenía evidentes límites. Por un lado políticos (los relevamientos dependen de la voluntad del Gobierno y su Instituto Nacional de Asuntos Indígenas), pero también judiciales, por la actitud de jueces y fiscales ante la cuestión territorial. Pero aún así es para las comunidades un paraguas contra los constantes intentos de empresarios y terratenientes de avanzar sobre sus tierras.
La prórroga se había tratado en el Senado en septiembre. Allí Cambiemos había intentando limitar el tiempo de la extensión. Pero también los senadores del peronismo de distintas provincias habían puesto palos en la rueda para su aprobación tal como reclamaban las comunidades.
El contexto de la desaparición de Santiago Maldonado y la represión a la comunidad mapuche en Chubut, habían expuesto la cuestión como no había ocurrido en otras veces.
Finalmente, en el día de hoy 215 diputados aprobaron la prórroga.
