La Justicia revocó un sobreseimiento y ahora un intendente y un policía fueron procesados. Detalles de cómo seguirá la investigación.
Una santiagueña que escapó de una red de trata de personas volvió a poner en jaque a un intendente y un policía. El caso se ventila nuevamente en estos días en la provincia de La Pampa.
El intendente de la localidad pampeana de Lonquimay, Luis Enrique Rogers, quien había dicho que los prostíbulos eran “un lugar de esparcimiento para jóvenes y camioneros”, vuelve a estar procesado por trata.
La Sala IV de la Cámara de Casación Penal revocó los sobreseimientos que pesaban contra él y contra el policía Carlos Alanis en una causa por trata de personas con fines de explotación sexual.
Ambos están acusados de ser cómplices de una red que explotaba mujeres en “Good Night”, un prostíbulo ubicado en la entrada de Lonquimay, a la vera de la ruta 5. Rogers, jefe comunal del pueblo de 1.500 habitantes, había hecho declaraciones públicas en contra del cierre del local. Pero además había aprobado la habilitación del lugar como “servicios de salones de baile”. También había firmado las libretas sanitarias de las mujeres prostituidas, que incluían estudios ginecológicos y de HIV.
El fallo que se dio a conocer en estos últimos días lleva la firma de Mariano Hernán Borinsky, Juan Carlos Gemignani y Gustavo Hornos.
El recorrido del expediente judicial comenzó hace cinco años a partir de distintas denuncias. Todas confluían en el prostíbulo “Good Night”. En julio de 2009, el entonces jefe de la Brigada de Investigaciones, Carlos Alberto Chico, había pedido la intervención del teléfono de Carlos Fernández, el dueño del local. Lo investigaba por presuntas irregularidades. Sospechaba que allí había víctimas de trata. Para sorpresa del policía, en las escuchas aparecieron dos nombres: el del subcomisario Alanis y el del intendente Rogers. En septiembre de 2009, una joven santiagueña que había llegado a La Pampa por una oferta laboral, denunció que había sido secuestrada en “Good Night” y era víctima de explotación sexual.
La mujer había logrado irse del lugar después de pagar por gastos de comida e higiene.
En octubre de ese año apareció otra acusación: La misma mujer agregó que el policía tenía una relación estrecha con el intendente Rogers y con Fernández, dueño del local en cuestión. Después se sumaron otras denuncias y el 28 de octubre de 2009 se hizo un allanamiento en el local. La policía encontró tres mujeres, víctimas de trata, y un cuaderno en el que estaban anotados los “pases”, como se nombra en la jerga al acto de pagar para tener relaciones sexuales. Fernández (propietario) se quedaba con el 50% de la ganancia y las mujeres no podían salir del lugar ni disponer de la totalidad del dinero ganado. Una de ellas declaró que estando enferma no recibió asistencia ni medicamentos.
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