La Otra Voz Digital Directora Marta César
Salta parece el lugar ideal para que muchos padres vulneren los derechos de sus hijos, en cuanto es una de las provincias más retrasadas en legislación sobre cuota alimentaria. Aquí los registros de este tipo no implican sanciones, sino que sólo ponen en conocimiento público el nombre del incumplidor, situación que ilustra la gravedad del problema que viven a diario miles de niños y niñas que además de ser rehenes de alguno de sus progenitores en lo económico sufren como correlato la misma suerte en el plano afectivo.
Sobre esto debe aclararse que las modificaciones efectuadas al original Registro de Deudores Morosos, realizadas a través del ámbito legislativo sin que mediara una consulta entre las partes interesadas, derivó en eliminar las trabas que podían presionar para que el padre o la madre que incumplen retracten su actuación, quitando de este modo diversos impedimentos, como la imposibilidad de acceder a viviendas gestionadas a través del Estado, ser proveedor del mismo, participar de procesos licitatorios u obtener nombramientos en cargos públicos.
Al respecto, Fabiana Lezcano, presidenta de la Asociación Madres y Padres por el Derecho de Familia afirma que la justicia salteña es temerosa de respetar los derechos de los adultos pero arremete de esta manera contra niños y niñas que viven a diario este tipo de realidades. También cuestiona el retroceso sufrido en esta materia cuando otras provincias como Córdoba, San Juan y Buenos Aires se encuentran mucho más avanzadas y adonde la sanción contra el deudor lleva a que no se otorgue ni se renueve el registro de conducir. Vista así, la situación se torna tan compleja que ironiza invitando a los deudores de todo el país a residir en Salta, única provincia en la que ni se sanciona ni se apresa a este tipo de morosos, por lo cual, cientos de padres optan por no iniciar lo que consideran un trámite, existiendo actualmente sólo cerca de 100 personas anotadas en toda la provincia, cuando las cifras verdaderas revelan la existencia de miles de casos con iguales características.
La titular de AMAPADEFA cuestiona entre otras cosas, la falta de sistematización de los poderes implicados en esta temática, recordando que la gravedad del asunto es tal, que durante 2007 se registró el inicio de unos 200 a 300 juicios mensuales por cuota alimentaria, por lo cual afirma que esto es ?un vergel para los incumplidores alimentarios? si se toma en cuenta la actuación que lleva a cabo el Gobierno y el Poder Judicial de la provincia, destacando que poco se hace para modificar esta realidad, cuando los tiempos de la justicia son tan largos en el fuero civil y penal que los hijos llegan a alcanzar la mayoría de edad sin que se efectivice el pago de la cuota. Sobre esto, agrega un último perjuicio sufrido en el inicio de la gestión Urtubey-Zottos, con la disolución del Programa de Riesgo Social, con quienes mantenían un convenio, que también se disipó, cortando así la asistencia psicológica que recibían del mismo.
La Asociación Madres y Padres por el Derecho de Familia se reúne todos los sábados de 10 a 12 en Mendoza 472 1º Piso. Salta. Para mayor información comunicarse al 4342352
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