La Otra Voz Digital Directora Marta César
«Las restricciones en el decreto de Urtubey debería llevar al estado provincial a trabajar sobre la anticoncepción hormonal de emergencia pero estamos en una provincia en la que no se destina presupuesto para la salud sexual y procreación responsable, en la que no está reglamentada la ley, en la que se garantiza la educación religiosa pero no la educación sexual pese a que en Salta es muy alto el índice de embarazos adolescentes», manifestó la filósofa e integrante de la Comisión de la Mujer de la UNSa, Beatriz Guevara.
Guevara resaltó que aunque el gobernador sea católico «tiene que gobernar para tod@s».
Recalcó además, que l@s funcionari@s «tienen la obligación de trabajar para tod@s l@s ciudadan@s, sean católicos o no y está planteada la objeción de conciencia para aquell@s profesionales que no estén de acuerdo con el aborto no punible y para quienes sufran un embarazo producto de una violación que puedan elegir, pero no por eso no se va a garantizar a las demás mujeres que recurran a exigir un aborto no punible».
Guevara distinguió también, e intentó esclarecer la confusión entre los que son los casos de abortos no deseados producto de una relación sexual consentida y la situación que se plantea en el caso de violación.
En la diferenciación última advirtió, que ante un abuso sexual no sólo se plantea la salud psicológica de la mujer, sino también la del niñ@ que nazca si no se permite la interrupción voluntaria del embarazo, «porque no va existir un reconocimiento de la criatura como cualquier otr@ hij@ fruto de una relación consentida», lo que implicará «prolongar de por vida el trauma de la violación que ha sufrido la mujer».
«Para muchas mujeres que están en una buena situación económica es muy sencillo decir que se está a favor de la vida, porque si ella o su hija resulta embarazada producto de una violación le es muy fácil mantener esto en la esfera privada recurriendo a una clínica», afirmó, haciendo referencia a algunas de las declaraciones vertidas días atrás por la ministra de Derechos Humanos de Salta, María Pacce.
«Muchas mujeres católicas practicantes se han hecho un aborto o bien respetan esto que no es una decisión feliz, sino que más bien corresponde a una situación límite, especialmente cuando se trata de una violación», destacó.
«Qué es lo que tiene que probar una mujer. No se valora la voz de una mujer que presente la declaración jurada diciendo que ha sido violada», puntualizó Guevara, señalando que si bien existe la hipótesis de los casos fabricados, esto «no debe limitar el derecho de las niñas, adolescentes y mujeres salteñas que sufran una violación y que luego se las revictimice o se las vuelva a violentar a través del sistema de justicia y de salud si es que no se llega a implementar como está estipulado el fallo de la Corte Suprema de justicia de la Nación», reflexionó.
Por último, Guevara consideró que el fallo de la Corte claramente exhorta al estado nacional y a los provinciales a que tomen cartas en el asunto, siendo el decreto de provincial «un retroceso» a lo que plantea la sentencia.
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