La Otra Voz Digital Directora Marta César
La Comisión de Familiares en Lucha contra la Impunidad, la Junta Promotora del Agua Salta y el Partido Obrero responsabilizaron al gobierno de la provincia de Salta por la muerte de Evangelina Pisco y las desviaciones de la investigación al momento de su búsqueda, que derivó en aparentes apremios ilegales que habrían distorsionado las declaraciones de las personas que permanecieron detenidas tras el hallazgo del cuerpo de la adolescente.
La Comisión de Familiares en Lucha contra la Impunidad, la Junta Promotora del Agua y el Partido Obrero, responsabilizaron al gobierno de la provincia de Salta por la muerte de Evangelina Pisco y ?las desviaciones de la investigación? al momento de su búsqueda, que derivó en aparentes apremios ilegales, lo que habría distorsionado las primeras declaraciones de personas que permanecieron detenidas tras el hallazgo del cuerpo de la adolescente. (Por Mabel Corrales)
El cadáver de Evangelina Pisco ?una jovencita de 16 años de la etnia chorote, que estaba desaparecida desde la madrugada del domingo 2 de mayo- fue encontrado luego de cinco días en un conducto cloacal en Tartagal por personal de la Policía de Salta, en un sector de la tubería a 300 metros de donde habían comenzado la búsqueda días atrás.
Con la solicitud de interpelación del ministro de Gobierno, Seguridad y Derechos Humanos de la provincia, Pablo Kosiner (por iniciativa del Partido Obrero aprobada en la sesión de la Cámara de Diputados del martes pasado), se puso de manifiesto que la muerte de la joven desnudó un aparato estatal ?en profunda descomposición?, ya que ante la denuncia de los familiares -quienes habían advertido que la joven había caído a una cámara del sistema cloacal- terminó organizando ?un operativo para mostrar que se había cometido un horroroso crimen?.
?Algunos detenid@s confesaron haberla matado bajo tortura. Hasta les hicieron decir que la habían descuartizado. La aparición del cuerpo de Pisco desenmascaró esta brutal maniobra?, señala el documento del PO, indicando que este accionar ?no se trata de un hecho aislado? sino que forma parte del ?modus operandi de una policía al servicio de la represión?.
El miércoles 5 de mayo, María Eugenia Aramayo, una de las personas acusadas por el supuesto crimen de la adolescente, dijo en su lengua nativa (el wichi), que Evangelina había sufrido un accidente, y que el asesinato ?era una mentira?. Cuando se le consultó por qué había mentido, dijo que las presiones de los investigadores la habían obligado a hacerlo.
Los ?aprietes?
El documento, a través de un proyecto de Resolución en la Cámara de Diputados Provincial, basado en los artículos 116 de la Constitución Provincial y 166 del Reglamento de este Cuerpo, solicita la presencia del ministro de esa cartera a fin de que informe sobre «todo lo relativo a la muerte de la joven Evangelina Pisco en la ciudad de Tartagal».
En sus considerandos, manifiesta que los ?aprietes? de la policía local han derivado en numerosas represiones contra estudiantes, comunidades aborígenes, vecin@s, periodistas y especialmente jóvenes, coincidiendo en este punto con los planteos realizados desde la Junta Promotora del Agua y l@s Familiares de Lucha contra la Impunidad.
Las acusaciones difundidas desde estos tres sectores, no se detienen sólo en los confusos momentos que se vivieron durante la investigación, sino que avanza hacia la responsabilidad que le cabe a la empresa Aguas del Norte, ?aun en manos del Estado», pero con la lógica de Aguas de Salta, como ?responsable por haber dejado esa cámara abierta provocando la muerte de Pisco, y exponiendo al resto de la población a correr con la misma suerte?.
Desidia e indiferencia
Por su parte, y desde la Junta Promotora del Agua, se ha puesto énfasis también en la ?desidia y la indiferencia ante los ciudadan@s de barrios periféricos de Tartagal por parte de la Sociedad Anónima Aguas del Norte y la apatía del Ente Regulador, que por no controlar las condiciones del servicio, ?generaron el peligro mortal?, manifestando que existe un ?desprecio de la condición humana de l@s pobres?.
Califican el hecho como parte de la norma ?en empresas que tienen por fin el lucro y para nada reconocen la dignidad de las personas? y ratifican que no es extraño que al tratarse de una familia que pertenece a nuestras comunidades originarias ?se haya actuado de semejante modo?.
Debe recordarse asimismo, que por estos días la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de la Provincia de Salta, se reunirá con familiares de Evangelina y con las personas que fueron detenidas y que a consecuencia de ello, habrían sufrido apremios ilegales para ?confesar? un crimen que no cometieron.
