Resarcimiento a joven abusado por un sacerdote

Carlos Lombardi, el abogado de González, destacó que Iván no optó por denunciar penalmente el abuso en sí -que además había prescripto- sino a iniciar una causa por daños morales, producto de que no le permitieron participar del procedimiento de investigación. Esto, subrayó, implica que se violó su derecho constitucional a la información fundada y a conocer la verdad, como también a participar de ese proceso.

Paradójicamente, cuando el caso llegó a la Justicia en primera instancia, en el 7° Juzgado en lo Civil, el joven pudo acceder a datos que le habían sido negados hasta ese momento, como por ejemplo, que el sacerdote que abusó de él se alejó de la Iglesia en 2010. En este sentido, Lombardi comentó que su defendido ha podido cerrar un ciclo. El letrado planteó que espera que el Arzobispado decida actuar en concordancia con la «atmósfera de transparencia» del Papa Francisco, quien ha puesto énfasis en investigar los casos de pedofilia en la Iglesia Católica. De todos modos, reconoció que están en todo su derecho de recurrir a la Corte.

Por su parte, Marcelo de Benedectis, vocero del Arzobispado, planteó que no tienen ninguna noticia -la otra parte fue notificada el martes- y que con gusto hablarán sobre el tema cuando estén al tanto de la decisión de la Cuarta Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Minas, de Paz y Tributario.

Más de diez años de espera

Iván se acercó a una parroquia en el departamento de San Martín, con la inquietud de elegir el sacerdocio. En 2001 denunció en el Arzobispado que había mantenido una relación de dos años con un sacerdote, quien había abusado de él, ya que si bien no era menor, sí se trataba de un mayor vulnerable por haber un vínculo asimétrico. Luego de no recibir noticias sobre cómo había avanzado el proceso de investigación -pese a que se comunicó varias veces para que le informaran- publicó una carta en el espacio para lectores de Diario Uno en 2004.

En 2010 presenta, ya a través del abogado Carlos Lombardi, un pedido de informes en el Arzobispado y, cuando desde la entidad responden que es improcedente, optan por una demanda por daños y perjuicios. La acción no estaba enfocada en el abuso sexual en sí mismo, sino en cómo lo afectó el que se le negara la posibilidad de conocer cómo avanzaba el procedimiento de investigación, con lo que se violó su derecho a la información fundada y a conocer la verdad.

El año pasado, el 7° Juzgado en lo Civil falló en contra del demandante, porque consideraba que no se había producido daño, por lo que apelaron la decisión. Finalmente, el lunes los jueces de la Cuarta Cámara de Apelaciones condenaron al Arzobispado a abonar treinta mil pesos -más intereses- a Iván González, por considerar que «tenía el derecho a ser informado de manera oficial sobre los procedimientos seguidos y el resultado de los mismos, y no tener que esperar 10 años para obtener por vía judicial la respuesta esperada».