La Otra Voz Digital Directora Marta César
Ante la negativa del juez Victor Soria y la intervención de la Defensora Oficial Claudia Flores Larsen, para impedir el derecho de una niña a la realización de un aborto no punible, se sucedieron distintas expresiones de repudio en Salta.
Entre quiénes hicieron pública sus diferencias y rechazo ante el fallo de Soria se encuentra la CONSAVIG (Comisión Nacional Coordinadora de Acciones para la Elaboración de Sanciones de la Violencia de Género), que manifestó «su indignación por la incalificable situación de violencia a la que ha sido sometida una niña (quien porta un embarazado producto de una violación) por parte de funcionarias/os del Poder Judicial de Salta».
En un comunicado, su titular Perla Prigoshin ratificó el repudio al accionar de la Asesora de Incapaces, Claudia Flores Larsen, «quien no cumplió con su deber de proteger a la menor al presentar un Amparo solicitando la no interrupción del embarazo que había pedido la madre de la niña».
En el mismo documento, se expresa que no merece menor desprecio la decisión del juez Víctor Soria, «quien hizo lugar a semejante aberración jurídica y produjo un fallo vergonzoso ordenando que no se realice la práctica, en abierto desafío tanto al art 86 del Código Penal como al fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de Marzo de 2012 ( F.A.L., s/medida autosatisfactiva)», agregando que el magistrado «declaró inconstitucional el Decreto Provincial 1170/2012, que dicta un protocolo para la realización de abortos no punibles, no porque el mismo establezca restricciones inaceptables que se apartan de lo establecido por el referido fallo de la Corte Suprema y por la Guía Técnica del Ministerio de Salud de la Nación, sino para obturar aún más el ejercicio del derecho de la adolescente a tener una vida libre de violencias».
Por su parte, la delegación en Salta del INADI (Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo), resaltó que la decisión del Juez «de suspender el aborto no punible de esta adolescente de 14 años, violada y golpeada desde los 12 años por su padrastro y de disponer, mediante medida cautelar, que un equipo multidisciplinario la acompañe hasta el parto y luego dé su hijo en adopción, desconoce, niega y vulnera el derecho de la víctima a decidir sobre su propio cuerpo».
También destaca, que el juez «se arroga facultades que son inherentes a la víctima, vulnerando su derecho a la dignidad y a la integridad personal (Ley 26.061 art. 9) y agrega al ataque que recibió la niña la “violencia institucional” ejercida por el poder judicial, tal como la define la Ley 26.485 de Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres», manifestando además, que esta decisión del Juez compromete la responsabilidad internacional del Estado Argentino, desconociendo lo establecido por la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la Mujer “Convención de Belem do Para”, así como lo establecido por la Organización Mundial de la Salud en la materia y distintos pronunciamientos del Comité de Derechos Humanos y del Comité de los Derechos del Niño, ambos de Naciones Unidas, que recomendaron la necesidad de garantizar el acceso seguro a los abortos no punibles en nuestro país y la eliminación de las barreras institucionales y judiciales que han impedido a las víctimas de una violación acceder a un derecho reconocido por la ley».
La senadora provincial Gabriela Cerrano, también se expresó al respecto, señalando que el fallo del juez Soria «es un verdadero bochorno que prohibe la realización del aborto no punible diciendo que los médicos incurrirían en un delito». De igual manera, la legisladora manifestó que debe revisarse la actuación del Hospital Materno Infantil que permitió que la niña fuera visitada recurrentemente por grupos antiderechos que con imágenes y fotografías intentaron que la adolescente decida no interrumpir la gestación.
