La Otra Voz Digital Directora Marta César
La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito viene bregando para que el aborto sea legal desde hace muchos años. Tiempo para el debate del aborto legal es siempre. Es más, llega tarde este debate si consideramos los derechos vulnerados y las consecuencias que trae la clandestinidad de esta práctica.
Ahora bien, queremos que este debate se dé con las condiciones necesarias y con la altura que el tema merece. No nos interesa que los derechos de las mujeres sean tratados en medio de maniobras políticas con fines electorales, no queremos quedar presas de momentos políticos que no garanticen las condiciones que el debate se merece para que avancemos en el logro de nuestros propósitos. En principio hubo un llamado unilateral del Presidente de Legislación Penal, para debatir el tema el día 27 de septiembre, que finalmente fue prorrogado hasta noviembre, frente a los pedidos de no incluir un debate complejo como el del aborto en medio de una contienda electoral, a escasos 20 días de las elecciones nacionales.
Este debate en el ámbito del Congreso comenzó en las audiencias públicas del 30 de noviembre de 2010 y el 13 de julio de 2011 convocadas desde la Comisión de Legislación Penal. La Campaña apoyó esas audiencias públicas como modos de instalar en el ámbito del Congreso el debate sobre el aborto. Las invitadas del exterior, Marianne Mollmann (Human Rights Watch) y Luz Mejía (CIDH), respectivamente, demostraron la compatibilidad entre la despenalización y legalización de aborto y la Constitución, las leyes y los tratados internacionales vigentes en Argentina.
El día 1° de noviembre es la primera reunión de la Comisión de legislación Penal para comenzar a tratar los proyectos sobre aborto. De esa convocatoria nos interesa que se desarrolle únicamente la discusión por la despenalización y legalización del aborto en el país, en particular el proyecto de ley de la Campaña, firmado por 50 diputadas y diputados de diferentes bloques. No depende de nosotras como miembros de la Campaña, la decisión final de cuál va a ser el posicionamiento al respecto del conjunto de las/os diputadas/os firmantes-amigables y sus bloques.
Estamos en desacuerdo con volver sobre proyectos de ley de aborto no punible, como el que presentó Vega para su discusión ese día, lo evaluamos un retroceso, dadas la jurisprudencia ya reunida, el dictamen de la ONU que condenó al Estado argentino por no garantizar el aborto no punible a LMR en 2006, y el hecho de que nuestro proyecto de ley abarca y supera el debate sobre los no punibles al eliminar el aborto del Código Penal salvo en los casos en que se trate de una imposición no consentida por la mujer gestante.
El proyecto de ley de la Campaña consagra el derecho de la mujer a interrumpir su embarazo voluntariamente dentro de las primeras 12 semanas de gestación; un plazo que se amplía en casos en que la interrupción del embarazo esté motivada por razones de riesgo para su vida o salud, por malformaciones fetales graves incompatibles con la vida, o en casos en que el embarazo resulte de una violación. La demanda de la mujer gestante debe ser atendida en hospitales públicos, centros de salud, obras sociales, prepagas.
Somos conscientes del carácter complejo y controvertido de este debate, los pasos que se vayan dando en el espacio del Congreso deben ir en sintonía con la construcción de consensos para que las fuerzas políticas aprueben de una vez la legalización del aborto. Estos años de trabajo han puesto en evidencia -una vez más- que los tiempos parlamentarios en estos temas son en extremo complejos, que no hay lógicas unívocas ni facilistas ni recetas siempre a mano. Como parte de estas cuestiones, sabemos que el debate debe obtener dictamen favorable en las comisiones de: legislación penal, salud y familia, antes de poder ingresar al recinto para su discusión.
Fundamentamos nuestra posición en que el derecho al aborto es una deuda que la democracia argentina tiene con las mujeres para un pleno ejercicio de sus derechos; en la ineficacia de la prohibición del aborto para reducir su frecuencia; en la evidencia de que la criminalización del aborto sólo garantiza una intolerable discriminación social y sexual, por la cual las mujeres sin recursos que no pueden pagar el aborto en el circuito clandestino ponen en riesgo su vida y salud, y se arriesgan a ser denunciadas o maltratadas en los centros públicos de salud.
En resumen, reforzamos las siguientes ideas:
+ Necesitamos que las comisiones de legislación penal, salud y familia discutan el proyecto de ley de la Campaña y que sea aprobado en el Congreso de la Nación. Seguir presionando y empujando con las acciones de cabildeo social de la Campaña es fundamental para lograr esta posibilidad.
+ Discrepamos con la perspectiva de volver a discutir el aborto no punible, que interpretamos como una estrategia para clausurar el debate sobre el derecho al aborto legal, seguro y gratuito.
+ No necesitamos legislar sobre Aborto No punible, dado que esto se garantizará cuando se aprueba la ley de aborto voluntario en este país. En cada caso en que un aborto no punible es demorado o impedido por los integristas religiosos presentes en servicios de salud y en el poder judicial, la Campaña ha luchado por el cumplimiento de las leyes vigentes y la aplicación de la jurisprudencia ya existente que toma el concepto de salud de la OMS e interpreta el inciso 2 del articulo 86 como todos los casos de violación, y no solamente los de una discapacitada. No queremos volver a legislar lo ya legislado, sino avanzar hacia la despenalización y legalización del aborto, el único modo de no dejar librada la realización de los abortos a interpretaciones que respondan a la ideología o mera conveniencia de jueces, médicos y supuestos expertos en bioética.
+ Defendemos el derecho de las mujeres a decidir sobre sus vidas. No imponemos a nadie nuestra concepción de la vida, la sexualidad o la maternidad. Activamos para que quienes por una u otra razón recurran al aborto encuentren en el sistema de salud pública una respuesta segura y satisfactoria a lo que se les presenta como una necesidad. La opinión pública acompaña mayoritariamente nuestra posición, es imperioso que el Parlamento se haga eco de este reclamo.
Marta Alanís, Claudia Anzorena, Estela Díaz, Cristina Ercoli, Florencia López y Ruth Zurbriggen
-Comisión de Articulación-
Buenos Aires, 18 de setiembre de 2011.
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