La Otra Voz Digital Directora Marta César
Cada año en el mundo ingresan a la prostitución 4.000.000 de mujeres y niñas, muchas de las cuales son esclavizadas a través de redes que las secuestran y las someten a un sinnúmero de vejámenes. En referencia a esto, las organizaciones de mujeres consideran la prostitución y la trata como una misma realidad que no hace más que ilustrar otra de las formas de violencia que se ejerce contra la mujer.
En nuestro país esta problemática es alarmante, en cuanto la legislación sobre trata de personas, promulgada en abril de 2008 ha dejado sin resguardo a las mujeres mayores de 18 años, quienes son también presa fácil a través de propuestas de trabajo engañosas que publican los matutinos de todo el país y que encubren a las cientos de organizaciones que se dedican al comercio sexual esclavo. Visto así pareciera que el resguardo que brinda el Estado a quienes han sido explotadas sexualmente se esfuma con la pérdida de la condición de infante, ya que si una mujer ha sido secuestrada o esclavizada mediante engaño para prostituirse y no es menor de 18 años debe probar que no ha dado consentimiento para permitir su explotación sexual.
Dadas estas circunstancias, y la falta de peso de la ley sobre proxenetas y prostityentes, durante todo 2008 se ha desarrollado en Argentina la campaña: ?Ni una mujer más víctima de las redes de prostitución?, iniciativa que ha puesto el centro de su mirada en la existencia de hombres que obligan a las mujeres a comercializar su cuerpo y también de quienes fomentan este mercado a través del consumo. Desde este lugar y a diferencia de cómo se ha desarrollado históricamente el comercio sexual de las mujeres que desde siempre ha gozado de la protección estatal para la proliferación de prostíbulos, se denuncia la forma en que se asocia el cuerpo de la mujer, ?como objeto de intercambio, como una mercancía al servicio sexual de los varones?, poniendo énfasis en la complicidad de los distintos poderes que integran nuestro ordenamiento institucional.
El norte argentino, un referente en represión callejera
Una vez más el Código Penal de la Nación Argentina que establece reclusión para quienes promovieren o facilitaren el ejercicio de la prostitución de menores o bien de mayores de edad a través del engaño o la amenaza, parecen convertirse en letra muerta, porque la verdadera represión y castigo se da en las calles, como ocurre en Salta, adonde las redadas terminan apresando a travestis y meretrices, a través de procedimientos policiales, pero rara vez se allanan prostíbulos o wiskerías, siendo la fuerza policial un objeto más del eslabón que ataca a las personas en situación de prostitución y no a los proxenetas. Por lo cual, como se refiere en la campaña citada con antelación, el énfasis debería situarse en ?actuar sobre la demanda, las redes mafiosas y las complicidades del Estado? y no como hasta ahora en las personas en situación de prostitución.
Sobre esto, el comisario inspector Vicente Cordeiro, Director General la Brigada de Investigaciones en Salta, asegura que desde la Policía se desarrollan chequeos permanentes de los burdeles que existen en la provincia y que todas se encuentran bajo conocimiento de la justicia. De igual manera afirma que muchas mujeres vuelven al ejercicio de la prostitución al poco tiempo de haber sido detenidas, asegurando que el Código de Contravenciones provincial faculta a las fuerzas de seguridad sólo a actuar en casos de prostitución callejera y que es allí adonde se han detectado muchas niñas.
Cordeiro refiere también que lamentablemente en la región es alarmante la trata de personas y que a raíz de esto se han desarrollado diversos operativos en Córdoba, Chile y Paraguay, reconociendo que se debe cambiar la forma de actuación policial, ya que el turismo sexual ha permitido la proliferación de la prostitución, habiendo un requerimiento de 7 travestis por cada mujer.
El jefe de la Brigada de Investigaciones precisa además que se debe ejecutar un cambio cultural entendiendo que la actuación policial debe respetar los derechos humanos y no violentar a ninguna persona, ya que de existir una denuncia formal radicada por vejámenes al momento de las detenciones, bastaría para que se aparte al denunciado de las fuerzas de seguridad.
Fuente: «Piquete y Cacerola» FM Noticias 88.1
Foto: www.oimlima.org.pe
