Reclaman la reglamentación de la ley de Discapacidad

La norma aprobada en 2011, garantiza el derecho a recibir atención médica y asistencia adecuada. Pero en la provincia aún no fue reglamentada.

Las personas con discapacidad de Mendoza permanecen en situación de desventaja respecto de quienes viven en el resto del país. Es que la provincia aún no ha adherido a la Ley Nacional de Discapacidad N°24.901, que garantiza su derecho a recibir atención médica y asistencia adecuada pese a que la ley N° 8373 que debía hacerlo efectivo fue sancionada el 15 de noviembre de 2011.

El grupo de padres de personas con discapacidad que durante años lucharon por esa sanción lo atribuyen a falta de intención de la gestión anterior para hacerlo efectivo y por eso, ni bien asumido el nuevo gobierno apelarán a su buena voluntad para lograr este tan anhelado objetivo.

Este grupo llamado Red Madres Discapacidad Mendoza (antes conocido como Padres Autoconvocados) presentará hoy en la Legislatura una nota dirigida al gobernador Alfredo  Cornejo y la vicegobernadora Laura Montero en la que se solicita básicamente que se cumpla con lo estipulado en esta norma.

«Es nuestro deseo que este Nuevo Año 2016  se concrete  el anhelo tantas veces expresado de reglamentarse la ley  8.373 (adhesión  al régimen establecido en la Ley Nacional 24.901, que instituye el Sistema de prestaciones básicas en habilitación y rehabilitación integral a favor de las personas con discapacidad) a más de cuatro años de su sanción en nuestra provincia», detalla el escrito.

Esta norma establece en su artículo primero la adhesión la al régimen establecido por la ley mencionada.

Además señala en su segundo artículo que la Obra Social de Empleados Públicos (Osep) tendrá a su cargo con carácter obligatorio para sus afiliados la cobertura integral de las prestaciones y que esta entidad no podrá rechazar el ingreso de personas que cumplan con los requisitos de afiliación establecidos en su Carta Orgánica invocando como causa del rechazo la presencia de una patología preexistente discapacitante.

Los reclamantes explican que para ello es fundamental la creación del Sistema Provincial de Prestaciones Básicas con el objetivo de garantizar la universalidad de la atención,  mediante la integración de políticas, recursos institucionales, humanos y económicos, afectados a la temática.

Previsibilidad

Laura Triviño, presidente de la organización, explicó a Los Andes que el objetivo primordial de su pedido es dar tranquilidad a las familias que permanentemente encuentran inconvenientes para acceder a los servicios y hasta son víctimas de abusos. En este sentido refirió disparidad de precios por un mismo servicio o implemento, o centros de atención o rehabilitación que no son adecuados para la función que cumplen.

Contó que otras de las dificultades con las que se encuentran es que quienes no tienen cobertura, deben ser atendidos en hospitales públicos donde es habitual que los turnos se consigan con mucha dilación.

«Por ejemplo para Kinesiología  en el Hospital Notti conseguís dos turnos en tres meses, que no es lo que necesita una persona con discapacidad, especialmente los niños porque no tienen continuidad en el tratamiento y por ende están condenados a que la discapacidad se agrave».

Además mencionó que también se generan conflictos con los cuidadores domiciliarios ya que «no son empleados de Osep ni de las familias por lo que se encuentran en medio de un vacío legal».

Se trata de dar previsibilidad a la atención mientras que desde su punto de vista, de aplicarse podría darse también más orden a los recursos destinados para este segmento de la población: «que haya mayor control y esté mas ordenado (…) porque con esto se destinan fondos pero además se va a poder auditar prestaciones y controlar el tema de los medicamentos».

Dijo que incluso en la actualidad «no se sabe bien cuántas personas con discapacidad están afiliadas a Osep o cuántas reciben pensiones no contributivas». Es que los beneficiarios son los afiliados a esta obra social y quienes no cuentan con una prestadora de servicios.

En la solicitud al mandatario señalan la necesidad de crear el registro de prestadores provinciales, que brinden confianza a las personas asistidas por profesionales e instituciones respecto de su idoneidad y garantía sobre los servicios brindados.

«Enumerará además un nomenclador provincial de prestaciones, establecido con los prestadores y respetando las prestaciones básicas según la ley 24.901, que detalle claramente prestaciones, profesionales capacitados y costos de cada servicio. Asimismo será el órgano de control para evitar irregularidades e incumplimientos, como también para la constatación y fiscalización del Tribunal de cuentas».

Triviño señaló que la agrupación consideró oportuno presentar la solicitud ahora dado que se está trabajando en el presupuesto para este año. Es que entre los requerimientos se encuentra la creación de un fondo para financiamiento de las prestaciones que debe ser incluido en él.

Imagen : Los Andes