La Otra Voz Digital Directora Marta César
Osvaldo,»Orly»Terranova es conocido por ser piloto de Rally y por haber estado involucrado en una maniobra dolosa, en la que pretendió, apropiarse de C5N y Radio10,durante el gobierno de Mauricio Macri,en una avanzada con tintes de estafa, contra el Grupo Indalo.
Hace unos meses atrás, Terranova, junto a Gustavo Adrián Casir y Gerardo Molinaro, fueron procesados por estafa, intento de extorsión y asociación ilícita.
Según medios nacionales »A los tres procesados se los acusa de haber intentado quedarse con las empresas del Grupo Indalo –principalmente con Oil Combustibles- bajo la amenaza del encarcelamiento de sus principales accionistas, Cristóbal López y Fabián de Sousa, y presentándose como emisarios del gobierno que por entonces encabezaba Mauricio Macri».
Terranova, quien fue embargado por la jueza María Servini de Cubría, en la suma de $5.100, está señalado como el principal de los »enviados» que se presentó en nombre del gobierno de Mauricio Macri con el interés de comprar las empresas de Indalo- además a precio vil- en momentos en que el grupo, estaba siendo sometido a fuertes presiones, denuncias y operaciones de prensa.
Ante los mensajes de odio, violencia y discriminación vertidos en los medios de propiedad de »Orly»Terranova, con financiación de pauta estatal, muchas voces se alzaron para repudiarlo. Esta vez, por el execrable mensaje, utilizando un video de 2016, para continuar escrachando a Carlos Zannini y amenazar a Victoria Tolosa Paz.
Una de las organizaciones que se pronunció contra estas prácticas cancelatorias, fue la Asociación Permanente por los Derechos Humanos, Mendoza.
Pronunciamiento de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Mendoza.
Una reciente publicación en una red social del empresario Orlando Terranova expone, con una claridad poca veces tan explícita, cómo la apropiación de la comunicación social por parte de personas inescrupulosas pone en riesgo la democracia.
Se trata de la celebración de una agresión a un funcionario público y la amenaza a una diputada nacional. Incita, así, a la violencia.
La publicación no constituye ninguna sorpresa, expresa lo que cotidianamente refleja en sus medios.
Terranova y su familia son titulares de Publicidad Sarmiento, el portal y la radio Mdzol, entre otros. En tal condición, utiliza un mecanismo reiterado: extorsiona a funcionarios, presionándolos explícita o implícitamente con sus medios, para que le otorguen prebendas (concesiones de publicidad en vía pública o pauta publicitaria). Así, utilizan a los consumidores de sus medios como rehenes de sus negociados, a costa de ciudadanos intoxicados por una realidad falsa. Por otra parte, medios como la radio, usufructúan otro tipo de concesión pública: el espectro radioeléctrico, allí donde se sintoniza su emisora no pueden emitir personas honestas y ello obtenido de un Estado al que tienen prisionero.
Si todo esto ya es suficientemente ominoso, hay que sumarle que este Orlando Terranova es el mismo que se quiso apropiar de C5N con la ayuda de Macri mientras sus propietarios estaban secuestrados.
Y si a todo esto sumamos su estrategia de construcción sistemática de discursos de odio, la incitación a la violencia cotidiana en sus medios, debemos concluir con peticiones concretas. No a Terranova, para quien solo deseamos un juicio justo por su participación del secuestro de los propietarios del grupo Indalo el día que consigamos Justicia en Argentina. Nuestra petición es a los poderes públicos.
– Urge prohibir la propiedad cruzada de medios de comunicación social y empresas que contratan con el Estado. Esta previsión de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual fue derogada por un decreto de Macri. Reponerla está en manos del Poder Ejecutivo Nacional.
– Es necesario no dar pauta a los medios concentrados, de empresarios millonarios, que promueven discursos de odio de modo deliberado y sistemático.
– Los Estados no pueden contratar con empresarios de medios por negocios ajenos a los medios. Los dueños de medios no pueden tener otros vínculos con los Estados porque es una inevitable fuente de extorsión y falsificación.
– Nuevamente pedimos el derecho a réplica garantizado legalmente. Que cualquier calumnia pueda ser desmentida por la víctima en espacios similares al utilizado en la ofensa.
El accionar que venimos a poner de manifiesto vulnera los derechos humanos individuales de las personas afectadas y, peor aún, envenena la vida democrática, estigmatizando colectivos contra los que se estimula la violencia. Cada ciudadano tiene derecho a información veraz y a no ser agredido individual ni colectivamente desde los medios de comunicación social. ¿Quién garantiza ese derecho?
No nos vamos a callar. Hacerlo sería resignarnos a quedar en manos de canallas como Terranova o sus socios de la política.
Invitamos a los colectivos organizados a retomar el desafío de construir un sistema de comunicación social democrático y plural, a recuperar la mística con que el pueblo argentino fue capaz de protagonizar la obtención de la Ley “de Medios”.
