El veredicto incluyó los agravantes de odio y discriminación a la orientación sexual previsto en el inc. 4 art. 80 del Código Penal, así como el ensañamiento y alevosía.

PRISIÓN PERPETUA PARA EL TRIPLE LESBICIDA DE BARRACAS,AUNQUE LA JUSTICIA NO APLICÓ EL AGRAVANTE DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO

El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°5 condenó hoy a Justo Fernando Barrientos a la pena de prisión perpetua por el homicidio de Pamela Fabiana Cobas, Mercedes Roxana Figueroa y Andrea Amarante y por la tentativa de homicidio Sofía Castro Riglos. El veredicto incluyó los agravantes de odio y discriminación a la orientación sexual previsto en el inc. 4 art. 80 del Código Penal, así como el ensañamiento y alevosía. Sin embargo, no aplicó el agravante de violencia de género, previsto en el inciso 11 del mismo artículo, que permite calificar los hechos como femicidios.

Imagen; Fiscales.gob.ar

El reconocimiento del agravante por odio a la orientación sexual de las víctimas constituye un avance significativo y sienta un precedente histórico en la respuesta judicial frente a los lesbicidios, entendidos como asesinatos de mujeres motivados por prejuicios y discriminación hacia su orientación sexual, real o percibida. Sin embargo, la respuesta judicial debe contemplar también la violencia de género que enfrentaron las víctimas, tal como sostuvieron todas las partes acusadoras.

El 19 de febrero se darán a conocer los fundamentos.

“Que la Justicia reconozca el odio a la orientación sexual es relevante frente a una violencia que suele quedar invisibilizada. Esta decisión marca un precedente judicial en la búsqueda de justicia y reparación frente a la violencia hacia las personas LGBTI+ y, en especial, hacia las lesbianas. Pero las víctimas fueron atacadas también como mujeres: el prejuicio y la violencia de género se entrecruzan en sus experiencias e identidades lésbicas. La respuesta judicial debe poder reconocer ambas dimensiones y contribuir a que todas las personas puedan vivir libres de violencia”, expresó Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.

“Este caso dejó expuestos los graves retrocesos institucionales producto del desmantelamiento de las políticas y la proliferación de discursos contra la comunidad LGBTIQ+ del gobierno nacional y de la Ciudad de Buenos Aires. La decisión judicial sucede en un contexto donde no existen condenas por lesbicidio en nuestro país, desde la incorporación del homicidio discriminatorio por orientación sexual. Asimismo, las medidas de no repetición que pedimos están orientadas al fortalecimiento de la autonomía de las personas con identidades lesbianas, tienen un enfoque transformador y no un objetivo punitivista”, sostuvo Luciana Sánchez, abogada de Sofía Castro Riglos, quien actúa por sí y en representación de quien fuera su pareja, Andrea Amarante.

Las acusaciones habían reclamado que se reconozcan ambos agravantes

La fiscalía y las tres querellas habían pedido prisión perpetua y la aplicación conjunta de los agravantes de violencia de género y odio a la orientación sexual. En sus alegatos finales, las acusaciones coincidieron en que las víctimas atravesaron un contexto de discriminación, prejuicios y hostigamiento por ser mujeres y por ser lesbianas. Luciana Sánchez había solicitado, además, medidas de reparación para Sofía y garantías de no repetición. Sin embargo, el tribunal no concedió dichas medidas.

Entre ellas, reclamó que se garantice a Sofia atención psicológica y psiquiátrica gratuita mientras la necesite, una prestación equivalente a una pensión por viudez y medidas que contribuyan a la memoria colectiva sobre este caso, como que la Legislatura evalúe expropiar el inmueble de la pensión para convertirlo en un espacio de memoria con el nombre de las cuatro víctimas. También pidió un programa para la autonomía de las lesbianas, eliminar las reglas discriminatorias de los paradores, producir datos sobre violencia contra personas LGBTI+, una unidad fiscal especializada con un enfoque diferenciado, protocolos y capacitaciones judiciales con el nombre de las víctimas

Amnistía Internacional documentó las audiencias y reunió entrevistas y análisis en el Diario del Juicio, para dar visibilidad al proceso y al reclamo de justicia. La organización, además, presentó aportes en la causa judicial sobre las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos.