Preocupa profundamente que el presidente haya iniciado acciones legales contra los periodistas Carlos Pagni, Ari Lijalad y Viviana Canosa por sus opiniones o investigaciones, pero NO SORPRENDE. El gobierno repite recetas que ya vimos en otras partes del mundo y se llaman SLAPP.

SLAPP, por su sigla en inglés, significa “demanda estratégica contra la participación pública” y se refiere al uso malintencionado y abusivo de tácticas legales por parte de actores poderosos, como autoridades estatales o grandes empresas, con la intención de intimidar, silenciar o castigar a quienes critican o ponen al descubierto acciones indebidas o abusos contra los DD.HH.
Este no es un fenómeno nuevo: el término fue acuñado por especialistas estadounidenses a finales de la década de 1980, pero en los últimos años adquirió relevancia debido a un preocupante aumento de su uso para acallar las críticas y evitar la transparencia y la rendición de cuentas en áreas clave, como la lucha contra la corrupción