La Otra Voz Digital Directora Marta César
Amnistía Internacional señaló que en la Argentina continúa “sin respetarse el derecho de los indígenas a la tierra”. También mostró su preocupación debido a que en varios lugares del país se incumple el fallo de la Corte Suprema que estableció que toda mujer o niña embarazada como consecuencia de una violación debe tener acceso a un aborto en condiciones seguras y sin necesidad de autorización judicial. En relación a las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura militar en el país, la organización celebró que sigan los avances en las investigaciones judiciales y en las condenas a los responsables.
Al difundir esta noche el Informe 2013 sobre el estado de los derechos humanos en el mundo, Amnistía dio cuenta de los avances y retrocesos que se registraron durante el año pasado en 159 países y territorios. En el documento se afirmó que los gobiernos del mundo siguen utilizando los intereses nacionales, la seguridad nacional y la preocupación por la seguridad pública para justificar las violaciones a los derechos humanos.
En el apartado sobre Argentina, Amnistía Internacional subrayó el incumplimiento de la ley de Emergencia 26.160, que prohíbe el desalojo de comunidades indígenas mientras no se lleve a cabo un estudio nacional para delimitar los territorios. Y dio cuenta de “las amenazas y los actos de intimidación” que sufrieron el líder de la comunidad toba qom de La Primavera, Félix Díaz, sus familiares y como otros miembros de la comunidad.
“Las reiteradas situaciones de violencia que ha venido sufriendo esta comunidad demandan una urgente intervención del gobierno provincial. El incumplimiento de los compromisos en materia de derechos humanos de los pueblos indígenas asumidos por el Estado Nacional, que obliga también a las instancias provinciales, genera responsabilidad internacional del Estado Argentino”, dijo Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
En cuanto al derecho al aborto no punible para las mujeres y niñas víctimas de violación o cuya vida o salud corra peligro en caso de que se lleve a término el embarazo, el informe recordó la situación que atravesó una mujer víctima de trata violada a quien se le negó un aborto en la Ciudad de Buenos Aires. Remarcó también que son varias las provincias del país que no cuentan con Protocolos de interrupción del embarazo respetuoso de los derechos de la mujer para los casos que autoriza el Código Penal.
“Hoy los órganos de expertos independientes que interpretan los tratados de derechos humanos apoyan cada vez más la postura de que debe garantizarse el acceso a un aborto legal y seguro si el embarazo de la mujer es consecuencia de una violación o si supone un riesgo para la vida o la salud de la madre, tal cual lo estableció la Corte Suprema en la Argentina. Y afirman la importancia de despenalizar el aborto, ya que restringe el control de la mujer sobre su propio cuerpo y podría exponerla a riesgos para la salud innecesarios. Tanto las mujeres como los hombres deben poder ejercer sus derechos sexuales y reproductivos sin coacción, discriminación ni violencia”, afirmó Belski.
El texto también afirma que, a nivel nacional, “continúa preocupando la falta de aplicación plena de la legislación aprobada en 2009 para prevenir y castigar la violencia contra las mujeres”. En cambio, se reconoció como “un paso importante hacia el reconocimiento de las personas transexuales” la aprobación de la ley que permite a quien lo desee cambiar su nombre y sexo en documentos oficiales sin la aprobación de un juez o un médico.
En cuanto al avance de los juicios por la represión ilegal durante la última dictadura, se destacaron las condenas a los ex presidentes Jorge Rafael Videla y Reynaldo Bignone, a 50 y a 15 años de cárcel, respectivamente, por el secuestro y ocultación de identidad, de niños y niñas, y las sentencias a prisión perpetua a tres ex oficiales de la Armada por la llamada masacre de Trelew, en la que fueron 16 personas tras un intento de fuga de una prisión de la provincia de Chubut.
En la región y el mundo
Amnistía Internacional una vez más llamó la atención sobre los ataques sufridos por comunidades indígenas en diferentes países de la región como consecuencia de enfrentamientos con terratenientes o empresas interesadas en la explotación de recursos naturales ubicados en sus territorios. Pese a decisiones históricas de tribunales internacionales en favor de los derechos de los pueblos originarios a la consulta y a que se obtenga su consentimiento libre, previo e informado en relación a proyectos en desarrollo que los afectan, estos continúan sin traducirse en la práctica.
El Informe resalta que, junto a Argentina, otros países de la región, como Brasil, Guatemala y Uruguay, hicieron importantes avances en el camino hacia la justicia por las violaciones a los derechos humanos cometidas en el pasado por dictaduras militares. Sin embargo, no en todos los países sucedió lo mismo. En Haití, la investigación contra el ex presidente Jean Claude Duvalier, está detenida en los tribunales. Y en Estados Unidos ha habido escasos avances para llevar a la justicia a los responsables de abusos cometidos como parte del programa de detenciones secretas de la CIA durante la administración de George W. Bush.
A nivel global, Amnistía Internacional documentó torturas y malos tratos en al menos 112 países y restricciones a la libertad de expresión en al menos 101 países.
“El mundo está convirtiéndose en un lugar cada vez más peligroso e inhóspito para quienes son desplazados de sus hogares por conflictos armados. Los gobiernos actúan como si estuvieran más interesados en proteger sus fronteras que en los derechos humanos de las personas. Así, mientras cierran sus fronteras a refugiados y trabajadores migrantes permiten que sean permeables para el comercio de armas, que paradójicamente favorecen los conflictos que terminan por obligar a las personas a dejar sus hogares. El Tratado de Comercio de Armas que adoptaron las Naciones Unidas en abril de 2013 da esperanza de que en el futuro no lleguen las armas tan fácilmente a gobiernos o bandas armadas que violen los derechos humanos”, concluyó Belski.
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