La Otra Voz Digital Directora Marta César
Lima, octubre.- Más de 350.000 abortos se producen al año en Perú, la mayoría de ellos en condiciones sumamente inseguras, lo que ocasiona muertes y dañinas secuelas para la salud de las mujeres que deciden resolver un embarazo no deseado.
El aborto, por las consecuencias que tiene en las vidas de las peruanas y por las circunstancias en que se produce, es un problema totalmente vigente en la agenda de los derechos de las mujeres, aunque no sea un tema urgente para el Estado, afirma a SEMlac Rocío Gutiérrez, coordinadora del programa de derechos sexuales y reproductivos de la organización feminista Manuela Ramos.
«Para el Estado, las mujeres y la vida de las mujeres no son una prioridad y esto se refleja en la ausencia de políticas públicas que protejan el derecho, no solamente a no morir, sino a una maternidad voluntaria, y en las ineficiencias para proveer condiciones básicas para el ejercicio de una sexualidad y una reproducción segura», agregó.
Para revertir la actual situación, sostiene Gutiérrez, el Estado debería impulsar la educación sexual, el abastecimiento oportuno y seguro de métodos anticonceptivos, la provisión de servicios de orientación y atención de la salud sexual y reproductiva de calidad, desde la perspectiva y diversidad de las mujeres rurales, quechuablantes e indígenas amazónicas.
María Temoche, de la Red de Promotoras contra la Violencia de Comas, distrito ubicado al norte de la ciudad de Lima, sostiene que el aborto es un tema difícil de abordar, porque hay muchas resistencias y prejuicios, incluso en las mujeres.
«Es una práctica muy usada por las mujeres. He acompañado a varias y conozco de amigas que han acompañado a otras; es muy frecuente, más de lo que se habla públicamente. Sin embargo, es polémico por la cuestión de qué está primero, si el derecho de las mujeres o el derecho del concebido», indicó.
Para Temoche, la maternidad saludable en el Perú no está garantizada, «muy pocas son las mujeres que realmente tienen protegido todo su ciclo de gestación, la gran mayoría no cuenta con seguro social o integral de salud, mientras que las del área rural ni pueden acceder a un centro de salud».
Vilma Orbegoso de la Federación Popular de Mujeres de Villa El Salvador, distrito ubicado al sur de la capital peruana, señala que otra sería la situación si las mujeres tuvieran acceso a información, la legislación contemplara los casos de violación y la educación contribuyera a difundir los derechos sexuales y reproductivos.
En su distrito, señaló, el futuro de muchas jóvenes adolescentes se vuelve incierto debido a un embarazo no deseado, por falta de información o acceso a métodos anticonceptivos.
En el caso de violación de niñas, Orbegoso fue enfática en reclamar el aborto terapéutico cuando las menores quedan embarazadas. «Esos embarazos no deben seguir adelante, no es justo para las niñas asumir una maternidad no deseada y mucho menos de un violador», dijo.
Por su parte, Rocío Muñoz Flores de Lundú Centro de Estudios y Promoción Afroperuano, afirmó que hay posturas que condenan el aborto por entenderlo como una actividad cercana al asesinato y hay otras que lo consideran un derecho legítimo de las mujeres, a decidir con autonomía sobre sus cuerpos y sus vidas.
La gran mayoría de mujeres en este país ha accedido al aborto, o a acompañado a otra a practicárselo. Es una realidad frente a la cual no podemos cerrar los ojos, indicó Muñoz. Existen responsabilidades legítimas, desde el Estado, para tratarlo como una cuestión de salud pública y garantizar que las mujeres no sigan muriendo por practicarse abortos inseguros, en condiciones inadecuadas.
María Isabel Cedano, Coordinadora del punto focal de Perú en la Campaña 28 de Septiembre, por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe, indicó a SEMlac que este es un tema polémico en el país, porque se confunde política con religión; los derechos humanos con la fe.
«Nosotras, como mujeres, queremos que se respeten todas las convicciones religiosas. Pero que no se nos imponga, a través del derecho y la política pública, por alianza de los gobernantes o de las iglesias, una única forma de vida o de elegir un proyecto de vida. Las mujeres tenemos derecho a decidir la vida que queremos, con bienestar, en libertad y con respeto; eso es lo que hace la dignidad de la personas», explicó.