La Otra Voz Digital Directora Marta César
Son seis efectivos de la Federal y un agente penitenciario que abusaron de dos hermanas -ambas menores y en situación de calle- durante dos años y a cambio de dinero o de comida.
Seis efectivos de la Policía Federal y un agente penitenciario fueron condenados a penas de entre 7 y 16 años de prisión por haber abusado sexualmente de dos hermanas adolescentesen situación de calle, en hechos ocurridos entre 2009 y 2011.
El veredicto fue dictado por el Tribunal Oral Criminal Nº 17, que aplicó penas menores a las solicitadas por la fiscalía y la querella. En la sala de audiencias, los acusados ni se inmutaron al conocer la sentencia que, increíblemente, no dispone que sean removidos de sus cargos.
El cabo primero Héctor Palavecino (de 37 años) y el sargento Sebastián Borfitz (59) fueron condenados a 16 años de prisión por «abuso sexual agravado por acceso carnal en concurso ideal con promoción de la corrupción de menores de 18 años, agravado por haber sido mediante intimidación», en perjuicio de ambas víctimas.
Por su parte, el agente Gustavo Salinas (40) recibió 14 años de cárcel; el ayudante del Servicio Penitenciario Federal, Jorge Acevedo, una de 12 años, y su hermano, Mauricio Acevedo (30), 12 años y seis meses por los mismos delitos.
En tanto, los agentes Héctor Daniel Martínez (41) y Miguel Angel Campero (37) fueron sentenciados a 10 años y 7 años de cárcel, respectivamente, pero por el abuso de solo una de las adolescentes, en tanto se los absolvió respecto de la otra.
Los imputados, que llegaron en libertad al juicio, continuarán en esa situación hasta que el fallo no quede firme, pero los jueces dictaron una prohibición de acercamiento a las damnificadas y a su entorno familiar, ordenaron que se presenten en el tribunal mensualmente y que no puedan salir del país.
Además, en una insólita medida, se rechazó el pedido de la querella para que los policías y el penitenciario sean removidos de sus cargos.
Gerardo Etcheverry, del Programa de Asistencia y Patrocinio Jurídico de la Defensoría General de la Nación, que representó a las víctimas, dijo que los policías se encuentran en disponibilidad y no cobran sueldo, mientras que el agente penitenciario todavía está en actividad. Por ese motivo, había reclamado en los alegatos que se los removiera definitivamente de sus cargos públicos y se suspendiera el eventual goce de toda jubilación, pensión o retiro.
También había solicitado la inhabilitación absoluta perpetua para ocupar cargos, empleos y comisiones públicas, en virtud de haberse valido de sus puestos para cometer los delitos.
Respecto a las penas, Etcheverry había pedido entre 15 y 23 años de prisión, pero se excusó de opinar al respecto, porque los fundamentos de la sentencia se conocerán el 30 de mayo y todavía no pudo dialogar con las víctimas.
No obstante, en el alegato el defensor había considerado que ‘hubo un claro aprovechamiento del estado de confusión y fragilidad de las víctimas, de parte de los autores de delito, atento al grado de vulnerabilidad de las niñas, en razón de su minoridad e historias de vida’.
En tanto, las defensas de los policías habían negado la participación de los efectivos en los abusos y en sus «últimas palabras» antes del veredicto, los acusados dijeron que eran inocentes y algunos aseguraron que no conocían a las víctimas.
Otros afirmaron que no hubo abusos, sino que las adolescentes tuvieron relaciones consensuadas, lo cual no es un argumento válido porque eran menores de edad.
Imagen : Diario Popular/diariohoy.net
