Argentina/Chile, junio.- ¡Están atentando contra nuestra fábrica natural de agua dulce!, dicen las voces unidas de un lado y otro de la cordillera de Los Andes. La ciudadanía argentina y la chilena manifiestan que el proyecto minero Pascua Lama atenta contra la vida de los habitantes y los recursos naturales del desierto de Atacama, el más seco del mundo.
Pascua Lama es el primer proyecto minero binacional del mundo a cargo de la minera canadiense de Barrick Gold Corporation e involucra a Chile, en la provincia de Huasco ubicada en la III región de Atacama (a 801 kilómetros de Santiago) y a la Argentina, en San Juan (1.110 kilómetros de Capital Federal).
Su objetivo es explotar una mina de oro, ubicada a más de 4.000 metros de altura, en la frontera de Chile con Argentina.
Según Greenpeace Chile, algunos de los más significativos impactos ambientales en el sector chileno radican en «la modificación en cantidad y calidad de los recursos hídricos de la cuenca del río el Toro. (?) este podría alterar significativamente el caudal del la cuenca al reducir alrededor del 82 por ciento el aporte hídrico en los años secos».
El proyecto, que tendrá una duración de 20 años y representa una inversión inicial de 1.400 millones de dólares, pretende extraer el oro que se encuentra bajo los glaciares, que son las reservas acuíferas de esa zona desértica.
Las voces de expertos señalan que Barrick Gold extraerá oro con cianuro. Para llevar a cabo el proyecto necesitará 370 litros de agua por segundo. Es decir, que en 20 años se consumirán 23.300 millones de litros de agua, demanda provista por los ríos las Taguas en San Juan, Argentina, y Estrecho y Toro, en Chile..
Los peligros ambientales van más allá de la destrucción de los glaciares que abastecen de agua a la región; el líquido podría ser contaminado a causa del drenaje de ácido. Tanto el suelo como los ríos podrían verse afectados por las partículas de minerales pesados que se diseminan con el viento y que además podrían integrarse en los tejidos de organismos vivos como los peces.
En este sentido, Cristina Martí, coordinadora de la ONG Conciencia Solidaria, agregó a SEMlac que la repercusión de este tipo de emprendimientos es paulatina y perversa.
Cristina recuerda el caso de La Alumbrera, en Andalgalá Catamarca (1.400 kilómetros de Capital Federal), cuando toda la ciudadanía se mostraba conforme con ese primer emprendimiento de minería a gran escala. «Con el paso del tiempo, aparecieron trastornos alérgicos y respiratorios en mujeres en gestación y niños», rememora.
«El agua irremediablemente contaminada es portadora de tóxicos y metales pesados, producto de la explotación minera», remarca la activista.
«En Argentina ?continúa Martí? no hay controles ni seguimientos epidemiológicos, pero basta hablar con los lugareños para comprobar las afecciones que padecen. En tanto, las mujeres seguirán doblemente golpeadas frente al avasallamiento de sus derechos; sea por la condena a vivir en ambientes insalubres, el silenciamiento de sus voces, o la indefensión cuando la muerte llega a sus compañeros de vida que proveían el sustento económico.»
La cultura y los hábitos también serán los perjudicados. Consuelo Infante es una periodista chilena que integra la coordinación de organizaciones contra Pascua Lama de Santiago de Chile y sostiene ante SEMlac que la sobreoferta de empleo que genera la apertura de la mina luego trae aparejado cordones de pobreza, delincuencia y pauperización.
«Porque la gente que llegó tras el empleo prometido ?dice Infante? después no tiene cómo salir ni a dónde ir. Todo esto hace que la vida de las mujeres se distorsione radicalmente, que se vuelva más accesible al alcohol, la droga y otras ofertas en la búsqueda de adaptación y pertenencia al nuevo escenario», apunta.
La mentira, el arma para convencer
Lo peligroso de este emprendimiento no está sólo en el daño medio ambiental que producirá cuando empiece la explotación minera, sino también en los diferentes métodos que utilizan para instalarse como una necesidad en la sociedad. Estos procedimientos van desde la persuasión a través de dádivas hasta la siembra del temor en la sociedad.
Regalos a escuelas y hospitales son monedas corrientes en las zonas afectadas. Pero lo más doloroso es que «han destruido el tejido social, sembrando la desconfianza, fomentando el desencuentro de familiares y vecinos, extendiendo la sensación de que nada se puede hacer contra el desarrollo y el progreso», afirma Consuelo Infante.
Así hacen que las formas de vida local se sientan inseguras, lo que redunda en una disminución de la autoestima y con ello de la dependencia, insiste.
Barrick hizo una convocatoria de empleo y ha recogido 128.000 currículos, pero en realidad los cupos a cubrir serían sólo de 3.500 para la etapa de construcción. En este aspecto, es muy importante observar a las madres de la zona que intuyen que el valle se va a morir con la minera, pero no manifiestan nada porque no quieren ser las «culpables» de que sus hijos luego no sean contratados en las faenas, observa Consuelo.
En este sentido, la argentina Cristina Martí manifiesta que otra de las artimañas que desarrollan es el enfrentamiento de los pobladores. De hecho esto sucede entre quienes, subyugados por puestos de trabajo bien pagados, no miden las secuelas que estas supuestas fuentes de trabajo originan, en la propia salud, y en las vidas de la comunidad, apunta.
Al igual que Infante, Martí precisa que los puestos de trabajo no son la cantidad prometida y que la tendencia es a ofrecer trabajo periódico (unos meses en la mina y otros de suspensión).
«Esta maniobra delata la intención de cubrirse de las empresas en caso de enfermedades graves por contaminación y de posibles juicios. Con estas formas de periodicidad, quedan legalmente cubiertas ya que los obreros no tendrán pruebas fehacientes de que sus enfermedades por contaminación se contrajeron por ese trabajo insalubre o en otro lugar en los tiempos de suspensión.
Sin embargo, la oposición a Pascua Lama une a los dos países. En ambas latitudes hay una lucha que resiste, a pesar de los intentos de criminalización y otras formas de persecuciones por parte de sectores del poder.
Es un movimiento vivo, en el que las mujeres argentinas y chilenas tienen protagonismo. «Ellas han promovido y sostenido otra manera de hacer las cosas ?comenta Consuelo Infante? han promovido la consolidación de modos alternativos de vivir en el valle (?) pero la Barrick Gold también se ha valido de mujeres para seguir penetrando el tejido social y hacer posible su lógica de muerte»..
El acuerdo binacional
El Tratado binacional minero fue firmado en 1997, cuando Carlos Saúl Menem era quien presidía Argentina y Eduardo Frei Ruiz Tagle era el mandatario chileno. Ambos dieron luz verde al negocio minero en la zona fronteriza de la cordillera de Los Andes.
Aunque ésta rúbrica fue sólo el inicio, los posteriores gobiernos legitimaron el macabro plan de la Barrick Gold. Actualmente, el emprendimiento cuenta con el pleno acuerdo de los gobiernos de ambas naciones para empezar a operar.
En Argentina, la presidenta Cristina Fernández es duramente criticada porque finalmente ha rubricado este acuerdo con la cúpula de la minera canadiense.
Cristina Martí, afirma que «la Presidenta debería comprender que recursos naturales no deben considerarse mercancías. Además, ha vetado a fines del año pasado la Ley de presupuesto mínimo de Protección a los glaciares, aprobada por unanimidad en ambas cámaras legislativas.
Esto pone de manifiesto la clara posición del poder ejecutivo a favor de la mega minería. El proyecto Pascua Lama amenaza con la destrucción de los glaciares asentados en su zona y es nuestro deber exigir, a quienes nos gobiernan, que velen por el bien común del pueblo, sostiene Cristina Martí.
En tanto, la presidenta chilena, Michelle Bachelet, también es cuestionada por la decisión. «Es que siempre la Concertación ha estado comprometida con la penetración de la megaminería en Chile y Bachelet ha sido consecuente con esa línea».
«Durante la campaña electoral se comprometió a que no se tocarían los glaciares de la alta cordillera y una vez Presidenta su gobierno ha dado todas las facilidades y aprobaciones necesarias como para que el proyecto se realice y no ha normado la protección de glaciares. Ella ha prometido a la comunidad y servido a la empresa», concluye Infante.