En el día internacional de la Mujer

Para hablar de equidad de género «se deben generalizar las prácticas sociales»

Según la licenciada Alicia Ramos, del Área Municipal de la Mujer de la ciudad de Salta, «hablar de una verdadera equidad entre varones y mujeres implica lograr la generalización de prácticas sociales consecuentes con ese principio de equidad». En este punto, Ramos considera que es necesario lograr una generalización porque si bien estas prácticas existen, «no son hegemónicas», por lo cual «requieren de una construcción social». En otras palabras, se deberían poder establecer «relaciones entre mujeres y varones sin que existan subordinaciones, asimetrías, ni desigualdades de poder».

Para ello, considera que se debe trabajar fuertemente en áreas como educación, justicia, legislación, salud, seguridad, que deben ser abordados con una perspectiva de género para incorporar equidad en la prestación de los servicios, «lo que sería un plano de ?institucionalidad de género? en términos de Feijoo, o ?feminismo institucional? en los de De Miguel, como suele denominarse a los espacios gubernamentales para la promoción de políticas públicas sensibles al género y a la exigibilidad de efectivización de derechos».

Agrega además, que los contenidos de esas políticas, «también requieren de un plano de demandas ciudadanas, o sea desde abajo hacia arriba, en que las mujeres a través de organizaciones civiles, peticiones particulares, movilizaciones, foros de discusión, etc., tratan de incorporar en la agenda social y pública sus reivindicaciones».

«Aquí hay un punto de vital importancia y es que deberíamos tender a que nuestras demandas se conviertan en las demandas de todo el grupo social en el entendimiento de que la desigualdad perjudica a la sociedad en su conjunto», puntualiza.

Otro de los puntos que menciona en torno a esto, es que aún en estos tiempos «subsiste la discriminación de las mujeres y por lo tanto la violencia, que hoy tiene un nombre consagrado en una ley» y que se traduce y se evidencia en «aspectos físicos, psíquicos, sexuales, patrimoniales, simbólicos, en ámbitos como la familia, las instituciones, el trabajo, la reproducción, la información y en la falta de paridad en la representación política».

Avances fundamentales en la última década

«En la última década se han conseguido leyes muy importantes, como por ejemplo en el año 2002 la obligación de ofrecer el test de VIH a la mujer embarazada, la prohibición de impedir la inscripción o continuidad de estudios a alumnas embarazadas y alumnos progenitores, la creación del programa de salud sexual y procreación responsable, el cupo sindical femenino. El parto humanizado en el 2004; en 2005 el ingreso al servicio militar voluntario; en el 2006 la creación del programa de educación sexual, la aprobación del Protocolo Facultativo de la CEDAW y la anticoncepción quirúrgica. En el 2009 la modificación del régimen de prisión domiciliaria para mujeres embarazadas y madres como así también la ley de violencia de género», señala, al ser consultada por los avances fundamentales de la última década.

En Salta, fueron de vital trascendencia también dentro de su mención, la ley de sexualidad responsable (7311) y la de protección de víctimas de violencia familiar (7403), destacando que estos progresos se produjeron en la «igualdad formal» ?en muchos casos discriminando positivamente- sin que automáticamente conduzcan a una igualdad real.

Ramos también destaca sobre esta temática, que otros avances fundamentales se han dado al menos «en la visibilización de la violencia de género como problema social en el cual el estado debe intervenir; la inclusión a nivel de debate de temas como el aborto no punible y la diversidad sexual, que antes estaban totalmente silenciados»; junto a «la asunción en algunas mujeres políticas (legisladoras, funcionarias, sindicalistas, etc.) de posturas feministas o abordaje de los asuntos con perspectiva de género».

Retrocesos, Estado, iglesias y la importancia de los movimientos de mujeres

En torno a los retrocesos experimentados en relación a los derechos de las mujeres, Ramos señala que en Salta, en el ámbito político, uno de ellos se da a través del cupo femenino, que se cumple tal cual la ley ?en la oficialización de las listas- pero que no se traduce en la integración de las cámaras legislativas».

Cita tambien, que a nivel económico, subsiste la ?feminización de la pobreza?, a pesar de la visibilización de la brecha de género, del techo de cristal, de la falta de co-responsabilidad de mujeres y varones en las tareas domésticas, ya que hasta ahora «no existen políticas públicas que promuevan la igualdad en esa área».

En derechos sexuales y reproductivos, sostiene, que sigue sin reglamentarse la ley 7311 y sin crearse formalmente el programa específico que prevé la misma, «con autonomía para accionar, articular, sin que además haya educación sexual en las escuelas públicas tal como las leyes nacionales establecen».

Vinculado a esto, refiere el rol que ha cumplido el Estado y el papel de la Iglesia en Latinoamérica, manifestando que el primero, «iguala a partir de un parámetro de ciudadano varón, blanco, heterosexual, occidental; pero que la diferencia se hace con luchas y mucho trabajo».

«En cuanto a la iglesia, digamos que hay un modelo que también parte de la subordinación femenina y cuyos imperativos de conducta conservan fuertemente una organización familiar patriarcal. En realidad el problema radica en que estos valores que son respetados en pos de una tolerancia necesaria, se plantean ?por parte de las iglesias y a veces por parte del propio estado- como universales y aplicables a toda la ciudadanía», subraya.

Destaca además, el protagonismo y el rol fundamental, que siempre han cumplido los movimientos de mujeres, «quienes han planteado y luchado por los cambios, en las calles, en los encuentros, las legislaturas, las casas de gobierno, los foros o congresos, las universidades y la justicia, etc., siendo la mejor estrategia para obtener logros, la apuesta permanente a los consensos y la unidad -a pesar de que se provenga distintas pertenencias partidarias o institucionales- para lograr los objetivos buscados».

IMAGEN: www.observatori.org